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Publicado el 6 enero, 2021

Cristián Garay: Venezuela: Problema político, no migratorio

Historiador, académico del Instituto de Estudios Avanzados, USACH Cristián Garay
Pretender que es el Gobierno de Chile el que ha fallado en la crisis migratoria venezolana es una manera de escamotear la cuestión originaria: que es producto de hechos políticos internos, que han convertido a ese gobierno en el adversario de su población.
Cristián Garay Historiador, académico del Instituto de Estudios Avanzados, USACH
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En 2019 ACNUR cifró en 4,6 millones de personas los migrantes venezolanos, dimensiones superiores a países en guerra como Myanmar (1,1 millón), Afganistán (2,7 millones) o Sudán del Sur (2,3 millones). Latinoamérica recibía un 80% de esos migrantes. Actualmente los tres mayores núcleos en la región son Colombia, con 1,7 millones; Perú, con un millón; y Chile, con 457.000. Una masa de migrantes tan significativa, en los que se incluyen exiliados y refugiados políticos, tiene repercusiones sobre las políticas públicas de los países receptores, y también respecto de los controles fronterizos. Incluso la llegada de migrantes ilegales por la zona norte de Chile ha generado riesgos sanitarios evidentes que han sido descritos por las asociaciones médicas locales.

En este contexto, algunas organizaciones no gubernamentales han enfatizado la insuficiencia del marco normativo actual, la ausencia de mayores mecanismos asistencialistas, y las debilidades del Estado (neoliberal) para ofrecer soluciones a los migrantes. Y todo esto bajo la presunción de una situación de obligación que remite a la argumentación cosmopolita y kantiana acerca de una ciudadanía universal. De este modo, se ofrece el problema al revés: que es la “debilidad” del Estado que los recibe, en función de uno de los espejismos teóricos que sostiene que las fronteras han desaparecido, que los Estados no deben tener control sobre sus integrantes, y que hay deberes universales acordes a un estándar de derechos universales.

La verdad es que el mundo no funciona así y los ciudadanos no son libres de migrar y cambiar de país por su sola voluntad, si no hay disposición o recursos del Estado receptor. Por lo demás, la jurisdicción se ejerce sobre las fronteras, y sería impensable pensar en un Estado sin soberanía, sin ejercer justicia o cobrar impuestos. Las migraciones se dan sobre un marco estatal en el cual los individuos, las organizaciones no estatales y las entidades supranacionales tienen su papel, pero no sustituyen el ejercicio de la soberanía como base inamovible de cualquier acción concreta.

Pretender que el Gobierno de Chile es el que ha fallado en la crisis migratoria venezolana es una manera de escamotear la cuestión originaria: que ésta es producto de hechos políticos internos que han convertido a ese gobierno en el adversario de su población. Y si se ahonda más, en el fracaso del socialismo real de Chávez y su sucesor, no solo de su fracaso económico. Es que si bien hay una migración, como en otros casos que se mueve por el diferencial entre la moneda del país emisor y el receptor (migración económica, teoría liberal), es obvio que la causa profunda son las diferencias políticas, agravadas por la ineptitud del régimen de Maduro de proveer los elementos mínimos de seguridad, certeza jurídica y sostenimiento material para su población, partiendo por los alimentos. La conquista del poder total ha llevado a fabricar elecciones no competitivas, desahuciar partidos y candidatos, imponer listas de adherentes y fabricarse falsos opositores, detenciones y ejecuciones extrajudiciales de opositores, tener control absoluto de los mecanismos electorales y judiciales, y resolver con procedimientos administrativos y judiciales sus disensiones con la oposición. Reflejo de lo anterior fue la manifiesta abstención en los comicios parlamentarios realizados hace poco.

Dado que Venezuela ha llevado a su población a niveles de pobreza semejantes a ciertos países del África Subsahariana, unido a la represión política, y la carencia de estabilidad en un país marcado por una violencia política o criminal desproporcionada, es que la población seguirá saliendo. En este 2020, con todas las restricciones a la movilidad, salieron de Venezuela 140.000 personas; por primera vez, dice el encargado del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño-León, más personas fueron muertas por la policía que por los delincuentes, y las muertes por la violencia fueron más que la del Covid -19.

Datos estremecedores, pero que se relacionan con que son los Estados de la región y el sistema internacional el que percibe el impacto de esta migración masiva como reflejo de la destrucción del orden social. Lo económico es solo una parte, pero bien expresiva: si en Venezuela el salario mínimo es US$1,1, en Brasil es de US$209; en Uruguay US$242; en Argentina US$249; en Colombia US$256; en Perú US$258; en Ecuador US$400, y en el denostado Chile “neoliberal” US$457. No solo es dinero, sino vida, libertad y desarrollo. A estas alturas pensar que la migración venezolana es algo que solo corresponde a la dinámica interna del Estado venezolano o que es un problema “migratorio” en vez de político es (aparentar) no entender nada. Es una cuestión política internacional colaborar en una salida al régimen para descomprimir la presión y permitir a los venezolanos tomar riendas de su propio destino.

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