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Publicado el 30 de marzo, 2015

Costo económico del desorden político

Economista Manuel Bengolea
Si a los pronósticos de crecimiento para 2015-2016 los sometemos a un evento donde el gobierno se paraliza y son las masas las que dictaminan qué hacer, las consecuencias serían alarmantes.
Manuel Bengolea Economista
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Muchos se preguntarán si el “despelote” político en que se encuentra sumida la sociedad chilena tendrá un costo en materia de crecimiento económico. Mi respuesta es que sí lo tendrá; sin embargo lo relevante es cuánto podría llegar a costarnos, y ahí las respuestas son más difíciles, pues requieren de supuestos y conjeturas cuya variabilidad y cantidad podría ser casi infinita.

Nada mejor que los ejemplos para saber cómo y cuánto el desorden político puede costarle al crecimiento económico de un país. Partamos por algunos países europeos, cuyos gobiernos, bajo la premisa de que podían gastar casi sin límites, expandieron la frontera del consumo, tanto el privado como el gubernamental, hasta que la crisis “subprime” cortó el flujo barato de fondos y, sin recursos, vino la triste y muy impopular política de recorte de gastos.

Algunos países han demorado más que otros en enfrentar esta realidad, muchas veces porque sus políticos se niegan a que la capa más desprotegida de la sociedad pague la cuenta de esta farra, como si existiera alguna posibilidad de que otra la pagara. Francia ha tratado esto último, pero sus deterioradas finanzas públicas limitan su radio de acción y, lo que es peor, deterioran aún más su crecimiento económico. Por último, la significativa depreciación del euro, junto a la caída de los salarios en muchos de los países de la zona euro, han logrado lo que los políticos han sido incapaces de hacer, esto es reducir el gasto a niveles consistentes con su productividad. Los principales países de Europa, con la excepción de Alemania, no han crecido en los últimos seis años, en parte porque la inoperancia de sus políticos ha retrasado la necesaria reestructuración.

Yendo más cerca, el caso de Brasil es otro ejemplo, y no tan solo porque la estructura económica de dicho país sea similar a la chilena, esto es su dependencia de la demanda china por bienes básicos como el hierro y el cobre, sino porque su realidad política es bastante similar, por más que nos moleste reconocer a muchos chilenos. En efecto, Brasil creció cerca del promedio de Latinoamérica en el quinquenio 2005–2010. Luego de eso su crecimiento se redujo a tasas inferiores. ¿Por qué? Todo coincide con la llegada de Dilma Rouseff al gobierno, que en vez de ocuparse de mejorar la productividad y reestructurar su economía, se dedicó a repartir parte importante de las rentas recibidas por el súper ciclo de los bienes básicos a los más pobres de Brasil. Cuando ya es un hecho que China deja de ser el principal motor de crecimiento mundial, y las rentas producto de esto se estrechan, aparecen los escándalos de corrupción de Petrobras y el gobierno. Los pronósticos generales son que la economía brasileña se contraiga este año, tal cual lo harían Venezuela y Argentina que son por antonomasia dos países que despilfarraron los recursos que el crecimiento chino les regaló. El común denominador en la contracción económica de estos tres países es la existencia de  gobernantes ineptos y corruptos, incapaces de ver más allá de sus propios intereses y la próxima elección.

Chile eligió un gobierno el año pasado para conducir un cambio que era necesario: dotar a la población de más y mejor educación que le permitiera incrementar los salarios y disminuir nuestra vergonzosa desigualdad. Hasta acá, dichos objetivos son ampliamente compartidos. El problema es que una cosa es el objetivo y otra muy diferente la forma como éste se alcanza. Y es aquí donde entran en escena los políticos, que son los llamados a implementar las políticas públicas más eficientes para lograr los objetivos con el menor impacto posible en quienes se supone serían sus beneficiarios.

Y es nuevamente aquí donde las semejanzas con Brasil comienzan a emerger de forma preocupante con el actual gobierno de Bachelet. Las reformas tributaria y laboral tienen dos errores que ya estamos pagando y cuyo costo seguirá creciendo. En primer lugar, el gobierno asume que las rentas del cobre, obra y gracia de la demanda china, seguirán entrando a las arcas fiscales con la generosidad que lo hicieron en la última década. Y segundo, la ineptitud, o la obcecada ideología de ciertos ministros que, desconociendo la esencia básica de la naturaleza humana, proponen cambios que afectarán y pagarán directamente los más pobres. Un ejemplo irrisorio e irritante de lo anterior es que sólo el 1% más rico pagaría la reforma tributaria.

La billetera fiscal, al igual que en Brasil, también se deteriorará. Por una parte las rentas del cobre se reducen por la caída en su precio, junto a la contracción de los ingresos tributarios del gobierno por el menor crecimiento económico que sus propios ministros se encargaron de provocar y, por otra parte, los gastos crecen para cumplir con las promesas electorales. No es difícil concluir que los déficits fiscales aumentarán a la misma velocidad con la que la reputación de seriedad fiscal chilena se deteriorará. Es más, la autoridad económica, desconociendo los principios más básicos de la macro y microeconomía, o encandilada por su ideología, pretende que el Estado chileno, que explica cerca del 25% del PGB, sea el motor del crecimiento. Suena muy parecido a lo que trató de hacer la Presidenta Rouseff en Brasil durante su primer gobierno y cuyos resultados ya conocemos.

Por último, el desprestigio en el que han caído tanto el gobierno como la oposición, junto con algunos empresarios, serviría de caldo de cultivo para recetas populistas o soluciones mágicas a los actuales problemas de corrupción. Nuevamente el parecido con Brasil, aunque en este tema Chile parecería lactante, es atemorizante, pues enmendar la opacidad no pasa por enviar a la hoguera a los pecadores, sean políticos o empresarios, pues este remedio es sólo instrumental a algunos sagaces políticos, oportunistas y con delirios caudillistas, y para la masa delirante de anarquistas ebrios con el efímero poder de las redes sociales.

En conclusión, si a los ya escuálidos pronósticos de crecimiento para el 2015 y 2016 (2.8% y 3.5%, respectivamente), los sometemos a un evento donde el gobierno se paraliza, y son las masas las que dictaminan qué hacer, las consecuencias serían alarmantes tanto por su intensidad como por su duración. Es de esperar que los participantes involucrados en la solución tengan la grandeza de ceder ese poder en pos de la próxima generación.

 

Manuel Bengolea, Economista Octogone.

 

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO

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