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Publicado el 25 de julio, 2019

Cristóbal Aguilera: La firma del protocolo facultativo de la CEDAW

Abogado, académico Facultad de Derecho U. Finis Terrae Cristóbal Aguilera

Es necesario avanzar en la condena y superación de toda forma de discriminación arbitraria contra la mujer. Pero no hay que confundir este objetivo con las pretensiones ideológicas del Comité CEDAW ni dejarse engañar por el falaz argumento de que la oposición al protocolo es consecuencia de la negativa a proteger los derechos de las mujeres.

Cristóbal Aguilera Abogado, académico Facultad de Derecho U. Finis Terrae
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El gobierno ha solicitado postergar la votación del protocolo facultativo de la CEDAW, bajo la excusa de analizar sus implicancias. A pesar de lo contracorriente que es en la actualidad cuestionar el rol de organismos internacionales en materias de derechos humanos (cosa que, en todo caso, poco a poco ha ido cambiando), Cancillería ha advertido que no es inocuo firmar instrumentos de esta naturaleza sin comprender cabalmente sus efectos.

El protocolo no consagra derecho humano alguno. Únicamente establece un procedimiento para presentar comunicaciones al Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, al que se le reconoce la competencia para recibirlas y considerarlas (art. 1 y 2). En sencillo, esto significa aceptar que una instancia internacional conozca denuncias sobre violación de derechos de las mujeres, las investigue, juzgue, emita observaciones y proponga recomendaciones. A pesar del lenguaje facultativo (“recomendaciones”), no hay que engañarse sobre la fuerza jurídica que muchos buscan atribuir a este tipo de resoluciones, siendo esto materia de álgida controversia.

Esta dialéctica entre la jurisdicción nacional e internacional en materias de derechos humanos ha sido fundamental para la agenda progresista. En este contexto, la izquierda chilena ha advertido lúcidamente que los resultados negativos que obtiene en sede legislativa, administrativa o judicial, encuentran acogida en organismos internacionales de derechos humanos (¿terceras cámaras?). Así, por ejemplo, se ha pretendido saltar la soberanía del Congreso, y declarar que la definición legal del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer constituye una violación al derecho humano a la no discriminación (solución amistosa entre el Estado de Chile y el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Si a nadie le extraña la agenda ideológica de la OEA o la ONU, tampoco le puede extrañar la del Comité CEDAW. Este organismo ha sido un importante activista a favor del aborto, señalando que “los Estados Parte deben eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se someten a abortos” (ya se ve el tenor de las “recomendaciones”). No es necesario ser adivino para predecir lo que ocurrirá en caso de que se apruebe y ratifique el protocolo: luego de una disputa interna sobre la despenalización del aborto libre (ya sea en el Congreso o en los tribunales), si se llega a rechazar esta pretensión, sus promotores tienen la seguridad de encontrar en el Comité CEDAW un aliado (¿imparcialidad?) para concretar esta agenda bajo presión internacional.

Es necesario avanzar en la condena y superación de toda forma de discriminación arbitraria contra la mujer. Al mismo tiempo, no hay que confundir este objetivo con las pretensiones ideológicas del Comité CEDAW ni dejarse engañar por el falaz argumento de que la oposición al protocolo es consecuencia de la negativa a proteger los derechos de las mujeres. Por lo mismo, si el Congreso lo aprueba, es de esperar que el Presidente no lo ratifique (no está obligado a ello), resguardando la soberanía chilena en asuntos cruciales para nuestro país. Las implicancias de aprobar y ratificar el protocolo son claras y previsibles.

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