En su recomendable columna “Tiranía” (publicada la semana pasada en El Mercurio), Pedro Gandolfo escribe que “casi podría decirse que la historia del diseño de las instituciones políticas ha buscado siempre la forma de lograr evitar la tiranía”. A su juicio las instituciones deben pensarse para “apartar, al máximo posible, esa potencialidad latente” del “tirano contemporáneo”, que se hace del poder y lo perpetúa sobre la base de una institucionalidad formalmente democrática. Por cierto, las tiranías del siglo 21 se hacen reelegir por períodos consecutivos en elecciones de apariencias democráticas, que una y otra vez dan por ganador a quién gobierna. Los ejemplos sobran. No muy lejos de aquí los hay en nuestra propia América Latina.

Cuando la Carta Magna impide la reelección para el período siguiente, los gobernantes que se entusiasman con el poder, insuflados por esa imagen insuperable de sí mismos que el poder y la más alta magistratura suelen prodigar, intentan seguir gobernando, modificando el precepto constitucional, normalmente a través de un plebiscito ad-hoc o de una reforma constitucional (y cuando estos propósitos fracasan, incluso recurriendo a triquiñuelas, como fue el caso de la cuarta elección –sí, la cuarta– de Evo Morales en 2019).

Notablemente, la Constitución que nos rige impide la reelección del incumbente: el inciso segundo del artículo 25 dispone que “el Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente”. Bien sabemos –los casos de Bachelet y Piñera lo atestiguan– que esta disposición no impide del todo la reelección de los gobernantes, sino que sólo prohíbe la del presidente en ejercicio. Ninguno de los cinco presidentes que han gobernado al país desde 1990 pudieron reelegirse para un próximo mandato mientras gobernaban. Ni siquiera la muy popular Michelle Bachelet al término de su primer gobierno en 2009.

No es posible exagerar la importancia para el futuro de nuestra democracia que la nueva Constitución mantenga la prohibición de la reelección del incumbente en La Moneda, y todavía más, que imponga normas que impidan su eventual modificación al calor de mayorías ocasionales. La experiencia demuestra que la única forma de evitar un extenso período de gobiernos consecutivos encabezados por un gobernante populista, o peor aún, por un tirano –del signo político que sea–, es limitando la reelección, como lo hace con singular simpleza el inciso segundo del artículo 25 antes referido.

Se sabe de un grupo de convencionales que están por innovar en esta materia, permitiendo la reelección del presidente en ejercicio. Harían bien en pensarlo dos veces y mantener inalterada la sabia disposición que actualmente nos rige, para evitar a toda costa el riesgo del mal mayor para una nación en este siglo, como es la tiranía que acaba con la democracia utilizando de preferencia la reelección fraudulenta del tirano. Las exiguas razones para habilitar la reelección del incumbente palidecen ante el riesgo no menor del “advenimiento de ese tirano contemporáneo” (Gandolfo dixit), que reúne la totalidad del poder “vestido del ropaje democrático e institucional”. La reelección por una vez –pero ¿por qué no una segunda y más? – es una condición indispensable para alcanzar ese fin. Dios nos libre.

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