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Publicado el 20 de enero, 2019

Cristóbal Gigoux: El lobby feroz y la fe pública

Gerente Ejecutivo Centro de Estudios Horizontal Cristóbal Gigoux

La opinión pública ha sido injusta con los notarios. Y es que no solo ellos son parte de la cadena, sino también los conservadores y archiveros, los cuales, hasta ahora, no han sido cuestionados con la misma intensidad. La discusión debe mantener su foco y no recaer exclusivamente sobre quién debería otorgar o a qué debería otorgarse la fe pública, sino que al cómo debería ser el sistema registral en su integridad.

Cristóbal Gigoux Gerente Ejecutivo Centro de Estudios Horizontal
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La acusación del ministro Larraín de la existencia de un lobby feroz por parte de la industria notarial ha generado la reactivación en la opinión pública del debate respecto a sus falencias y posibles mejoras.

Hace algunos meses, la publicación de la investigación efectuada por parte de la Fiscalía Nacional Económica desató la primera embestida de evidencia empírica de algo que era evidente en los clientes de las notarías: que el servicio era de relativa buena calidad, pero que muchos de los trámites resultaban francamente inexplicables. Y es que la lista de “productos” de un notario puede ser bastante curiosa y comprende la existencia de certificados que incluyen ser soltero, vivir en tal comuna, encontrarse vivo o hasta certificar que un certificado es una copia del mismo. En muchos de estos casos basta con ingresar un dato en un sitio electrónico para obtener idénticos resultados.

Sin embargo, la opinión pública ha sido injusta con los notarios. Y es que no solo ellos son partes de la cadena, sino que se suman como un eslabón más a los conservadores y archiveros, los cuales, hasta ahora, no han sido cuestionados con la misma intensidad. La discusión debe mantener su foco y no recaer exclusivamente sobre quién debería otorgar o a qué debería otorgarse la fe pública (o cómo fue nombrado o si es o no pariente de alguien), sino que al cómo debería ser el sistema registral en su integridad. Lo cierto es que la crisis no es de tecnología o de nombramientos, sino del paradigma y la estructura misma del sistema.

Actualmente, la cadena considera a estos eslabones como compartimientos estancos, los cuales no tienen obligación legal de compartir información, de mantener sistemas electrónicos, ni de tener los mismos estándares o formatos. En la práctica, cada notaría, conservador o archivo funciona como quiere.

A nivel conceptual, se pueden identificar dos funciones del sistema registral. Por un lado, los notarios que otorgan fe a diversos documentos, como por ejemplo una autorización para salir del país o una escritura pública, y, por el otro, los conservadores y el archivo judicial, que resguardan ciertos instrumentos a los cuales la ley de otorga un valor específico, como lo serían los títulos de dominio de inmuebles, minas, aguas o sentencias judiciales, según corresponda.

Actualmente, la cadena considera a estos eslabones como compartimientos estancos, los cuales no tienen obligación legal de compartir información, de mantener sistemas electrónicos, ni de tener los mismos estándares o formatos. En la práctica, cada notaría, conservador o archivo funciona como quiere. Eso implica que, para poder sortear una transferencia de un inmueble, por ejemplo, se debe pagar el honorario de un especialista que redacte el documento, pagar los honorarios del notario que lo autoriza, pagar los derechos de su inscripción y registro y copias en el conservador y, en el evento que años después se quiera obtener copia del mismo, los honorarios del archivero que los tiene en su poder. Todo esto sin tarificación alguna.

La democratización de la actividad registral no va por publicar los concursos públicos para sus nombramientos en un portal web, sino que va aparejada a aumentar la accesibilidad de sus usuarios. Así, resultaría relevante comenzar a preguntarse si es que sería posible la existencia de registros públicos centralizados o del uso de formularios electrónicos para la transferencia de inmuebles, lo cual debería sumarse a la revisión de las funciones de notarios, sus mecanismos de nombramientos y los documentos que requieren por de su asistencia.

La economía de Chile para el siglo XXI no puede encontrarse anclada a un estado que sigue mirando como solucionar los problemas del XIX, sino que debe tener la claridad para cambiar los paradigmas cuando se requiere.FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

 

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