En lo que va del año, ya en tres circunstancias se ha decidido suspender las clases de los estudiantes: por violencia en el caso del INBA (Internado Nacional Barros Arana), por salud para el caso de la contaminación de Quinteros y por la extensión de vacaciones a todo el sistema escolar por los virus respiratorios. Todo esto sin contar las escuelas que permanecen cerradas producto de la pandemia.

Ninguno de estos casos es simple, son muchos los bienes en juego y por lo mismo requieren de una discusión a la altura de los mismos, una que necesariamente ponga sobre la balanza los efectos a largo plazo. Ahí la evidencia es contundente: el cierre de escuelas afecta de forma significativa el desarrollo de los niños, por tanto cualquier decisión que termine en un cierre de escuelas o suspensión de clases debiera ser la última medida, cuando ya se han acabado todos los otros medios de solución posible.

Lamentablemente, el recurso de la suspensión de clases parece estar hoy al alcance de la mano. En parte, porque muchas veces para el Gobierno resulta una medida más fácil que otras que los ponen en situaciones incómodas.

Un ejemplo es lo que ocurre con la violencia. Cerrar una escuela producto de la violencia que se vive en su interior es un fracaso que debiera golpearnos a todos como sociedad. Durante la cuarentena aludíamos a la necesidad de abrir las escuelas porque resultaban ser espacios protectores para los niños, lo que lamentablemente dejó de ser una realidad para algunos. Un entorno de violencia impide el aprendizaje y desarrollo de los niños, por ello es preocupante que se normalicen las tomas, la destrucción y quema de los edificios, el bullying, o casos  como que un apoderado golpee a un estudiante a la salida del colegio, o que una compañera apuñale a otra por no querer seguir en toma. 

En algunos casos, como los liceos emblemáticos de Santiago, ya llevamos años en situaciones de violencia, específicamente desde las movilizaciones del 2011, que muchos han romantizado como expresiones legítimas de manifestación. Poco podemos enseñar a nuestros jóvenes si el ejemplo que ven a pasos de sus colegios es la destrucción de la ciudad, acompañada de políticas de impunidad. ¿Los malos actos no tienen consecuencias? El problema es de fondo, y se acentúa cuando el Ministro de Educación y la alcaldesa de Santiago señalan que no aplicarán las herramientas que les da la ley para hacer frente a hechos de violencia extrema y que ponen en peligro a  la comunidad educativa. Así como ocurre en algunos sectores en que simplemente no creen en el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Por ejemplo, para ellos, aplicar “Aula Segura” es una criminalización del estudiante. No entienden que son medidas efectivas que permiten a los directivos hacerse cargo de situaciones límites, como la ocurrida en el Darío Salas, cuando estudiantes encapuchados rociaron con bencina a una profesora. Casos como este son constitutivos de delitos penales y hacen imposible el entorno de aprendizaje

Aplicar todas las herramientas que entrega la ley es actuar en protección de toda la comunidad educativa. Este aspecto en nada obsta de los demás mecanismos necesarios para erradicar la violencia, como la generación de confianza dentro de la comunidad mediante mecanismos de diálogo y otros alternativos.

Nadie niega la complejidad de la violencia en el ambiente escolar, ni lo complejo de sus soluciones. El problema es que por motivos políticos resulte más incómodo aplicar una herramienta como Aula Segura, haciendo uso legítimo de las medidas que dispone la ley, que decidir el cierre de escuelas o suspensión de clases. En definitiva, como ya es costumbre, la política por sobre los niños.

*Magdalena Vergara, IdeaPaís.

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