Como ya pasó con la Comisión Asesora contra la Desinformación, el Gobierno está tratando de corregir vía decreto lo que ya está más que definido por ley en lo que respecta al manejo de las aguas. A través de los ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas se pretende establecer consejos de cuenca pilotos a fin de establecer un nuevo modelo de gobernanza de la gestión hídrica que constituye una clara amenaza a lo actualmente establecido por el Código de Aguas.

En Chile, el agua es un bien nacional de uso público cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Tan innegable como esto es el hecho de que el agua precisa de una buena gestión para cumplir su insustituible labor en materias sanitarias, agrícolas, mineras, por solo nombrar algunas de las más importantes. El agua es un recurso que precisa de la industria humana para su diversa y óptima disponibilidad, por esta razón, la existencia de un robusto derecho de aprovechamiento de las aguas es tan fundamental como la consagración del derecho al acceso del agua potable y su saneamiento. De poco sirve consagrar una serie de derechos en torno al uso y disponibilidad del agua para la ciudadanía si no hacemos lo propio con los derechos de quienes hacen posible concretar aspiraciones tan legítimas como estas.

Esto incluye, entre otras cosas, proteger los derechos de una industria privada que ha permitido altos niveles de alcantarillado, agua potable y descontaminación de las aguas servidas a nivel urbano –incluso más altos que el promedio de la OCDE. También debemos proteger los derechos de quienes han logrado un eficiente desarrollo de la agricultura aun cuando nos encontremos en una de las peores sequías de nuestra historia.

Esto último no sería posible sin el eficaz manejo de las distintas organizaciones de usuarios de aguas, que ha permitido -como bien ha señalado el profesor Alejandro Vergara Blanco– «una equitativa y pacífica distribución de las aguas». Esta práctica no es un «invento del neoliberalismo» como podrían denunciar algunas cabezas febriles. Se trata de una práctica de siglos -que data de la Edad Media- y que ha demostrado ser la mejor forma de gestionar este vital elemento, como bien lo demostró Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, en su gran libro El gobierno de los bienes comunes. Estas organizaciones, con justa razón, ven en los consejos de cuenca “piloto” una amenaza a sus facultades establecidas por ley.

Esta iniciativa lleva a preguntarnos por enésima vez: ¿dónde están las prioridades del Gobierno? No se equivocaría quien sospeche que sus intereses estarían en revivir la política del agua consagrada en el fallido proyecto de nueva Constitución. En efecto, el artículo 143.2 señalaba que los consejos de cuenca «serán los responsables de la administración de las aguas». Obviamente, la decisión ciudadana de rechazar dicha propuesta en septiembre de 2023 y el disminuido poder parlamentario, obliga a Boric y los suyos a establecer versiones “piloto” de lo ya rechazado. Tampoco está extraviado quien ve en esta iniciativa del Gobierno una obsesión con la propiedad de estos de derechos de aprovechamiento y la necesidad de politizar la administración de estos últimos.

Quien sí estaría equivocado es quien señala que la prioridad del Gobierno está en buscar soluciones efectivas a nuestra crisis hídrica. Si esta preocupación primara en La Moneda el énfasis estaría puesto donde corresponde: en la infraestructura hídrica como bien lo ha constatado el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle: Si queremos ser potencia alimentaria, debemos mejorar el riego. Si queremos ser líderes en minería, debemos mejorar el suministro del agua para optimizar faenas.

Esto implica no sólo preocuparse de las infraestructuras futuras que debemos construir, sino también garantizar condiciones mínimas para que se lleven a cabo proyectos que ya cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental. Es escandaloso lo que sucede en Quintero con el Proyecto Aconcagua: una planta desalinizadora con tecnología de punta que no puede ser construida porque su terreno está tomado por una Federación de Pescadores.

Todos conocemos el profundo deseo del Presidente de terminar con el capitalismo. Sabemos también que esto no será posible sin antes terminar con el derecho de propiedad en todas sus manifestaciones. Pero nuestra crisis hídrica es una realidad tan brutal que debería obligar al Presidente Boric a despertar de sus sueños doctrinarios para así liderar los cambios que permitan no amenazar nuestro bienestar.    

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