En el último tiempo se ha abierto un intenso debate en torno a la modificación al Código de Aguas que se discute en el Congreso. Priorizando el consumo humano, el proyecto mantiene el principio de asignación de derechos y la libre transabilidad de los mismos, pero introduce una serie de cambios entre los que se cuentan la concesión a 30 años para nuevos derechos, el aumento de multas y la eventual caducidad por no uso.
El proyecto ha dado pie a airadas reacciones. Por un lado, ataques al criterio de mercado de derechos transables, pese a existir amplia literatura sobre sus ventajas y haber sido saludado por organismos como la OCDE, el Banco Mundial o la Cepal. Este criterio –se señala– perpetuaría una “inadmisible” privatización del agua en Chile en lo que sería una experiencia “única en el mundo”, eslogan que omite que los derechos transables se utilizan en países como Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, entre otros.
Por otro lado, hay sectores gremiales que ven en la propuesta del gobierno un debilitamiento del derecho de propiedad e invocan “nefastas” consecuencias, particularmente para el sector agrícola que da cuenta de un 73% de los derechos consuntivos (contra 12% en la industria, 9% en la minería, y 6% asociado al consumo humano). Entre otras razones, porque los nuevos derechos que se asignen ya no serían a perpetuidad, sino que a 30 años prorrogables. Fatalista argumento que ignora lo que la teoría financiera básica enseña: que el valor de un derecho a 30 años es marginalmente inferior que el de uno a perpetuidad.
Desde Horizontal creemos que la discusión se ha extraviado. Siendo el agua un recurso escaso, principalmente desde la zona centro al norte del país, la preocupación última debiera ser que, asegurando el consumo humano, se vele por el uso racional y eficiente del recurso propendiendo a que sea utilizado por los sectores productivos que más lo valoran. Para tal fin, un mercado profundo y bien desarrollado es fundamental.
Sin embargo, existe evidencia indicativa de que en Chile hay mucho por avanzar en este plano.
En efecto, existen actualmente una serie de factores que elevan los costos de transacción y están impidiendo que el mercado funcione correctamente. Entre estos se cuentan la escasez de información pública sobre la disponibilidad del recurso (incluidas las aguas subterráneas) y sobre los tenedores de derechos y la formación de precios. También, una inadecuada capacidad de resolución de conflictos por parte de la autoridad y la existencia de problemas de discrecionalidad en sus decisiones.
A partir de esta realidad, no es de extrañar que observemos un mercado del agua extremadamente asimétrico: relativamente activo en ciertas áreas, pero con escasas transacciones y actividad en otras donde existe escasez. Por lo anterior, consideramos que el problema con los derechos de agua en nuestro país no es el exceso de mercado, sino su falta de profundidad. Se requiere más y mejor mercado, no menos.
Como propuestas para atacar la falta de profundidad del mercado es necesario empezar por hacer un mapeo exhaustivo de la disponibilidad de agua en el territorio, incluyendo las aguas subterráneas. En paralelo, perfeccionar el registro de los derechos vigentes, forzando su inscripción bajo el riesgo de perder dicho derecho y alojar toda esta información en una base pública y abierta. Adicionalmente, fomentar la creación de una Bolsa de comercio que transparente y facilite la transacción de derechos, incluyendo su arrendamiento. Ello contribuiría a la formación de precios y limitaría las ganancias sobre normales y la especulación que hoy pueden producirse por asimetrías de información. A su vez, a través de un acceso más abierto y competitivo, esto permitiría que las actividades que más valoran el recurso hagan uso de éste, contribuyendo a la productividad del país.
El correcto uso del agua es un gran desafío de Chile, especialmente si consideramos que somos uno de los países con mayor probabilidad de enfrentar dificultades en la disponibilidad de agua al año 2040 (World Resources Institute). En esta discusión creemos que, más allá de las consignas y de las defensas corporativas, de lo que se trata es cómo logramos tener un mercado mucho más profundo, dinámico, transparente y accesible para nuevos actores. Ello pasa por un Estado que estudie y catastre exhaustivamente la disponibilidad del recurso, corrija las asimetrías de información, facilite las transacciones y robustezca la institucionalidad en pos de mejorar los mecanismos de resolución de conflictos y limitar la discrecionalidad de la Dirección General de Aguas.
Benjamín Maturana, Centro de Estudios Horizontal
FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO