Los convencionales constituyentes (CC) entraron a redactar el texto de sus propuestas y se empieza a desfondar el “Apruebo”, según indican casi todas las encuestas recientes.  ¿Por qué? ¿Qué estarán viendo la mayoría de los ciudadanos? ¿Qué peligros vislumbrarán? Aquí intento comprender o explicar esto en el caso particular de la minería, sector clave tanto para la economía como para la sociedad chilena entera.

La mayoría de los CC han planteado de múltiples formas que proponen nuevas normas constitucionales para terminar con el “carácter extractivista de la minería”, para nacionalizar las actuales grandes empresas del sector y modificar radicalmente el actual sistema de concesiones mineras. Por otra parte, los organismos que agrupan a las grandes y pequeñas empresas mineras, el Consejo Minero y la Sonami, han hecho ver su enorme preocupación por los daños que haría al país que se aprobaran normas como las propuestas por la CC. También han expresado lo mismo diversos académicos especializados y Centros de estudio independientes, como es el caso del Centro de Estudios del Cobre (CESCO). Por último, recién este sábado, el diario La Tercera publicó un reportaje sobre el tema bajo el titular: “Nueva constitución: la silenciosa propuesta que alerta a la gran minería”. Se refiere a la de “Dominio público minero” impulsada por el Frente Amplio y Socialistas que cambia el régimen de concesión en forma drástica. Esta propuesta se habría trabajado silenciosamente y tiene una alta probabilidad de ser aprobada y puede ser una nacionalización encubierta de empresas.

Las visiones distintas sobre la minería, y en particular sobre el régimen de propiedad de los recursos y de las empresas, no es algo nuevo en la historia del país. Hemos tenido buenas y malas experiencias en esto y por eso merecen un estudio con calma y profundidad. Es clave también consultar la opinión de expertos y de los mayores participantes en el sector: ejecutivos, inversionistas, gremios, regiones.  No sé si eso se habrá hecho bien en las comisiones y plenarios de la CC.

Valga recordar que la discusión del mismo tema de hoy -la Ley Minera y el régimen de Concesión Plena establecido por una Ley Orgánica de Pinochet- fue uno de los más difíciles de acordar en el Programa de Gobierno de la Concertación en 1989. Un sector del Partido Socialista (el Almeydismo) se negaba a suscribir el Programa si no se establecía el fin del derecho de propiedad de la Concesión Minera. En efecto, fue con Edgardo Boeninger que nos correspondió negociar con Germán Correa (futuro ministro) un texto mutuamente satisfactorio minutos antes que el futuro Presidente Aylwin saliera a dar su discurso de presentación del Programa en el Teatro Caupolicán. 

Lo que quisiera enfatizar ahora es que la aceptación de no proponer la derogación de esa norma en el Programa de Gobierno nos tomó siete (7) agonizantes años de estudio, reflexión, observación y conversaciones, entre 1982 y 1989, por parte de numerosos especialistas en minería de partidos políticos hasta entonces antagónicos. Porque al inicio una gran mayoría de nosotros (incluyéndome) estábamos convencidos que (como Correa) debíamos cambiar esa norma de Pinochet. Allí siguen disponibles los diversos papers y libros que escribimos esos años sobre el tema. Al principio estábamos convencidos que Codelco podía encargarse de producir todo el cobre chileno y las empresas extranjeras eran innecesarias o podrían jugar un papel menor. Entonces tenía 35 años, y venía del mundo académico y algo del técnico-político. Sabía sólo de teorías en los libros. Pero sólo había visitado minas como turista, y jamás trabajado en empresas reales y menos en mineras. Por estos motivos comprendo muy bien que los actuales Convencionales Constituyentes piensen como lo hacen y hagan las propuestas que hacen. Pero, ¿podemos como país permitir que se aprueben sus formulas sin considerar más las evidencias y las opiniones de quienes tienen la experiencia práctica y conocen a fondo porque trabajan por años en el mundo minero no sólo chileno sino mundial?

¿Nos equivocamos al no haber cambiado la Norma Orgánica Constitucional de la Concesión Plena que hoy los Convencionales quieren eliminar? No creo; veamos la evidencia. Desde 1990 la producción de cobre chileno pasó de 1,6 millones de toneladas (TM) a 5,6 m en 2021. De ella, Codelco pasó desde producir 1,2 a 1,6 m, o sea aportó 400.000 toneladas al aumento del total. En cambio, empresas privadas nacionales y extranjeras en este período aportaron 3.600.000, o sea casi diez veces más o el 90% del aumento. Dicho de otra manera, sin el aporte de la inversión privada tendríamos un sector minero cuprífero que sería la tercera parte de lo que es hoy; tendríamos como un tercio del aporte que hoy hace al empleo, altas remuneraciones, ingresos fiscales, actividad regional, compra de insumos, inversión, desarrollo tecnológico, divisas, etc. Difícilmente los actuales convencionales hubieran accedido a los estudios universitarios que tienen si no hubiera sido por los recursos generados por la minería estos últimos 30 años. ¿Van a poner en riesgo que sus hijos no puedan acceder a lo mismo?

Seguramente responderán con mucha seguridad que eso no va a pasar; que es campaña del terror. ¿Habrán estudiado qué ha pasado en otros países con inmensas reservas de cobre, como el Congo y Zambia, que se quedaron desde los años 70s (los de las nacionalizaciones) con la misma normativa legal de entonces (la misma que nuestros Constituyente quieren poner para Chile ahora)? Veamos: Zambia en 1974 produjo 695.000 TM de cobre; al 2020 había aumentado a sólo 830.000TM (19%). Chile, en cambio, aumentó de 912.000 a 5.600.000TM (más 500%). Es claro que nos podría pasar lo de Zambia y en mucho menos tiempo. Y por supuesto hay algunas reformas convenientes de hacer a la Ley Minera para elevar el aporte del sector al desarrollo nacional. Pero no las del tipo propuestas.

Es demasiado grave lo que nos puede ocurrir si no corregimos bien el proceso  Constitucional en curso. He hablado de minería porque es un sector que conozco, pero escucho que lo mismo estaría pasando en muchos otros sectores económicos, en el ámbito político, judicial, social, internacional, etc. Seguramente es eso lo que está viendo y temiendo un número creciente de ciudadanos y se refleja en las encuestas. Por eso son tan alentadoras iniciativas como los “Amarillos por Chile”. Movilicémonos ahora para corregir.

*Ernesto Tironi es economista.

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