A mediados de marzo de 2020, cuando faltaban meses para el plebiscito de entrada, me permití escribir un párrafo que ha terminado siendo desafortunadamente premonitorio: “No está demás tomar nota de los riesgos implicados en la exigente tarea que nos disponemos a acometer, que bien podría transformarse en nuestro propio Brexit, una salida de la Constitución de 1980 sin acuerdos y en un ambiente de alta polarización”.

Cuando en octubre de ese año la ciudadanía se expresó con inusitada elocuencia a favor de una nueva Constitución, una reflexión tan sombría parecía haber perdido sentido. Todo se alineaba para alcanzar por fin lo que con candor o exceso lírico –ahora lo sabemos bien– llegó a bautizarse “la casa de todos”.  

Poco antes Ascanio Cavallo había escrito una columna todavía más premonitoria, con un título como para asustar: “Esto no es una advertencia”. Allí se refería a un aspecto que suele recibir poca atención en el análisis del proceso constitucional, pero que puede resultar determinante en el resultado: el rol que las redes sociales vienen jugando en la distribución de “un arsenal de mistificaciones y mentiras”, que se nutren del sentimiento y la emoción, desplazando a la razón y la evidencia que, se suponía, iban a ser requeridas con la más alta intensidad en la ejecución de la enorme tarea que había recaído en la Convención. Pero estábamos advertidos, no había más que leer a Cavallo, alertando que “la verdadera batalla se libraría en esos circuitos por donde circula y se transmite el virus de la polarización”. O a Jonathan Haidt, el sicólogo norteamericano, para quien las redes sociales son una suerte de “máquina de la furia”, donde eficientes algoritmos conducen aceleradamente a la polarización social, es decir, a esos dos países que parecen habitar el uno contra el otro en un mismo territorio nacional.

Fue con la elección de los convencionales, en mayo de 2021, que esos pronósticos comenzaron a adquirir visos de realidad. El colectivo elegido, que se congregó por primera vez un mes y medio después, dio señales tempranas de cómo vendría la mano. El que para algunos fue el grupo humano más representativo del “Chile real” que se haya asentado en institución política alguna en nuestro país, funcionó desde la partida en un contexto de virtual exclusión de la parte que representa poco menos, pero no mucho menos, de la mitad de las preferencias en elecciones nacionales y parlamentarias. Allí se afianzó la idea –con las redes sociales empujando a todo vapor– que era posible emprender la tarea de escribir una nueva Carta Fundamental, el nuevo contrato social, prescindiendo como si nada de esa cuasi mitad, ocasionalmente reducida a una fuerza minoritaria gracias a un inédito, y seguramente irrepetible, diseño de ingeniería electoral.

¿Qué rol jugaron los sesgos cognitivos, reforzados ad nauseam por los algoritmos, para dar forma a semejante torpeza política, la de un texto partisano, justo lo que una constitución de un régimen democrático no podría ni debiera ser? Lo cierto es que el resultado del experimento no podía ser otro que el de una constitución partisana, convirtiendo a la anhelada “casa de todos” en una previsible imposibilidad política.

Era cosa de tiempo para que la parte del país que había quedado severamente subrepresentada comenzará a hacer presencia, no en las comisiones o en el Pleno de la Convención Constitucional, sino que allí donde se anticipan ganadores y perdedores con razonables niveles de confianza: en las encuestas. La posibilidad cierta de un impensable Rechazo frente a una propuesta partisana no debió tomar de sorpresa a nadie. El ingenioso verso de Milanés no alcanza para ocultar ese pecado de origen, el mismo del que se acusa a la Constitución que nos rige. Más bien lo agrava.

¿Cómo se puede convertir un abundante texto partisano, que “se acerca a lo que siempre soñé” para sus partidarios, en uno que deje de serlo para que una mayoría transversal lo haga suyo? ¿Bastarán algunas correcciones aquí y allá, ese singular “apruebo para reformar” que se promete, para lograr algo que asoma como una tarea casi imposible? ¿Es posible transformar una propuesta constitucional partisana en una que se lave del sello indeleble que le ha conferido una Convención, ella misma inequívocamente partisana?

Habrá de concederse que si de producir un texto transversal no partisano se trata, una condición esencial de toda Constitución democrática, el Rechazo ofrece las mejores posibilidades, aunque sea al precio del ”eterno retorno”, como denominó Carlos Peña al ejercicio de volver a fojas cero y comenzar todo de nuevo. Un precio que bien vale la pena pagar para evitar el riesgo que entraña para el futuro de nuestra democracia una constitución partisana.

*Claudio Hohmann es ingeniero civil y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Claudio Hohmann

Ingeniero civil y exministro de Transportes y Telecomunicaciones

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