He sido pesimista sobre el devenir de Chile desde que se conoció el programa de gobierno de Bachelet II, y lamentablemente, los resultados han sido peores a los que en cada momento he ido previendo. Percibo que hace varios años entramos en un túnel caracterizado por políticas públicas deficientes, basadas en consignas más que en evidencia y análisis técnico, junto con un debilitamiento paulatino y constante del Estado de Derecho. Pero más allá de ese deterioro económico e institucional, un ingrediente adicional fue el quiebre de la amistad cívica, que se inició con el primer gobierno de Piñera. Como ha dicho muchas veces el sociólogo Max Colodro, la izquierda, o parte importante de ella, no toleró que la derecha pudiera acceder al poder en 2010, volcándose contra sus propias políticas, para luego, con el retorno de la derecha a La Moneda en 2018, estar incluso dispuesta a derrocarla. Sólo la entrega de la Constitución logró darle una salida institucional a una crisis que ha mostrado evidentes características revolucionarias.
Como resultado de este largo proceso de deterioro institucional, estamos terminando con un proyecto de Constitución que, de aprobarse, significaría un precipicio para Chile. Y pareciera ser que esa vista del precipicio nos podría permitir recuperar dos condiciones esenciales para salir de esta crisis que enfrentamos: la amistad cívica y ciertos consensos institucionales mínimos. Es esto lo que me permite visualizar algunos rayos de luz dentro del túnel. Y no se trata de pensar que tengamos un camino fácil hacia adelante; el Apruebo en el plebiscito de septiembre es entregar el país no a una nueva Constitución, sino a un completo programa de gobierno de izquierda radical e indigenista, que amenaza la democracia. El Rechazo presenta también enormes desafíos, especialmente en materia de liderazgo político para seguir buscando una salida. Sin embargo, es posible mirar con cierto optimismo algunos elementos políticos claves para encauzar el proceso, que tienen que ver con la convergencia hacia el centro del mundo político, acercándose hacia el sentir mayoritario de la ciudadanía.
El primero de esos elementos es ese ¡basta ya! de la izquierda socialdemócrata a los evidentes excesos de la izquierda radical en la propuesta constituyente. Esa misma condena que pareció demasiado tímida frente a los excesos de la violencia y el terrorismo en el gobierno anterior, ahora se hace nítida, lo que sin duda es un acto de coraje, y que ha tenido para muchos altos costos políticos. El segundo elemento positivo es la clara disposición de la derecha a renunciar a parte de sus preferencias en materia constitucional, en la búsqueda de acuerdos más amplios, que permitan que el país siga siendo viable institucionalmente. Y en el medio de ambos, la reducción del quórum para modificar la Constitución vigente es la prueba más clara de esta positiva convergencia hacia el centro.
Me siento identificada con esta apertura de la derecha, y creo que el imaginarnos cómo sería nuestro país bajo una Constitución extrema y partisana nos hizo de alguna forma empatizar con aquellos sectores que pensaban que la actual Constitución iba más allá de definir un marco institucional, en que las políticas públicas se determinen por el juego democrático. Tenemos que crear ahora ese marco institucional amplio, que se identifica con la idea de una Constitución más bien minimalista, aunque con una clara división de poderes y controles cruzados entre ellos, e igualdad frente a la ley. Es un proceso complejo, que exige mucho liderazgo, diálogo y generosidad, ingredientes muy escasos en Chile en la última década, pero que han empezado a emerger en estos meses.
En caso de que gane la opción Rechazo en el plebiscito, el poder constituyente vuelve al Congreso, que deberá definir el camino para resolver el problema constitucional. No tiene mucho sentido a estas alturas del proceso empezar a plantear alternativas, y debería ser suficiente para los ciudadanos tener certeza de que se seguirá un camino institucional, y esta vez sí, con una clara condena a fenómenos insurreccionales, que nunca se debieron haber tolerado. Son los actuales líderes políticos los que deben estar a la altura para buscar una salida dentro de cauces democráticos e institucionales. Si no, pasarán a la historia por su irresponsabilidad con nuestro país.
*Cecilia Cifuentes es economista, ESE Business School.