El gobierno de Sebastián Piñera finalmente decidió impulsar la aprobación del protocolo Cedaw. Para suavizar la noticia anunciaron también la presentación de una declaración interpretativa en relación con la protección de la vida del que está por nacer. Muchas interrogantes quedan sobre la mesa.

Por de pronto, y tal vez lo más relevante, cabe preguntarse si acaso existe alguna diferencia entre la actual administración y la anterior en temas relacionados con la mujer que no sea el aborto. Lógicamente el aborto es un tema clave (por esto, también, llama la atención lo poco que se ha avanzado en el fortalecimiento de los programas de acompañamiento a las mujeres con embarazos vulnerables), pero no es lo único. En efecto, el aborto puede comprenderse como una bandera más dentro de la agenda progresista en favor del gender, la cual se sustenta en una antropología que, entre otras cosas, afirma que las diferencias entre el hombre y la mujer son meramente un asunto de roles y construcciones culturales.

El gobierno parece no haber comprendido cabalmente esto. En parte, ha asumido el rol de administrar la agenda que dejó establecida Bachelet. Esto no solo se advierte por la retórica con un énfasis marcado en la “autonomía” de la mujer, sino también por el apoyo a iniciativas presentadas por la ex Presidenta. Después de la ley de identidad de género, el ejemplo más evidente es el proyecto de violencia integral, que ha sido impulsado decididamente por el gobierno, y cuyo artículo segundo dispone que: “La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión (…) basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica”.

La discusión sobre el protocolo de la Cedaw se enmarca en el cuadro anterior. Nadie podría negar que el Comité al cual el protocolo le entrega competencias cuasi-jurisdiccionales es un importante activista en favor de la agenda progresista mencionada (aborto, matrimonio y adopción homosexual, etcétera). La  pregunta que hay que responder, por tanto, es si vamos a oficializar el sometimiento de nuestro país a esta agenda, que es finalmente el efecto político que se busca con la aprobación y ratificación del protocolo. En este contexto, la declaración interpretativa, además de ser una propuesta que posiblemente no tendrá efectos reales (el Comité Cedaw ya nos ha recomendado despenalizar el aborto sin siquiera haber adherido al protocolo, ¿alguien cree que lo frenará esta especie de jugada de última hora?), devela algo aún más importante: la falta de agenda, relato y definiciones políticas propias más allá del aborto, ausencia que se ha traducido (¿consciente? ¿inconscientemente?) en lo que Guzmán llamó arrebatarle las banderas al adversario.