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Publicado el 30 de septiembre, 2017

Consideraciones sobre el terrorismo en La Araucanía

Abogado, Fundación Jaime Guzmán Carlos Oyarzún
La violencia ha escalado a niveles que no se habían visto desde la creación de la Coordinadora Arauco Malleco, hace más de 20 años. Es de esperar que el Estado reconozca y asuma la situación que se vive en la región.
Carlos Oyarzún Abogado, Fundación Jaime Guzmán
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A propósito de la detención de ocho mapuches acusados de asociación ilícita terrorista, es necesario explicar el contexto y reconocer ciertas premisas sobre la situación de inseguridad que se vive en La Araucanía.

En primer lugar, que en Chile existe terrorismo. Es necesario reconocer categóricamente que hay una zona importante del país que vive atemorizada por organizaciones terroristas que han vulnerado sistemáticamente en los últimos años el Estado de derecho y que han actuado impunemente. Es más, hemos visto como quienes son condenados recurren a un medio ilegítimo como es la huelga de hambre con el objeto de obtener beneficios carcelarios y rebajas en sus condenas. Es momento de abandonar la discusión semántica de la izquierda en torno a la categoría de los delitos que se producen. Organizaciones terroristas cometen delitos terroristas. Esa es la realidad que se vive en algunos sectores de La Araucanía. Lo anterior fue reconocido por el propio ministro de Interior y de Seguridad Pública, Mario Fernández, en la interpelación parlamentaria realizada en enero pasado.

Una segunda premisa dice relación con el rol del Estado, y específicamente su obligación de tomar las medidas y realizar las acciones que estime pertinente para evitar que un delito de esta especie sea cometido. Por lo mismo, se torna difícil de comprender cómo es tolerada la existencia de organizaciones que declaran abiertamente que, para alcanzar sus fines, deben recurrir a la violencia (en algunos casos incluso armada), como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) o Weichan Auka Mapu (WAM), que periódicamente se adjudican atentados que por la autoridad han sido catalogados de terroristas. Su existencia y ámbito de acción constituyen una vulneración al Estado de derecho, por lo que las autoridades políticas debieran evaluar un requerimiento al Tribunal Constitucional a fin de obtener la declaración de su inconstitucionalidad en virtud del artículo 93 Nº 10 de la Constitución.

Era obligación del Estado garantizar las medidas necesarias para evitar que se cometieran atentados incendiarios (desde el 2014 hasta la fecha alrededor de 700), que se quemaran más de 20 templos religiosos, o que murieran el matrimonio Luchsinger Mackay y don José Retamal.

De ahí que nace una tercera premisa, y es la obligación estatal de reparar a las víctimas de delitos de naturaleza terrorista por la falta de servicio más dramática: el garantizar la integridad y el Estado de derecho Constitucional. El terrorismo es la máxima indefensión de seguridad pública que puede sufrir una persona y, como tal, le corresponde al Estado tanto reconocer como reparar dicho daño.

En este contexto, el pasado jueves 21 la bancada de diputados de la UDI anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional tendiente a reconocer la responsabilidad del Estado en la comisión de delitos terroristas, y por tanto su obligación a indemnizar a las víctimas de dichos delitos.  A decir verdad, es evidente que la ausencia del Estado de derecho que existe en zonas de la región del Biobío, La Araucanía y los Ríos, es efectivamente responsabilidad del Estado y por lo tanto le corresponde a éste reparar ese daño.

La violencia ha escalado a niveles que no se habían visto desde la creación de la Coordinadora Arauco Malleco, hace más de 20 años. Es de esperar que las detenciones del fin de semana último sean el hito para que finalmente el Estado reconozca y asuma la situación que se vive, y por lo mismo, tome las medidas definitivas para que exista paz en La Araucanía.

 

Carlos Oyarzún, asesor Área Legislativa Fundación Jaime Guzmán

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

 

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