La semana pasada con ocasión de un seminario de “La Otra Mirada” en el Teatro Municipal de Las Condes, el ex convencional Agustín Squella, refiriéndose al resultado del plebiscito constitucional, afirmó que “el proceso nos perjudicó más que el texto” (ante la inesperada reacción de buena parte de la concurrencia que no estuvo de acuerdo con ese juicio, repitió la frase haciendo énfasis en la palabra “más”).

Por su parte, la también ex convencional Patricia Politzer escribió en una reciente columna que “la propuesta constitucional no era revolucionaria”, argumentando que las razones de algunos para rechazarla “no se ajustaban a los contenidos de la propuesta” o que “focalizaron su atención en convencionales disruptivos o histriónicos en vez del texto”.

Lo cierto es que para ambos ex convencionales no fue tanto la propuesta sometida al voto del electorado la causa del apabullante resultado del plebiscito, como sí habría sido el inextricable proceso constitucional, al que atribuyen la principal responsabilidad del descalabro. ¿Están en lo cierto o, como parte evidentemente interesada –contribuyeron a la redacción del texto constitucional y estuvieron decididamente por su aprobación en el plebiscito–, intentan sustraer de responsabilidad al contenido de la propuesta constitucional, para adjudicársela principalmente a los excesos y desvaríos del organismo redactor?

Si se admite el nítido carácter partisano de la Convención, como lo hace la propia periodista en su columna cuando reconoce que el error más importante del proceso fue haber excluido por completo a la derecha –“una conducta no sólo errada sino antidemocrática–, entonces cabe concluir que su resultado no podía ser otro que una constitución partisana. La “casa de todos” devino en la “casa de algunos”, una grave insuficiencia para la que debía ser la ley superior de las leyes en las próximas décadas. No fue, entonces, sólo un problema del proceso constitucional, donde abundaron los desbordes y la desmesura, sino que sobre todo el sello partisano del organismo, que sólo podía conducir a un texto también partisano debido a su sesgado proceso de elaboración. Ese defecto de origen es quizás la causa basal del Rechazo. La propia Patricia Politzer pide perdón en su columna “por haber sido incapaces de elaborar una Constitución que convocara a la mayoría”.

Pero no había que esperar al elocuente resultado del plebiscito para vislumbrar el grave problema que cargaba el texto. La breve pero contundente frase del ex presidente Lagos en su carta del 5 de julio, “una constitución no puede ser partisana”, debió servir de advertencia para quienes creían que sí podía serlo –¿de verdad lo creyeron? –, y a pesar de ello convocar a una mayoría en las urnas.

Por otra parte, la campaña por atraer el voto ciudadano a las opciones en disputa fue dejando rápidamente atrás el proceso constitucional, poniendo en escena los diversos contenidos de la propuesta; entre ellos, el abundante catálogo de derechos sociales que prometía dejar en el olvido los mediáticos excesos de algunos convencionales. Incluso, inusitadamente, se llegó al extremo de promover correcciones al texto en el evento de su aprobación, una promesa realizada con gran publicidad. Todo esto muestra que la “cuestión planteada”, el texto, fue lo central en la campaña, concentrando las opiniones de una diversidad de líderes y analistas políticos, entre las sobresalió la del Presidente Frei cuando expresó ni más ni menos que tenía “discrepancias insalvables sobre varios contenidos de la propuesta, los que considero comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país”.

Los ex convencionales citados, y otros como ellos, harían bien en reconocer de una buena vez que lo rechazado por una mayoría contundente del electorado fue el texto propuesto y no otra cosa. La mayor infracción del fallido proceso constitucional, más allá de los desmadres de algunos convencionales, fue la de elaborar una propuesta partisana, una excluyente “casa de algunos” con nulas posibilidades de convertirse en las urnas en “la casa de todos”. 

*Claudio Hohmann es ingeniero civil y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

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