El país pareció vivir una pesadilla la última semana. Tres secuestros perpetrados por extranjeros con exigencia de rescate en Rancagua e Iquique, dos personas asesinadas a mansalva en Pomaire y La Florida por asaltantes que buscaban robar; más el ya habitual hallazgo de balaceras, asaltos y cuerpos mutilados o abandonados en distintas partes del país, uno de ellos en plena Ruta 5 en las cercanías de Lampa donde un hombre que conducía un camión, estando sometido a libertad vigilada y portando tobillera electrónica, fue asesinado de un balazo. Frente a esta criminalidad desbordada, hemos visto actuaciones incoherentes y descriteriadas de nuestras autoridades de seguridad pública.
El título de esta columna remite a una antigua fábula. Ratones que vivían felices ven alteradas sus vidas por la llegada de un gato que los caza impunemente. En una asamblea de ratones, uno propone una idea brillante: ponerle un cascabel al gato y de esa manera ellos anticiparían su peligrosa presencia. Todos felices hasta que alguien hace la pregunta inquietante: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Ese parece ser el estado de cosas en nuestro país. El gobierno es incapaz de dar una respuesta. El Presidente Boric está ausente del tema, así como de muchos otros, y se dedica a fotografiarse con la mascota Fiu de los Juegos Panamericanos. Sus asesores del segundo piso no existen para estos efectos. La ministra Tohá y el subsecretario Monsalve deben enfrentarlo. Ella actúa con precipitación, con ansiedad y agresividad comunicacional, que la lleva a cometer errores como revelar el pago de rescates y parece carecer de conocimientos y sentido estratégico para llevar este tema. Hay que decir en su descargo que, en La Moneda, ni Camila Vallejo, con su comunicación impúdica, ni Álvaro Elizalde con su habilidad para la elusión de los temas difíciles, le aportan sino más bien empeoran el problema. Ayudaría al gobierno que la ministra Tohá se concentrara en su rol político, delegando más en el subsecretario Monsalve.
El subsecretario Manuel Monsalve es otra cosa. Excepto por esos gustitos de político que quiere darse de vez en cuando, que lo llevan a culpar al gobierno anterior o a la oposición de las falencias gubernamentales, en general responde con eficiencia y seriedad. Trata de hacer las coordinaciones necesarias, aunque faltaría más en ese aspecto especialmente con las policías. Se reúne con quienes corresponde, da respuestas sensatas, es sobrio. Lo que hace el subsecretario de Prevención del Delito, fuera de aparecer como escolta en algunos puntos de prensa, es un misterio.
El resultado, en todo caso es precario. Fuera de los casos impactantes que atemorizan a la población que mencionamos al principio, los datos hablan por sí solos. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2022 fue de 6,7, que sin ser muy alta a nivel internacional aumentó de manera inquietante respecto al 2021 cuando llegó a 4,6. Veremos qué sucede cuando tengamos la cifra para 2023, la sensación es que debiera subir. El número de secuestros ya aumentó el 2022 superando los 800, 67% más que el 2021. Estas últimas cifras son malas en el contexto internacional: ocupamos el tercer lugar en América con una tasa de 1,7 por cada 100 mil habitantes y somos superados sólo por Ecuador y Perú. Nuevamente tenemos que esperar qué dicen las cifras de 2023.
Frente a este panorama, el gobierno debiera pedir ayuda. Hay autoridades pasadas de gran experiencia, como Felipe Harboe, Jorge Burgos y Rodrigo Ubilla, que siempre han mostrado disposición a cooperar.
Afortunadamente dentro de la institucionalidad del Estado parece haber surgido alguien que tiene intenciones de ponerle el cascabel al gato. El Fiscal Nacional Ángel Valencia acaba de anunciar la creación de un Equipo de Crimen Organizado y Homicidios con la dedicación de 70 fiscales al tema, 240 asesores, coordinaciones regionales y otras medidas como el estudio de patrones, presencia de bandas extranjeras, sicariato, etc.
Creemos que esta acción debiera contemplar definiciones comunicacionales, como las relativas a la información sobre pago de rescates, donde no sólo la ministra Tohá sino algunos fiscales han sido imprudentes. También es fundamental la interacción con los juzgados de garantía y la mejor regulación a nivel constitucional y legal de la inmigración. Frente a un gobierno relativamente ausente, bienvenidos son los aportes de otras instituciones del Estado.