Uno de los temas más controversiales con respecto al fenómeno migratorio tiene que ver con el proceso de expulsión de personas que hayan cometido delitos en nuestro país o no hayan respetado nuestras normas. Esta medida genera grandes pasiones, tanto de quienes las apoyan, con bastante respaldo ciudadano, como de quienes las critican. En este último grupo se encuentran principalmente las organizaciones que defienden la migración sin restricciones, y que hoy asesoran en diferentes ministerios al nuevo gobierno.

Los argumentos a los que aluden para defender la no expulsión son dos: primero que nuestro país debe permitir ingresar a todo extranjero, independiente si entra por un paso no habilitado, y la función del Estado es generar perdonazos o solo gestionar su ingreso; y segundo, que el extranjero que comete delito en Chile es una víctima de la sociedad, por lo tanto, no se le debe expulsar, sino que incentivar a que pueda reinsertarse en nuestro país.

Con estos dos argumentos de base, en la discusión se ocupan ciertas volteretas lógicas, como cuando activistas publican que la tasa de delitos de los extranjeros es menor a la de los nacionales, o que dado que podría existir arraigo con familiares, esta es condición suficiente para que no exista sanción, o que la expulsión debe ser la última causa, por lo que antes se debe dialogar con quienes han cometido delitos graves como estar involucrados en narcotráfico o en situaciones de tráfico de personas. Sobre ello, es completamente cierto que el porcentaje de extranjeros que comete delito en Chile corresponde a una minoría, pero desde la perspectiva social, la cantidad de extranjeros que permanecen en Chile con antecedentes penales debería ser cero. En ese sentido, el problema no es la cantidad de delitos, sino las consecuencias que genera para el país y para la sociedad chilena el que organizaciones, autoridades y activistas busquen evitar las expulsiones y justificar que extranjeros no respeten la ley.

Por el contrario, son dos las principales razones de por qué las expulsiones son necesarias:

La primera es por el impacto para las comunidades migrantes y su relación con los nacionales cuando no se expulsa. Esta se enmarca en la lógica de que normalmente existe una desconfianza hacia lo desconocido, por lo que cuando llega un nuevo vecino, más aún si es de otra nacionalidad y con características socioculturales distintas, genera dudas en la comunidad que lo recibe. El tener la certeza de que quien incumple las normas o comete delito será expulsado del país ayuda a generar confianza en que los extranjeros que están en Chile vienen a aportar y son responsables con su situación migratoria y con su relación con sus territorios.

El segundo hecho que explica por qué las expulsiones son necesarias apunta a las oportunidades de trabajo y el respeto a sus derechos laborales y la reinserción. Un extranjero que ingresa clandestinamente pone en riesgo su vida, por lo complejo del camino, y tiene un alto riesgo de sufrir el abuso a manos de los inescrupulosos coyotes; una vez que está en nuestro país, no podrá obtener una cédula de identidad, lo que dificulta su acceso al trabajo formal y a poder desarrollar sus capacidades. A su vez, el extranjero que comete un delito en Chile, al tener antecedentes penales, no podrá acceder a ninguna de las visas laborales disponibles; por ello, la informalidad o reincidencia en delitos es el camino que eligen. En ese sentido, tanto quien ingresa clandestinamente como quien tiene antecedentes penales, tienen la posibilidad de rehacer sus proyectos de vida o encontrar nuevas oportunidades laborales formales en su país de origen, o en otro país que les entregue visado, de manera de no estar expuestos al potencial abuso por su irregularidad.

Los mismos que están en contra de las expulsiones defienden este último punto al ofrecer perdonazos y visas para todos, pero lamentablemente no se hacen cargo del impacto que tienen en las comunidades esta impunidad y desconfianza, aun sabiendo que son pocos casos los que deben abandonar el país. Esto explica en gran medida, junto con el hacinamiento y la irregularidad laboral, las dificultades de cohesión entre nacionales y extranjeros, especialmente en comunas más populares. Al final, por razones sociales, e incluso humanitarias, las expulsiones son una necesidad, y Chile debe tener una política clara sobre la medida. Por ello, preocupa que el nuevo Gobierno no ha materializado ninguna expulsión y no se vislumbra que sea un tema importante para ellos.

*Álvaro Bellolio es académico y consultor de políticas públicas.

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