Hace unas semanas se conoció el Reporte de Desarrollo Humano que la ONU publica anualmente desde 1990, elaborado por la misma institución en cuyo plenario el Presidente Boric pronunció su comentado discurso la semana pasada. Una vez más, como desde hace años, nuestro país encabeza el ranking de los países de América Latina (en la posición #42), antecedido por Croacia y superando de cerca a Hungría. Junto a Argentina son los dos únicos de la región entre los 50 mejor clasificados –en la categoría de “países de muy alto desarrollo humano”–. Curiosamente, Boric no hizo la menor referencia a este documento, uno de los más importantes de la ONU, publicado apenas unos días antes de su viaje a Nueva York. Su título, “Dando forma a nuestro futuro en un mundo en transformación”, y la destacada posición de Chile en el ranking lo ameritaba.

Para quienes se preguntan por el efecto de la desigualdad en esta clasificación, el referido reporte incluye una “corrección”, utilizando para ello el coeficiente de Gini de cada país. Si bien el índice de desarrollo humano de Chile se reduce después de este ejercicio, todavía mantiene su primer lugar en la región (lo mismo que Argentina la segunda posición).

Contra toda lógica, este era el país que la Convención Constitucional se propuso refundar. No hay un solo caso de una nación en el estadio de desarrollo de la chilena que haya sido objeto de un intento refundacional de la magnitud que allí se fraguó. He aquí la que podría ser una buena razón para que el electorado rechazara por un amplio margen semejante propuesta: no tiene sentido intentar un cambio de rumbo radical que implicaba enormes riesgos en un país de “muy alto desarrollo humano”, donde se ha reducido la pobreza a los más bajos niveles de la región e, incluso, aunque moderadamente, también la desigualdad.

Pero ¿cómo se puede entender entonces que en Chile haya tenido lugar un estallido social de grandes proporciones como el de octubre de 2019, precisamente lo que impelió a la mayoría de la Convención Constitucional a elaborar una Carta refundacional? Quizá una parte de la explicación se encuentra en una singular combinación –en esto sí somos excepcionales– que se ha difundido poco entre nosotros. El país se aproxima a un PIB per cápita (ppp) del orden de los US$30.000, que lo pone a un tris de la categoría de país desarrollado. Sin embargo, la desigualdad de ingresos –expresada por un coeficiente de Gini de 0,45– es aquí significativamente más alta que la de la mayoría de los países desarrollados. Ninguno de ellos alcanzó esa cualidad con una desigualdad de ingresos tan elevada. Considérese al efecto el coeficiente de Gini de los mencionados Croacia y Hungría: 0,29 y 0,28 respectivamente. O el de Portugal, que es de 0,33. Chile es el primero en lograr niveles de desarrollo similares, pero con una desigualdad que se ubica en niveles altos a nivel mundial, lo que nos ha puesto en un terreno nunca antes recorrido por país alguno. Un lugar sin referencias con las que compararnos, un “cuadrante desierto”, como se lo denominó en un reciente seminario sobre el tema en el Centro de Estudios Públicos, donde Chile está prácticamente solo.

Si se considera que la percepción de la desigualdad se difunde con mayor intensidad en la actualidad que en el pasado, sobre todo en una sociedad que goza de una alta cobertura de telefonía móvil y conectividad digital, la combinación de un PIB per cápita de nación desarrollada con una desigualdad de país subdesarrollado podría ser una de las causas basales del estallido social de 2019. Aunque no hay una experiencia similar a la nuestra de la cuál extraer conclusiones, es una conjetura que parece tener asidero.

En todo caso, se trata de una combinación de alto riesgo, causada por una diferencia de velocidad entre el crecimiento de la economía y la reducción de la desigualdad –cuando la primera crece sostenidamente lo hace mucho más rápido que la caída de la desigualdad en el mismo lapso–. Si el consumo se vuelve moroso y ya no puede mitigar la herida de la desigualdad (Carlos Peña dixit), la brecha se agudiza todavía más. Podríamos estar entonces ante nuestra propia versión de la trampa de los países de ingresos medios: cuando el crecimiento decae, como lo hizo a partir de 2014, el motor de la movilidad social y del consumo se detiene y deja expuesta la dolorosa llaga de la desigualdad, lo que a su vez eleva fuertemente la presión redistributiva en una economía que ya no produce nuevos recursos para volverlo a echar a andar.

El pasillo estrecho hacia el pleno desarrollo, que presentaron en detalle Acemoglu y Robinson en su conocido libro ¿Por qué fracasan los países?, ha adquirido en nuestro caso contornos singulares que ponen a la actual generación de chilenos ante un formidable desafío, aunque no imposible: crecer sostenidamente reduciendo simultáneamente la desigualdad a una velocidad suficiente como para cruzarlo exitosamente, evitando a toda costa la trampa de los países de ingresos medios. El desafío es tanto mayor cuanto nuestro pasillo es más estrecho que el que recorrieron la mayoría de los países de la OCDE. Desde ya, no disponemos de ahorro externo barato para financiar el ingente gasto social; en el caso de Portugal este supera el volumen de su PIB. Imagine el lector cómo sería nuestra situación si en lugar de un 40% de deuda pública –equivalente a los recursos del ahorro externo que ha allegado nuestro país– fuera posible allegar ahorro externo en volúmenes superiores al 100% de nuestro PIB como lo han hecho varios países europeos (España, Italia y Portugal, entre otros). Tampoco contamos con el intenso comercio y turismo de economías vecinas desarrolladas como sucede también en esos países. Al fin, son la inversión y las exportaciones –la producción y el comercio– los principales impulsores de nuestro crecimiento, siendo este último el principal proveedor de recursos para el gasto social. En consecuencia, las políticas públicas debieran seguir teniéndolos en lo alto de sus prioridades como lo hicieron en buena parte de los últimos 30 años.

A propósito, ¿a qué idea de nuestro desarrollo responderá la oposición al TPP11 que existe en una parte del oficialismo y de la izquierda? 

*Claudio Hohmann es ingeniero civil y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

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