“CONADI está agotada y cooptada políticamente”, fue la frase del Intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla (DC), hace unos días, desatando un vendaval de declaraciones cruzadas. El director de la CONADI, Alberto Pizarro (PPD), respondió: “Hay desconocimiento y de repente comentarios que no son bien intencionados”. Acto seguido, la directiva regional del PPD pidió a Huenchumilla “mejorar el diálogo con los integrantes de la Nueva Mayoría y no criticar la gestión de CONADI”. Huenchumilla replicó luego que “el Estado, a través de sus organismos, tiene que ser más ágil, más dinámico, apurar el tranco”.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) nació cooptada producto de un acuerdo electoral entre algunos dirigentes indígenas –principalmente de ADMAPU- y el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin, en el famoso Acuerdo de Nueva Imperial de 1989.
“Como resultado de esto, otros sectores del movimiento mapuche no tuvieron intención de unirse con el ADMAPU porque consideran al ADMAPU una organización satélite del Estado que en la actualidad no representa al Pueblo Mapuche. Tal vez la prueba más implicatoria que el ADMAPU está actualmente ligado con la estructura estatal es el hecho de que muchos de sus miembros ocupan actualmente puestos dentro de CONADI” (Devon Hay Whitham en “El movimiento político mapuche: factores de división y debilidad e ideas para el futuro”).
Decir que CONADI está cooptada políticamente, a estas alturas ya parece una frase cliché… lo que ocurre fue tan sólo un cambio en los inquilinos del cuarto piso de la Dirección Nacional, hoy ocupada por las secretarías indígenas de los partidos de la Nueva Mayoría, particularmente los del PPD.
CONADI es tan solo la punta del iceberg. Lo que realmente está agotado es la forma hacer política indígena heredada del Acuerdo de Nueva Imperial y profundizada por todos los gobiernos hasta la fecha, caracterizada por la demagogia, el clientelismo y la contención de la violencia.
Por supuesto que el conflicto es más profundo que la simple entrega de tierras, pero CONADI incluso ha provocado negligentemente la acentuación del conflicto con el Fondo de Tierras que administra.
La compra de tierras la realiza CONADI por medio del Fondo de Tierras y Aguas, operando bajo dos mecanismos establecidos en el artículo 20 de la Ley Indígena: el de subsidios para la compra (20 a) y el de compra directa (20 b). El Fondo de Tierras y Aguas está regulado por el Decreto Nº 395 de 24 de noviembre de 1993, el cual establece que CONADI otorgará subsidios para la adquisición de tierras “cuando la superficie de las tierra de la respectiva comunidad sea insuficiente”. Además, define como factores determinantes el ahorro previo, la situación socioeconómica y el grupo familiar. En el caso de las comunidades, además considera su antigüedad y el número de asociados.
En dos décadas, este mecanismo sólo ha entrampado la demanda territorial sin reconocer la propiedad mapuche ni la responsabilidad del Estado en la expropiación general de finales del siglo XIX. En la práctica, el Estado ha desplazado su responsabilidad a particulares, enfrentando a mapuches y colonos en una cuasi lucha de clases.
Debemos aprender de los errores del pasado: las secretarías indígenas deben dejar de luchar por su cuota de poder, los parlamentarios deben dejar de pensar como candidatos, los chilenos y mapuche debemos dejar de pensar que la paz en La Araucanía se logrará sin paz en el Wallmapu y viceversa.
Para esto, necesitamos gestos genuinos de querer alcanzar la paz. Esto no pasa por olvidar el pasado, sino por reconocerlo con sus horrores y consensuar una política de Estado que nos permita construir un Chile intercultural donde primen la libertad, el respeto por la otredad y la paz, un futuro donde todos tengamos espacio.
Venancio Coñuepan, Director Ejecutivo Fundación Chile Intercultural.
FOTO:RAFAEL RIQUELME/AGENCIAUNO