Después de cinco gobiernos consecutivos desde 1990, al término de los cuales la mayoría de los chilenos pareció siempre razonablemente satisfecha de los logros alcanzados -todos ellos lograron crecimientos promedios que son de los mejores que haya tenido el país en su historia-, sobrevino la primera decepción: la frustrada promesa de superar la desigualdad durante el segundo gobierno de Bachelet, que fue además la primera administración en un cuarto de siglo en que el dinamismo de la economía experimentó un frenazo persistente.

Millones de chilenos, sobre todo los más jóvenes, conocieron por primera vez los efectos de una economía morosa que ya no era capaz de entregar los extraordinarios rendimientos de que gozaron sin pausa durante 25 años.

Pero fue apenas la primera decepción de una temible seguidilla que ha puesto a la sociedad chilena en una situación inédita en su historia, a la que podríamos denominar la Gran Decepción. A la frustrada promesa de Bachelet 2 le siguió el anhelo de tiempos mejores insuflado por el segundo gobierno de Piñera, que apenas tuvo tiempo para darle materialidad a semejante promesa, hasta que el estallido social hizo estallar -valga la redundancia- la ilusión del país que parecía encontrarse a las puertas del desarrollo. Nunca pareció esa meta más lejana para los grupos medios surgidos al calor de la modernización capitalista que en esos días aciagos cuando el país se quemaba por los cuatro costados.

Notablemente, al borde del abismo institucional que ya asomaba sus insondables contornos se selló un Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, que dio origen a un inusitado proceso constitucional, apoyado luego por una contundente mayoría a favor de la redacción de una nueva Constitución.

Detrás del amplio resultado del Apruebo en el plebiscito de entrada -y la posterior elección de los integrantes de la Convención  Constitucional- estaba el anhelo de dotar al país de los derechos sociales de los que gozan las sociedades más avanzadas en el mundo. La cuestión constitucional fue la apuesta del electorado por un camino que entrañaba una nueva esperanza, como ninguna que había abrigado hasta entonces la actual generación de chilenos, de ver resueltos problemas acuciantes de la sociedad chilena -pensiones, salud y educación- que el sistema político dejó estar por demasiado tiempo.

Pero la apuesta resultó mal, muy mal. La Convención Constitucional es casi con toda seguridad la institución política más fallida de nuestra historia reciente. Lo cierto es que el contundente resultado en el plebiscito de salida fue la expresión numérica de una nueva y desoladora decepción.

Pero había más todavía: la elección de Gabriel Boric, el más joven de los candidatos presidenciales de que haya memoria, apoyado por una alianza con escasa experiencia en el poder, para dirigir los destinos del país en uno de sus momentos más inciertos y turbulentos. El infortunado accionar del Gobierno en sus primeros diez meses han desvanecido abruptamente las tímidas esperanzas que puso el electorado en el recambio generacional. En su lugar se ha instalado otra profunda decepción ciudadana, justo cuando se agravan problemas que agobian a la ciudadanía, mientras campea a sus anchas la violencia.

En apenas ocho años -desde el segundo gobierno de Bachelet hasta el presente- la sociedad chilena acumula una escalofriante secuencia de decepciones que parecen estar condensándose finalmente en una decepción con la democracia, como lo indican los preocupantes resultados de la última encuesta CEP.

En el curso de estos ocho años el electorado ha acudido a votar a las urnas una y otra vez, a un promedio de una elección por año, sin ver todavía mayores resultados (que para ser justos hay algunos, como la pensión básica universal y la vacunación masiva contra en Covid-19).  ¿Tolerará nuevas frustraciones como las que se aproximan en el ámbito económico o la increíble crisis del sistema de salud que se está fraguando a ojos vista?.

La Gran Decepción sigue su curso y no se advierten signos que vaya a ceder pronto ni mucho menos. Restan tres años de Gobierno.

Y ya ni siquiera parece que una nueva Constitución podría cambiar este estado de cosas, entre otras razones porque no despierta esta vez grandes expectativas -aunque si se aprobara el logro no sería nada menor. Lo cierto es que el cielo político se ha cargado de gruesos nubarrones y sus instituciones se aprestan para la tormenta.

*Claudio Hohmann es ingeniero civil y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Claudio Hohmann

Ingeniero civil y exministro de Transportes y Telecomunicaciones

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