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Publicado el 31 de octubre, 2019

Cristóbal Aguilera: Nuevo pacto social: El problema de la legitimidad

Abogado, académico Facultad de Derecho U. Finis Terrae Cristóbal Aguilera

Toda Constitución es en algún sentido un acuerdo, sobre todo en lo relativo a las bases de la institucionalidad. Sin embargo, la legitimidad de estos presupuestos políticos no está dada ni única ni fundamentalmente por el consenso (ficción), sino por su adecuación u ordenación al bien común.

Cristóbal Aguilera Abogado, académico Facultad de Derecho U. Finis Terrae
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El futuro se construye, decía Benedicto XVI, donde los hombres se encuentran mutuamente con convicciones capaces de configurar la vida en sociedad. Inmediatamente agrega que el buen futuro crece donde “estas convicciones vienen de la verdad y a ella van”.

La frase se me viene a la mente luego de escuchar durante estos días a activistas de izquierda advertir que no hay otra salida a la crisis que estamos viviendo que construir un nuevo pacto social que emerja del poder constituyente. Esto es lo que el pueblo reclama -dicen- y lo único que puede darle viabilidad futura a la política, que hoy se encuentra sumergida en la ilegitimidad.

La tesis es provocativa y, como toda propuesta radical, tiene la virtud de intentar abordar el problema desde su raíz. Con todo, sus inconvenientes son mayores de lo que a primera vista se puede pensar. Por de pronto, lo primero que puede decirse es que no es nada claro que las protestas de estos días (vandálicas, pacíficas y festivas) tengan como máximo común divisor esta agenda. Es comprensible que la izquierda quiera (como otros también lo han hecho) interpretar el descontento como quien busca llevar el agua al propio molino: los sucesos se incardinan irremediablemente en mi diagnóstico, y solo mis propuestas pueden salvarnos. Pero este ejercicio no pasa de ser una hipótesis más, que tiene el defecto basal de instrumentalizar políticamente lo ocurrido.

Sin embargo, la tesis del nuevo pacto social no solo tiene el defecto mencionado, sino que presenta una dificultad aún mayor, que dice relación con el problema de la legitimidad del poder político. El argumento que subyace es que la única forma de hacer frente a este problema es a través de un proceso constituyente que permita un supuesto acuerdo entre todos los ciudadanos (digo supuesto, pues en este ámbito tanto el acuerdo como la participación de toda la sociedad siempre es una ficción). En este punto es donde cobra relevancia lo dicho por el Papa emérito, pues el énfasis de los impulsores del pacto yerra al ser meramente formal, omitiendo toda referencia a aspectos sustantivos. Dicho de otro modo: lo importante es que exista acuerdo, no su contenido.

Qué duda cabe que toda Constitución es en algún sentido un acuerdo, sobre todo en lo relativo a las bases de la institucionalidad. Sin embargo, la legitimidad de estos presupuestos políticos no está dada ni única ni fundamentalmente por el consenso (ficción), sino por su adecuación u ordenación al bien común. Lo mismo cabe decir respecto de la autoridad política y su obrar. Así, se hace necesario enfrentar esta crisis no como un problema de supuesta ilegitimidad por falta de acuerdo respecto del sistema político, sino como una búsqueda de aquello que permita y contribuya a la realización espiritual y material de las personas. Todo esto, por cierto, presupone una serie de nociones acerca de lo que es bueno para el hombre, lo que está determinado por una verdad respecto de la persona y la sociedad. Esa verdad está dada (no construida ni democráticamente escogida), y su descubrimiento y reflexión es un asunto político de primer orden, si queremos -como decía Benedicto XVI- construir un buen futuro.

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