La Presidenta Michelle Bachelet y el grueso de la Nueva Mayoría sostuvieron siempre que, al menos en una primera etapa (y probablemente luego sería a perpetuidad), era correcto excluir de la gratuidad en la educación superior a alumnos de igual condición socioeconómica, pero matriculados en instituciones privadas.
Ahí ya teníamos un primer punto que exigía impugnar la gratuidad aprobada originalmente por el oficialismo. Más que un problema de cobertura, del número de jóvenes beneficiados, era un problema ético: dos jóvenes en iguales condiciones sociales, con los mismos sueños y aspiraciones de progreso, tratados por el Estado de distinta manera.
El objetivo fundamental de cierto sector no era asegurar que los jóvenes del 50% más vulnerable tuvieran la oportunidad de terminar una carrera superior, sino establecer una cuña significativa entre las instituciones formadas antes y después de 1981 (CRUCH versus privadas). Tan evidente era ese interés, que a las universidades CRUCH no se les exigía, en la glosa del Presupuesto impugnada por el TC, ninguna de las condiciones impuestas a las privadas.
En el fondo, el gobierno iniciaba así la primera etapa de gratuidad universitaria, no como se lo prometió la Presidenta Bachelet en la campaña de 2013 a los chilenos, sino de acuerdo a una antigua aspiración de la izquierda: fin de las becas, que se entregan a los alumnos (subsidio a la demanda, lo que más irrita a los retroexcavadores del mercado), reemplazándolo por el traspaso de plata directamente a las instituciones (subsidio a la oferta); aislamiento de las instituciones privadas, quitándoles las matrículas con becas y exigiéndoles condiciones diferentes a las impuestas a las universidades estatales; clavar los primeros escalones para reducir la “escandalosa” diversidad y avanzar progresivamente hacia una mayor influencia del Estado universitario en la formación humana y profesional (y los mal pensados dicen que también en la formación política) de las próximas generaciones.
Fue la acción presentada por diputados de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional, el fallo de ese organismo y el acuerdo alcanzado el miércoles en el Congreso, los que detuvieron la ejecución de una política injusta, que dejaba fuera a más de la mitad de los estudiantes del 50% más vulnerable. Y fueron esa cadena de hechos los que permitirán que a partir del domingo 200 mil jóvenes puedan postular a universidades e instituciones técnicas, con una carrera por delante completamente financiada.
Lo que pasó, pasó, dice la canción, pero es importante tener presente, primero, que el gobierno presentó un proyecto de ley corta que mantenía una parte de las condiciones discriminatorias rechazadas por el TC, dejando fuera a todos los alumnos de Institutos Profesionales y CFT. Y, para colmo, que presentó un texto con un error garrafal que, si bien se subsanó en el primer trámite, parece inaceptable viniendo de un Ministerio de Educación que mantiene a 70 asesores únicamente dedicados a la reforma educacional, por un monto mensual total de 180 millones de pesos.
El fallo del TC y los cambios aprobados en el Congreso sientan al menos dos precedentes difíciles de revertir. Primero, la igualdad en el trato del Estado para los alumnos de la educación superior, sin distinción del tipo de institución en el que están matriculados (instituciones que, por lo demás, están sometidas a regulaciones, que si no están dando el ancho entonces hay que corregir). Y, el segundo precedente –que traerá más cola y pataleo– se termina con el poder de veto y la influencia enorme que tuvo hasta esta semana el CRUCH, agrupación que desde ahora probablemente ya no tenga mucho sentido.
¿Cambió de posición la centroderecha? ¿Antes rechazaba la gratuidad y ahora se subió al carro de la victoria?
Chile Vamos ha respaldado, ayer y hoy, el financiamiento de la educación superior para los alumnos más vulnerables y su aumento gradual de cobertura en la medida que los recursos del país así lo permitan (vaya que sí es importante el crecimiento económico, ¿verdad?). Y hemos rechazado antes y ahora la gratuidad universal, que entrega recursos a los alumnos de sectores más ricos y se los quita a otros fines, como la educación básica y media, en donde se origina la verdadera desigualdad de oportunidades.
Muy feliz Navidad a todos ustedes. Y gracias por leerme en un día como hoy.
Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.
FOTO: MARTIN THOMAS/AGENCIAUNO