La semana pasada una asesora de la constituyente Dayana González, quien integró la Lista del Pueblo, se sintió con el derecho de gritar y amenazar a tres convencionales de derecha, interrumpiendo el punto de prensa que tendrían para referirse a los hechos ocurridos en la Macrozona Sur el día anterior, el cual terminó con un fallecido y varios heridos. Los convencionales Ruth Hurtado, Ruggero Cozzi y Luis Mayol tuvieron que presenciar el desparpajo de persona que vociferaba sin ningún pudor frente a los medios de comunicación presentes.

Lo mínimo es que ese tipo de conductas no sean promovidas por la mesa directiva ni por los integrantes de Convención Constitucional, y su caso pase a revisarse en una comisión de ética o que pida disculpas por su comportamiento. Su legítima libertad de expresión no puede interrumpir el espacio previsto para los constituyentes, ni contribuye a disminuir la crispación por los hechos de violencia.

En tanto, durante la madrugada del viernes fue incendiada una propiedad del diputado Jorge Rathgeb, con el mismo modus operandi de siempre: intimidaron al cuidador y después procedieron a quemar una casa y las maquinarias que había en el lugar. Algo similar a lo que le ocurrió a la familia del diputado Diego Paulsen en marzo de este año. A este atentado se suman una serie de otros ataques incendiarios que afectan a trabajadores y familias completas que silenciosamente conviven con terrorismo en la zona.

Estos episodios se dan un contexto de violencia en el sur que ha pasado todos los límites de un estado de derecho. Mientras el Congreso debe resolver si se extiende o no el estado de excepción, se está haciendo una consulta ciudadana no vinculante para conocer la opinión de sus habitantes.

Pero por lejos lo más preocupante es la demostración de fuerza que hizo un numeroso grupo llamado Weichan Auka Mapu, exhibiendo un video con el armamento que poseen y haciendo un llamado a que las fuerzas de orden y seguridad se retiren del territorio que reclaman por medio de la violencia. Ante esto, es muy importante que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estén dispuestos a colaborar con las fuerzas armadas que han sido mandatadas para mantener el orden y seguridad haciendo el uso legítimo de la fuerza.  Ya van más de cuatro meses de la denuncia por la “guardia armada” que se desplegó para el funeral del comunero Pablo Marchant, sin embargo, la investigación de esta situación, ocurrida a plena luz del día, continúa sin resultados.

En este escenario, ¿qué más se puede hacer?

Primero, condenar la violencia explícitamente. Dos, que los constituyentes que han pedido el indulto o minutos de silencio sólo por algunos, comprendan que el Chile inclusivo, con derechos para todos y sin privilegios que aspira a construir la Presidente de la Convención, Elisa Loncón, sólo es posible demandando el cese de la violencia, sin medias tintas, donde los minutos de silencio sean para todos. Porque aún con todos sus bemoles, el proceso constitucional es la esperanza para buscar formas de resolver los problemas sociales y solicitudes de los pueblos originarios en paz. El llamado es a no farrearse esta infrecuente y extraordinaria alternativa. 

 

 

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