Si la Constitución propuesta es aprobada, tendremos una lenta agonía en todo Chile. No se trata de una bomba, sino que de muchas bombas que los convencionales se han asegurado que exploten a lo largo del tiempo y en todo el territorio nacional. A pesar de que la política de compra de tierras en la Araucanía ha sido un fracaso, la están expandiendo de la peor manera hacia todo el país, desde Arica a Magallanes.

Cuando en los 90 se creó la política de compra de tierras, había 600 comunidades mapuches reclamando menos de 50 mil hectáreas de deuda histórica avalada por títulos de merced. Hoy se han entregado cerca de 250 mil, las comunidades se han multiplicado hasta las 4 mil y no sólo no llegó la paz, sino que a poco andar surgieron los movimientos terroristas que reclaman más y más territorio y la independencia del Estado de Chile, pero no de sus recursos.

Este problema, que ya se ha traducido en delincuencia, violencia diaria y muertes en cuatro regiones del sur con influencia mapuche, se multiplicará de la mano de otros 10 pueblos originarios (la Convención reconoció un undécimo y, además, a los afrodescendientes). Ellos podrán reclamar recursos y territorios porque el pleno aprobó que se reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas “a sus tierras, territorios y recursos”. Pero consagró además la recuperación vía expropiaciones, señalando su derecho a que “la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general”, criterio éste que justifica la expropiación, pagada “a precio justo”. 

Ni los recursos ni las tierras cuyos derechos podrán disputar fueron definidos por los convencionales. “Se trata de una deuda sin límite entre indígenas y los chilenos que sean requeridos para restitución por uno y otro pueblo”, como señala el convencional Alfredo Moreno. Pueden ser interpelados los pescadores artesanales de caletas reivindicadas por quienes dicen ser changos en la costa norte o que 3 millones de chilenos de los alrededores de los ríos Copiapó, Huasco y Elqui sean demandados por los diaguitas que se consideren dueños de esos cursos fluviales. Puede tratarse de reclamaciones de las minas del norte, o puertos y yacimientos de hidrocarburos en el sur. ¿Podrían los mapuches buscar ser compensados por el  80% no indígena que vive en La Araucanía o reivindicar Santiago, como advirtió una convencional? En todo Chile habitaron indígenas, es cuestión de ir reconociendo a sus supuestos descendientes como pueblos-naciones para que surjan nuevas demandas. 

“¡Las tierras robadas, serán recuperadas!”, coreaban los convencionales indígenas festejando la restitución de tierras como derecho constitucional el día de la votación. Hay 927 comunidades mapuches calificadas para recibir tierras y el Gobierno estaría dándole solución a unas 30 o 35, aumentando y reasignando recursos este año, según anunció la ministra de Desarrollo Social. Jeanette Vega, sin embargo, ya ha recibido presiones de comuneros para reemplazar el lento y burocrático mecanismo de compra de tierras por el de expropiación que quedó instalado a nivel constitucional. Es obvio, como lo han reconocido expertos indígenas, que esta herramienta va a incentivar la ocupación ilegal en todo Chile, la cual, de la mano de la violencia, sólo expande temor, ahuyenta las inversiones y sumerge a la población en la pobreza. 

Los conflictos serán pan de cada día, porque la frustración será proporcional a las expectativas truncadas e inabordables en esta nueva nación definida como plurinacional por la Convención Constitucional. Se levantarán litigios por superposiciones de las autonomías (regionales, comunales, indígenas), de los derechos (indígenas versus los del casi 90% restante); la administración de justicia (los sistemas de los pueblos indígenas versus el Sistema Nacional de Justicia para los demás), o por los escaños reservados en todos los organismos colegiados que rompen con la igualdad ante la ley.  

Proponen la Constitución más indigenista que ningún otro país del continente. Hasta unos días atrás, mencionaba 66 veces la palabra “indígena”, solo 8 veces “chileno” y 13 veces “mujer”. El jueves último faltaron solo 3 votos para que el pleno de la Convención aprobara por 2/3 el derecho a la transhumancia, que permitiría, por ejemplo, a los aymarás o a los mapuches la libre circulación, comercio y compartir todo en sus autonomías indígenas a este lado de la frontera con sus pares de Bolivia y Argentina (el sueño de Evo Morales, ¿llegar el Pacífico?). 

Pero lo claro es que esta Convención se desvió del camino de pagar la supuesta deuda con los pueblos indígenas. Como denunciaron convencionales de centroizquierda, los del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Colectivo Socialista resolvieron dar este gran paso de hundir a Chile en un conflicto eterno y alejarlo del desarrollo por generaciones a cambio de obtener los 17 votos de los escaños reservados para refundar el sistema político.

Alto precio, ¿no? Sobre todo que no habrá gobernabilidad posible en un país incendiado por reclamaciones amparadas por la Constitución. 

*Pilar Molina es periodista.

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