Una de las más feroces críticas que Tomás Moulian le hacía al Chile Actual de su tiempo en su best seller homónimo era la condición de chivo expiatorio en la que quedaron Manuel Contreras y Pedro Espinoza como autores de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, lo que habría permitido que Augusto Pinochet muriera en impunidad. En el Chile de hoy, tan distinto al que critica con fuerza Moulian, vemos otro tipo de chivos expiatorios. Es cierto que no es comparable la violación de derechos humanos con el no respeto a la ley, el que ya no rija el estado de derecho y que tengamos un desgobierno. Pero en nombre de esta anormalidad, me permito hacer la comparación.
El chivo expiatorio en este caso sería Giorgio Jackson. Frente a cada vez más evidencias de que se ha caído en todo tipo de intervencionismo por parte del gobierno en la campaña del plebiscito, la Contraloría terminó por darle la razón a un requerimiento presentado por dos diputados DC y le “llamó la atención” al ministro por su rol en el acuerdo al que llegaron los partidos de gobierno para consensuar mejoras a la propuesta constitucional.
Varias cosas llamaron la atención de este episodio. Primero, que la actuación de Jackson no fue menor a la que tuvo el Presidente Boric durante las negociaciones. Pero la Contraloría nada dijo de eso.
Tampoco que tras este informe, el gobierno no haya cambiado de actitud ni que nadie haya salido sancionado. Pareciera que el gobierno se mueve en este tema como pez en el agua. Inició la campaña que llamó “informativa” repartiendo miles de textos que descaradamente el mandatario firmaba a quien se lo pidiera, como si éste fuera de su autoría.
Luego se supo de la presencia de Jackson en una actividad también “informativa” en Graneros junto al senador Juan Luis Castro, donde -hablando de los cambios constitucionales que vendrían en el área de la salud- le pidieron que se fuera a una persona por cuestionar el texto en cuanto a que aumentarían las listas de espera, porque se señaló que la actividad no era para los del Rechazo.
Luego, con el dinero de todos nosotros, han llevado a cabo una propaganda televisiva que llama a votar en el plebiscito y aprovechan de desmentir noticias en contra del texto que surgieron durante el proceso, con un claro objetivo hacia el Apruebo.
Entre medio, autoridades de servicios públicos y subsecretarías han tenido que bajar twitters de campaña que exceden sus atribuciones. Y la Controlaría, investigando dentro de La Moneda, sin resultados a la vista. Sólo el “llamado de atención” al chivo expiatorio, que claramente quedará impune.
Tal ha sido la poca respuesta de las instituciones chilenas lideradas por la Contraloría frente al intervencionismo del gobierno, que dos abogados terminaron por ingresar un requerimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para solicitar medidas cautelares en contra del Estado de Chile por infringir nuestros derechos políticos durante la campaña. Derechos que apuntan a la igualdad que tenemos todos frente a la ley en los procesos eleccionarios y que no hemos visto garantizada en el actual, con un gobierno desplegado con todos nuestros recursos a favor de una de las opciones.
Lo más preocupante de todo esto es que tanta intervención y afectación de derechos terminan por quitarle legitimidad una elección tan importante y a un gobierno cada vez más cuestionado.
*Verónica Munita es periodista.