Hay muchas interpretaciones sobre el reciente encuentro de la Presidenta con empresarios en el CEP, las mejores -y curiosamente desde veredas muy distintas, sino opuestas-, de Carlos Peña y del columnista de este medio Gonzalo Cordero en la sección cartas de El Mercurio, que recomiendo porque es uno de los pocos que llama la atención sobre una cuestión tan básica como absurda, a partir de la siguiente aseveración de la Mandataria: las reformas seguirán adelante, incluyendo la constitucional, aunque respetando principios básicos como el derecho de propiedad.
El respeto a la propiedad es consustancial a los derechos del individuo y garantía para el ejercicio de otros derechos y libertades. Lo absurdo es que se destaque el hecho como si fuera el “hasta”, cuando se trata de un “desde”, de un mínimo minimórum. Peor aún, la aseveración incluso se celebra, como si el anuncio se hubiere producido en Cuba.
Días más tarde se aplaude algo -nuevamente- tan elemental como absurdo, cual es la propuesta del gobierno para reformar la constitución por vía institucional, descartándose otras alternativas que, si no están fuera de la legalidad, se sitúan tan al margen como los resquicios legales de Allende. Reformar la constitución dentro de las normas es el mínimo esperable en una sociedad democrática y lo contrario representa el quiebre de la institucionalidad, en cuyo caso mejor ir sacando pasaje a Miami o para donde dé el presupuesto.
Pero la Presidenta no propone algo para ahora sino para el futuro, incierto por lo demás; no fija el contenido, la sustancia, el proyecto de la constitución, sino una metodología para parirla. Mas, no es una vía determinada, sino varias fórmulas posibles, entre ellas la asamblea constituyente, expresión que en mi evoca la Revolución Francesa -que partió muy bien con libertad, igualdad y fraternidad y terminó con mucha gente perdiendo la cabeza, literalmente; y con emperador, elegante forma de aludir a un dictador auto coronado-.
Entonces, sin saber cómo ni cuándo se re garantizará la propiedad en la nueva constitución y tampoco el método para generarla, con el fantasma del populismo tras el asambleísmo no descartado, lo único que tenemos hoy es certeza de la incertidumbre. Y nada peor para el estado de derecho, la democracia y la economía que la falta de seguridad. Las leyes, aun las malas, permiten saber a qué atenerse y actuar en consecuencia; el indispensable “rayado de cancha”.
A esta altura, se preguntará Ud., ¿cuál es el papel de los impuestos? Muy importante, ya que los tributos afectan precisamente el derecho de propiedad, en tanto por su intermedio se priva a los ciudadanos de parte de su renta y riqueza para sufragar los gastos del Estado y las políticas públicas, lo que es propio de una sociedad organizada. Como alguien dijo, los impuestos son el precio de la civilización.
Pero cómo se asegura que el precio sea justo. Es la constitución la que debe deslindar la tensión entre fuerzas opuestas: la legítima necesidad de financiamiento estatal y este derecho humano fundamental. La nuestra lo hace y muy bien.
Garantiza que solo por ley se podrá imponer, suprimir y condonar tributos, donde la iniciativa corresponde exclusivamente al Presidente, lo que se condice con la responsabilidad del Ejecutivo frente a la política económica. De lo contrario, y como ocurrió en el pasado, nos llenaríamos de impuestos locales y/o absurdos, que responden al interés electoral de quienes los proponen en las cámaras o resguardan intereses sectoriales.
De otro lado, los impuestos no pueden afectarse a fines específicos, salvo excepciones muy calificadas. La recaudación va a las arcas generales de la nación y otra ley, la de Presupuesto, asigna su inversión y gasto. Todo ordenado.
La ley en ningún caso podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, con lo que se asegura que no resulten expropiatorios ni se empleen con fines confiscatorios. En caso de discrepancia, como corresponde a la solución civilizada de conflictos, los tribunales deberán trazar la frontera concreta de la garantía.
Finalmente, se asegura la igual repartición de los tributos, en la proporción a las rentas -lo que descarta nuevos impuestos al patrimonio- o en la progresión o forma que fije, nuevamente, la ley, lo que permite la redistribución del ingreso.
Esas son las garantías actuales de los impuestos y también de la propiedad. En este estado de incertidumbre, ¿se mantendrá ese mínimo? Hay agencias de viaje abiertas hoy, si Ud. arribó a cierta conclusión.
Pedro Troncoso, abogado.
FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO