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Publicado el 6 marzo, 2021

Claudio Hohmann: Cuatro momentos críticos del proceso constitucional

Ingeniero civil, ex ministro de Estado Claudio Hohmann

De ellos, el que presenta mayores riesgos para el país es el relacionado con que el proceso de deliberación constitucional sea afectado de tal manera que su realización se haga imposible, interrumpiéndose por un tiempo prolongado o indefinidamente.

Claudio Hohmann Ingeniero civil, ex ministro de Estado
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Para los efectos de analizar los posibles escenarios ante lo que será un hecho inédito en nuestra historia -la gestación de una Constitución por una Convención Constitucional elegida democráticamente (cabría agregar que se hará bajo los intensos efectos de las redes sociales)-, conviene distinguir por lo menos cuatro momentos críticos que enfrentará el proceso que se inicia el próximo 11 de abril y que implican riesgos, en algunos casos no menores, sobre todo por tratarse de la delicada tarea de acordar una nueva Carta Fundamental que deberá ser finalmente aprobada por la ciudadanía en un plebiscito de salida.

El primero de esos momentos es el que se avecina: la elección de los 155 integrantes de la Convención, en una elección que no tiene parangón en nuestra historia. De hecho, en poco más de un mes la generación de chilenos que habitamos el país en este siglo 21 haremos historia, eligiendo un nuevo cuerpo deliberante que se añadirá, por un tiempo acotado -pero no menor- a nuestro orden institucional. Se trata de una elección inédita en muchos sentidos, partiendo por el hecho que los electores deberemos entregar nuestro voto a un postulante de entre muchos, no para regir los destinos de la patria (o del municipio) por un tiempo determinado, o para legislar sobre los asuntos que la conciernen, qué es lo que hemos venido haciendo regularmente desde 1990, sino que para concurrir a una instancia que deberá acordar la forma como los chilenos viviremos juntos en el futuro próximo y por un tiempo largo. Ni más ni menos. No hay nadie entre nosotros, tampoco un pariente lejano, que haya sido protagonista de un proceso eleccionario de esta singular naturaleza. No hay ningún relato -una pequeña anécdota siquiera- que nos refiera a algo parecido. Sobra decir que este es el momento fundacional a partir del cual todo lo demás deberá fluir en el sentido del trascendental acuerdo político de noviembre de 2019 -y de las decisiones adoptadas con posterioridad a la luz de él-. La legitimidad del proceso constitucional, reforzada inobjetablemente por el amplio resultado del plebiscito de octubre pasado, podría verse afectada ante hechos imprevistos en la elección de sus integrantes. Es un riesgo bajo, dada la impecable realización de los actos electorales en el país desde 1990, pero por su singularidad -no se asemeja a ninguno anterior, mucho menos si se realiza durante dos días consecutivos como propone el Gobierno- ese riesgo no es nulo.

Un segundo momento crítico corresponde a la aprobación de las reglas que adoptará la Convención Constitucional para su funcionamiento, lo que se llamará su Reglamento. Por la importancia que esto tiene -tan solo téngase presente el frondoso conjunto de reglas que rige la operación del Parlamento- no se vislumbra que se trate de una materia de fácil despacho ni mucho menos. En el peor de los casos, si no se alcanzan acuerdos sobre aspectos trascendentales de su funcionamiento, el inicio del trabajo de la Convención podría demorar meses, como de hecho ha ocurrido en experiencias similares en otras partes del mundo. Imagine el lector un escenario pesimista, impensable dirá Ud., en el que la Convención no logra acordar su Reglamento a siete meses de su elección, es decir, justo cuando se cumplirán dos años desde el acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre de 2019, que le dio vida a lo que Ascanio Cavallo denominó el “artefacto” que el sistema político sacó del sombrero para recuperar un acuerdo mínimo de cómo avanza el país, desfondado desde el estallido social. Una prolongada parálisis de la Convención tendría seguramente serias consecuencias para la propia legitimidad del proceso constitucional.

El tercer momento crítico tendrá lugar durante la deliberación de los aspectos trascendentales de la futura Carta Fundamental, sobre todo en la etapa de votación de las decisiones fundamentales. Son los instantes en los que el proceso podría correr el mayor de los riesgos: su interrupción por la imposibilidad de un normal funcionamiento de la Convención, rodeada por lo que da en llamar la “primera línea”, o por acoso físico -o a través de redes sociales- a sus integrantes. Por cierto, la discontinuidad del proceso constitucional sería un hecho extraordinariamente grave, que pondría al país al borde un abismo institucional para el que no se dispone de una solución de continuidad. Y es que el proceso en el que estamos embarcados sólo tiene un final institucional posible: que la Convención culmine la tarea que le ha sido encomendada proponiendo el país una nueva Carta Fundamental. Cualquier otro resultado implicaría el descarrilamiento institucional con imprevisibles consecuencias para nuestra democracia.

Finalmente, queda el momento en que la propuesta de la Convención Constitucional habrá de ser ratificada o rechazada por la ciudadanía en un plebiscito al que podríamos ser convocados ya el próximo año. Un eventual rechazo a esa propuesta, es decir, el triunfo del No en el plebiscito de salida, supone riesgos no menores, en tanto un esfuerzo de casi tres años, de la mayor envergadura política imaginable, quedaría en nada. ¿Qué podría venir después de eso? Un intríngulis de esos que ninguna sociedad y su sistema político se quisieran ni por un minuto.

De los cuatro momentos críticos antes expuestos, el que presenta mayores riesgos para el país es el tercero, esto es, que el proceso de deliberación constitucional sea afectado de tal manera que su realización se haga imposible, interrumpiéndose por un tiempo prolongado o indefinidamente. Es, además, el que tiene mayores probabilidades de ocurrencia. Y es que la única forma que algo así pudiera darse es por medio de la violencia, dirigida de una u otra forma hacia la Convención y sus integrantes, cosa que sus cultores han venido practicando con todo éxito desde hace años en distintos frentes. Es de presumir que los chilenos, que votaron ampliamente por la gestación de una nueva Constitución, rechazarían también ampliamente cualquier intento por desestabilizar o paralizar el proceso constitucional y, por lo tanto, separarían aguas con quienes pudieran actuar violentamente para descarrilarlo. Pero ello implica, inescapablemente, y más temprano que tarde, una relegitimación de las Fuerzas de Orden, que -vaya paradoja- cómo pocas veces en la historia reciente serán requeridas para eludir el abismo que se abriría ante nosotros si asistiéramos al fin anticipado de la Convención Constitucional.

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