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Publicado el 04 de agosto, 2020

Cecilia Cifuentes: Si antes de la pandemia el reparto era malo, ahora es peor

Si el mundo laboral cambia vertiginosamente, también deberían cambiar las políticas. El ministro de Hacienda ha sugerido una forma novedosa de resolver el problema, estableciendo cotizaciones vinculadas al gasto de consumo, con la gran ventaja de que se podría sumar al creciente número de trabajadores independientes.

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Los datos de los primeros días muestran que casi un 70% de los afiliados ha solicitado su retiro, en un monto equivalente para el promedio de los afiliados a un 40% de su ahorro individual, con un daño significativo en las futuras pensiones. De hecho, hasta la fecha 700 mil afiliados han retirado el total de sus ahorros para jubilación. El costo fiscal será también muy elevado, no sólo por los US$ 1.000 millones que esta reforma entrega a los sectores de más altos ingresos producto de la insólita exención tributaria, sino también por los mayores gastos del pilar solidario previsional, que deberán compensar parte de los retiros para el 60% más pobre de la población, tanto los actuales como los futuros jubilados. En total, esta reforma implica recursos fiscales por cerca de US$ 6.000 millones (la mitad del ya fenecido Acuerdo Covid). Aunque para muchos esto ha generado un alivio en las urgencias de corto plazo, y de paso ha mostrado que las AFP hacen bien su trabajo, nos enfrentamos ahora a una situación más dramática en el que es el problema N°1 de acuerdo con la encuesta CEP: las bajas pensiones.

Con ese problema en mente, se ha retomado en el Congreso la discusión de la reforma previsional, que ya lleva más de una década de atraso respecto a las falencias que desde una mirada técnica son obvias hace tiempo: ahorramos una cantidad reducida, por un número insuficiente de años y además con lagunas respecto a la necesidad de cotizar. Sólo el primer aspecto está siendo considerado en la reforma en discusión, que además gasta muchos artículos en aspectos que no mejoran las pensiones, sino que se hacen cargo de las abundantes consignas que rodean esta discusión. Pero además la oposición está presionando fuertemente para que el aspecto de la tasa de cotización se resuelva en forma equivocada, con los seis puntos porcentuales de aumento destinados a un sistema de reparto, eufemísticamente llamado “sistema de ahorro colectivo solidario”.

No vale la pena gastar líneas en plantear que un sistema de reparto es inviable desde el punto de vista demográfico, ya se ha escrito demasiado sobre eso, esa era la razón principal para que antes de lo que estamos viviendo la idea del reparto fuera mala. Pero ahora esa propuesta es mucho peor aún. La pandemia está significando un impulso muy significativo a la transformación del mercado laboral, no sólo porque acelera la automatización de procesos (los robots no se contagian), sino también porque los propios trabajadores encuentran otras formas de trabajo independiente, mucho más flexibles y que permiten mejor calidad de vida. Ya antes de esta crisis el trabajo formal, con dependencia absoluta de un empleador que se encarga de cotizar por sus trabajadores, representaba menos de un 60% del mundo laboral. Es indudable que seguirá perdiendo importancia, y a mayor velocidad aún si es sólo este grupo de trabajadores el que se tiene que encargar de financiar las pensiones de ellos y del resto. Parece no sólo injusto, sino también inviable. Sería un error evidente que el país optara en este momento por establecer impuestos elevados al trabajo formal, otra muy mala política pública, sumándose a varios errores graves que se han cometido a partir de 2014, y que hemos pagado muy caras en términos de desarrollo.

¿Cómo mejoramos las pensiones entonces, dado que ese objetivo sigue siendo clave? Si el mundo laboral cambia vertiginosamente, también deberían cambiar las políticas. El ministro de Hacienda ha sugerido una forma novedosa de resolver el problema, estableciendo cotizaciones vinculadas al gasto de consumo, con la gran ventaja de que se podría sumar al creciente número de trabajadores independientes. Es factible también que para aquellos sectores de bajos ingresos, estas cotizaciones sean devueltas por el Estado a través de subsidios directos. Dicho de otra forma, cotizaciones directamente pagadas por el Estado en función de los niveles de consumo. El mensaje implícito parece adecuado, en el sentido de establecer que debe existir una vinculación más estrecha entre las decisiones de consumo presente y consumo futuro. Aunque no se trata de reemplazar el sistema de capitalización, un mecanismo de este tipo podría ser un aporte muy valioso al necesario ahorro para le vejez.

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