En una interesante entrevista concedida al Diario Financiero la semana pasada, Eugenio Tironi se explaya sobre sus razones para aprobar la propuesta constitucional, no sin trasuntar una cierta dificultad para arribar a esa decisión (“con contradicciones asumidas y gestionadas”). El sociólogo dice diferenciarse de su generación política en cuanto no le teme a una propuesta constitucional “derechamente innovadora y disruptiva”, que a su juicio responde a los desafíos de este siglo, manifestándose confiado que más adelante se podrán realizar las correcciones que el texto requiere.

Pero más que por sus contenidos, el Apruebo de Tironi está influido por un reconocimiento de la marginación que experimentaron ciertos grupos de la sociedad en el país, los “perdedores del sistema”, no suficientemente establecida como un fenómeno de significación hasta el estallido social. “Los 30 años fueron mezquinos con ellos y es hora de repararlo política y simbólicamente”, escribió en una columna de esta semana. En tal sentido, la nueva Constitución vendría a ser para él sobre todo un acto reparatorio, una suerte de puente para salvar la profunda fractura social que quedó expuesta en la revuelta de octubre; la forma de mitigar el peligro latente de un quiebre irreparable de nuestra convivencia. Sin perjuicio de que esos grupos no parecen constituir una mayoría del país ni mucho menos (serían más bien minoritarios), cabe preguntarse si el acto reparatorio se alcanzaría satisfactoriamente a través de la propuesta elaborada por la Convención Constitucional. O, dicho de otra forma, si los costos de la reparación y mitigación del peligro son razonables y tolerables para el conjunto del país. La respuesta a esta interrogante es crucial para votar en uno u otro sentido en la urna el próximo 4 de septiembre.

Al respecto, la propuesta constitucional presenta tres problemas de fondo que no son fáciles de evadir y que han de sopesarse para tomar la decisión. Veamos cuáles son.

El primer problema, y no es uno menor, es que la Constitución propuesta es abiertamente partisana. No podría ser de otra forma viniendo de una Convención en la que un sector del país –que representa bastante más de un tercio del electorado e incluso más de 3/7– no tuvo prácticamente incidencia en la elaboración del texto. ¿Cómo aprobar una Carta Fundamental partisana que un conjunto necesariamente acotado de reformas no podría transformar ni cercanamente en una Casa de Todos? ¿Puede convivir una sociedad con un contrato social desbalanceado brotado desde un “relato” compartido de manera tan insuficiente?

Un segundo problema es el riesgo autoritario. En los tiempos que corren la democracia se ha vuelto frágil ante los intentos de los autócratas de lado y lado para tomarse el poder. Estos utilizan sus dispositivos (y ocupan sus intersticios) para iniciar un asalto “desde adentro” que culmina en su entronización. Una vez que ello ocurre la restauración plena del sistema democrático se vuelve extremadamente difícil. La propuesta constitucional no se hace cargo de esta inminente amenaza. De hecho, puede decirse que, al contrario, engendra un mayor riesgo para la democracia del que hemos enfrentado desde su recuperación en 1990 (ni que decir desde 2005, cuando fueron eliminados definitivamente los llamados “enclaves autoritarios”). Por leve que sea, no es un riesgo que el país debería correr. Sería un precio demasiado alto a cambio del acto reparatorio de votar Apruebo.

El tercer problema, del que se ha comenzado a hablar en los últimos días, es el riesgo económico. La satisfacción gradual de los derechos sociales demandará una enorme cantidad de recursos que la economía del país no está en condiciones de producir en el corto y mediano plazo. Para que lo pudiera hacer, la nueva Constitución debiera tener ella misma una clara vocación pro crecimiento de la que a todas luces carece. Como lo señalan en un documento reciente José Pablo Arellano y René Cortázar, “al no crear condiciones para el crecimiento y un mejor funcionamiento del Estado, convierte a los derechos sociales en meras aspiraciones difíciles de alcanzar”. La corrección de un problema de tal importancia y magnitud, disgregado en una diversidad de disposiciones que lo regulan en el texto propuesto, resulta altamente improbable.

En suma, estas tres razones de fondo hacen del Apruebo una apuesta muy arriesgada para el futuro de la democracia y de la economía del país. Las atendibles razones de un acto reparatorio que mueven a Eugenio Tironi al Apruebo –“no son razones: son apenas motivos”, escribió– no deben hacer perder de vista los peligros que esa opción podría entrañar para dos dimensiones vitales de nuestra vida en sociedad, la democracia y la economía, que tanto esfuerzo costó al país recuperar no hace tanto tiempo. ¿Por qué correr tanto riesgo –hay otros que aquí no he mencionado para efectos de simplificación– si todo se podría hacer mejor, sin perder el objetivo del acto reparatorio que una nueva Constitución debiera cumplir a cabalidad?

*Claudio Hohmann es ingeniero civil y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

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