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Publicado el 19 de junio, 2019

Cristóbal Aguilera: Autonomía progresiva, otra muestra de desorientación

Abogado, académico Facultad de Derecho U. Finis Terrae Cristóbal Aguilera

Las teorías que buscan debilitar las relaciones familiares están más presentes que nunca, y el gobierno no parece siquiera advertir lo que está en juego en estas discusiones.

Cristóbal Aguilera Abogado, académico Facultad de Derecho U. Finis Terrae
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Inexplicable, por decir lo menos, resulta la decisión del Presidente Piñera de asignarle urgencia a una moción que busca, entre otros fines, consagrar a nivel constitucional el deber del Estado de resguardar la autonomía progresiva de los niños.

La autonomía progresiva es un principio que normalmente se esgrime a la hora de defender la independencia de los niños para decidir sobre aspectos fundamentales de su vida aun en contra de la opinión de sus padres. Así, este principio fue un argumento determinante durante la tramitación del proyecto de aborto para permitir que las niñas menores de 14 años puedan saltarse la autoridad de sus padres y practicarse un aborto sin su consentimiento. Por su parte, la ley de identidad de género reconoce expresamente este principio, que debe ser aplicado en el caso de que un niño mayor de 14 y menor de 18 años procure cambiar su nombre y sexo registral.

Bajo el principio de autonomía progresiva subyace la tesis de que la relación filial, al ser jerárquica, tiende a devenir en conflictiva y coercitiva. De esta manera se busca emancipar al niño de la autoridad de sus padres, con el objeto de que pueda ejercer libremente sus derechos. En este propósito el Estado juega un rol fundamental de garantizar que el niño efectivamente no se vea limitado en el despliegue de su autonomía. De ahí que no sea inocuo el deber que el proyecto pretende asignarle al Estado de resguardar este principio.

En este marco, conviene tener presente que el proyecto emblemático del segundo gobierno de Bachelet en materia de infancia se estructuró justamente bajo el principio de la autonomía progresiva. En efecto, el sentido original del proyecto de garantías de la niñez (al que el gobierno también le ha puesto urgencia de manera ininterrumpida desde noviembre del año pasado), en palabras de la entonces secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, era resguardar la intimidad y autonomía de los niños, con el fin de evitar que los padres pudieran, por ejemplo, revisar las redes sociales de sus hijos o exigirles a sus hijas que les cuenten cuando están embarazadas.

Es cierto que es posible interpretar el principio de autonomía progresiva de un modo compatible con el derecho de los padres de educar a sus hijos. Por lo demás, la idea de que los niños ejerzan los derechos conforme a la evolución de sus facultades ya está presente en nuestra legislación, aunque formulada en otros términos y en referencia a la autoridad paterna. Sin embargo, también es cierto que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Difícilmente alguien podría negar la pretensión ideológica detrás de este principio cuando esta se ha manifestado tan claramente. Las teorías que buscan debilitar las relaciones familiares están más presentes que nunca, y el gobierno no parece siquiera advertir lo que está en juego en estas discusiones. Tal vez la decisión de ponerle urgencia al proyecto no sea más que un nuevo síntoma de su mayor defecto: su permanente desorientación ideológica.

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