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Publicado el 18 de julio, 2020

Cristián Garay: Hambre y represión. Otra vez Venezuela

Historiador, académico del Instituto de Estudios Avanzados, USACH Cristián Garay

Estos instrumentos de control político han resultado exitosos para el gobierno de Maduro, pero también explican la magnitud del exilio venezolano. Su exportación de compatriotas, sobre cuatro millones entre 2015-2019 según Naciones Unidas, tiene repercusiones evidentes en el ambiente regional.

 

Cristián Garay Historiador, académico del Instituto de Estudios Avanzados, USACH
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Cada cierto tiempo algunos actores del acontecer nacional exhiben un relato sobre el caso Venezuela como si fuera similar a los padecimientos que, ellos dicen, habría en muchas democracias latinoamericanas. El hambre y la represión estructural de aquellos habilitarían tener un empate, más o menos técnico, que objetaría la condena mundial del régimen de Maduro.

Otros absuelven el régimen con su interpretación antiimperialista e incluso ahora reflotan al imperialismo inglés a propósito de la restricción del actual régimen a acceder a 31 lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra.

Y algunos, incluso, creen que tales excesos son obra de la imaginación y mala conciencia de la derecha pinochetista, proyectada al mundo, y que no existe ningún fundamento ético, político o siquiera cuantitativo que ampare la crítica universal.

La migración venezolana al exterior, un fenómeno de mayor magnitud que la emigración colombiana en los malos tiempos de las FARC y los carteles, es producto directo de la conjunción de dos elementos: la represión política y el hambre.

Partamos con el hambre. Venezuela, dice un informe reciente, se compara a los niveles de África subsahariana. Sus cifras son mayores que países tradicionalmente pobres de América Latina, siendo Venezuela en otros tiempos paradigma de la riqueza y el desarrollo. La desnutrición y la desvalorización de la moneda llegan a niveles pavorosos (entre 2013 y 2019 perdió el 70% de su valor). Dada la pandemia, el gobierno dispone del control de la calle, y eso permite intervenciones contra los opositores, y el control político del hambre a través de la distribución hecha por los Comités Locales de Abastecimiento y Alimentación (CLAP). Ya el 30% de los menores de edad sufre de desnutrición crónica. Habiéndose paralizado la actividad de servicios y fábricas, la ayuda del gobierno es sustantiva y acalla al votante: si antes del Covid-19 solo el 7% estaba libre de inseguridad alimentaria, al término de esta crisis llegaría al 3%. Es el cénit del control biopolítico de la masa.

La ex Presidenta Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, por otra parte, ha informado que las ejecuciones extrajudiciales en el primer semestre suman 357 (desde 2012 se cifran entre 12.000 a 18.000), y siguen su intensidad. También el secuestro por organismos de seguridad de dirigentes y militantes de oposición. En el guion también está la criminalización de la oposición y la intervención de los partidos opositores, nombrando por vía legal nuevas directivas funcionales al régimen. Para los presos políticos, no hay visitas presenciales, ni siquiera los delegados de Naciones Unidas en Venezuela se han atrevido a acompañar a los familiares. Los detenidos solo se bañan una vez a la semana, y por hacinamiento, malas condiciones de salud y robo de los alimentos que se les lleva, han bajado 20 kilos en el cuartel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Aunque la Constitución de Venezuela establece un Defensor del Pueblo, éste brilla por su ausencia en la defensa de los ciudadanos.

El itinerario de nuevas elecciones se acomoda de este modo a los partidos y coaliciones, y ofrece un tono monocromático muy similar a la última postulación presidencial, cuando se impidió a la oposición llevar sus candidatos. Entretanto se ha despojado de su inmunidad desde 2017 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 29 parlamentarios. Además, se ha recortado el número de competencias de la Asamblea Nacional y se trasvasijan sus competencias a otra cámara oficialista. Últimamente, se le ha puesto orden de caducidad con un llamado de nuevas elecciones. El control legal de todos los organismos que debieran servir de soporte, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, imposibilita toda competencia y recuento independiente. Pese a las sanciones, el régimen de Maduro no establece un mínimo equilibrio que permita las reglas de un juego electoral competitivo, y solo ofrece una fachada para contentar a sus interlocutores europeos y a algunos gobiernos latinoamericanos con simpatías como México y Argentina.

Finalmente, hambre y represión política, si bien son instrumentos de control en manos del gobierno de Maduro que han resultado exitosos, también explican la magnitud del exilio venezolano. Su exportación de compatriotas, sobre cuatro millones entre 2015-2019 según Naciones Unidas, tiene repercusiones evidentes en el ambiente regional (Colombia recibió 1 millón cuatrocientos mil), añadiendo inestabilidad y precariedad para quienes no pueden disentir ni arriesgarse a hacerlo. Venezuela, en estas condiciones no solo es una tragedia para sus ciudadanos, sino también para la comunidad latinoamericana, comparable a las peores imágenes de ciertos países de África.

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