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Publicado el 25 de julio, 2020

Cristián Garay: Minería ilegal del Orinoco. Crimen organizado y geopolítica

Historiador, académico del Instituto de Estudios Avanzados, USACH Cristián Garay

Desde hace algún tiempo los analistas sugieren que el impacto regulado de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro está mitigado por el lavado de esta producción, que permite allegar moneda fresca.

Cristián Garay Historiador, académico del Instituto de Estudios Avanzados, USACH
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Uno de los aspectos más complejos de la crisis venezolana es la estabilización de las actividades criminales alrededor de círculos de poder nacional y regionales. En efecto, parte de la descomposición de la situación política de Venezuela es la aparición de “áreas grises” donde la autoridad del Estado se relaja y convive con prácticas delictuales. La minería ilegal tiene presencia desde antes en Colombia, en torno a lavaderos de oro controlados en su tiempo por las FARC. Pero en la actualidad se ha incrustado en zonas del sur de Venezuela.

El pasado 15 de julio, la Alta Comisionada Michelle Bachelet informó de abusos laborales en la región del Arco Minero del Orinoco -compuesto de los Estados de Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas- que van desde maltrato a amputaciones de dedos. 149 muertos jalonan esta actividad desde 2016. Niños de hasta 10 años están siendo obligados a laborar en los piques. Estos abusos los perpetran los “sindicatos”, que son organizaciones criminales que han tomado el control de las actividades. Precisamente un “área gris” es aquélla en la cual hay ausencia funcional o territorial del Estado, y donde los márgenes de ganancia exceden un rédito económico normal.

Para el Informe, la actividad minera no ha sido refrenada por las autoridades, “a pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región” y aunque la propia Constitución Boliviariana declara proteger los santuarios naturales; todo eso es letra muerta. Los “sindicatos” tienen la tuición, aplican castigos crueles y además practican la extorsión sistemática, e incluso algunos abusos son realizados con asistencia de fuerzas militares. La entrada y salida de la zona y la provisión de combustibles está, además, negociada con las autoridades militares, a los que se pagan sobornos. Los mineros trabajan “en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, y están obligados a pagar entre el 10% y el 20% de lo que obtienen a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30% para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales”. La zona es fuente de una producción de unas 7.000 toneladas de oro, cobre, diamante, coltán (el material de los celulares), hierro, bauxita. Esta actividad ha provocado contaminación por mercurio, ha aumentado la prostitución, también de adolescentes, los brotes de malaria, y la violencia. Alrededor de 112 mil hectáreas se han afectado, generando un daño ecológico sustantivo también al recurso acuífero, pues los tres Estados (del porte de Portugal) proveen de agua potable y movimiento a la generación eléctrica.

Un informe del 2018 de In Singh Crime (Centro de Investigación del Crimen Organizado) recalca la deriva criminal del Estado venezolano, y concluye que hay 3 grupos significativos en el control de la minería ilegal: a saber, los “Pran”, que dirigen a los llamados “trenes” de delincuentes unidos al control de los barrios y la minería del oro; los disidentes de las FARC y ELN colombianos en la frontera venezolana; y algunos elementos sobre todo de la Guardia Boliviariana y las milicias armadas del régimen, amén de algunos mandos militares y municipales formales.

Aquí entra la cuestión geopolítica. Desde hace algún tiempo los analistas sugieren que el impacto regulado de las sanciones al régimen está mitigado por el lavado de esta producción, que permite allegar moneda fresca. Para el régimen, tolerar la minería ilegal es una alternativa a la baja de la producción petrolera y permite evadir las sanciones de EE.UU. y la Unión Europea, trasladar los minerales (que no son registrados) y cambiarlos en el exterior por divisas. La salida sistemática del oro como “colombiano” (parte sustantiva financia a las disidencias de las FARC y al ELN), permite trasladar –según denunció la ONG Kapé Kapé el 2020 en su informe sobre minería ilegal en las comunidades indígenas- desde Brasil, Guyana, el Caribe holandés y Colombia a Turquía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El lavado de activos, por sumas calculadas entre 7.000 y 14.000 millones de dólares, da oxígeno al régimen y permea las capas de los funcionarios públicos en Venezuela. De este modo se produce una fusión entre los intereses del Estado, que además implementa el Plan Minero Tricolor para explotar las zonas indígenas, y la tolerancia de las actividades ilegales con todo el costo para las poblaciones. Está, pues, muy distante de ser un simple abuso laboral.

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