Partamos por una verdad incuestionable: necesitamos una reforma previsional que mejore las pensiones. Además de esta realidad, otras dos más son importantes de tener en cuenta. Primero, este es un problema mundial, que se origina en un gran aumento en la expectativa de vida, junto con una caída de los retornos de largo plazo. Se hace muy necesario prolongar la vida activa y/o ahorrar más. Segundo, tenemos un serio problema de educación previsional, que se ve agravado por los muchos mitos que rodean esta discusión. Muchas de estas falsedades son generadas y alimentadas por el mundo político, a mi juicio el principal responsable del problema que tenemos.
Miremos cuáles son los mitos: “El sistema no es solidario”. Falso. Nuestros impuestos contribuyen a través del pilar solidario con las pensiones de más de un millón y medio de pensionados, de los cuales, un millón trescientos mil son pensionados por vejez y doscientos cincuenta mil son pensionados por invalidez, quienes reciben en promedio, a cuenta de todos los contribuyentes, $90.000 mensuales ¿Por qué se dice que el sistema no es solidario entonces? Simplemente porque para la izquierda sólo se considera solidario un sistema que es financiado con cotizaciones. Estamos hablando de un impuesto a los trabajadores formales, que además tiene tope para las rentas altas, es decir, un impuesto ineficiente e inequitativo.
Segundo mito: “Las AFP´s lo han hecho muy mal”. Lo cierto es que han cumplido con creces el mandato legal que se les dio: administrar los recursos en forma responsable, con una adecuada combinación de riesgo y retorno. De cada $3 acumulados en el fondo, casi $2 provienen de los retornos generados por las administradoras, y hasta ahora nunca se ha producido un desfalco o algo parecido. Es efectivo que hubiera sido mejor que cumplieran un rol más significativo en educación previsional (ahora lo están haciendo), pero también lo es que los reguladores tienen mayor responsabilidad en ese tema, y tampoco lo hicieron.
¿Podrían ser más bajas las comisiones que cobran la AFP? Ya vimos que cuando una AFP la bajó en forma significativa (a 0,41% de la remuneración imponible) resultó ser un nivel insostenible desde el punto de vista financiero.
Tercer mito: “Las administradoras de fondos de pensiones obtienen rentabilidades muy altas para sus dueños”. En promedio en los últimos años la utilidad sobre patrimonio bordea un 12%, inferior a las de la banca, por ejemplo, e inferior a la que tiene el administrador único de los fondos de cesantía. Es cierto que el sistema financiero tiene en general rentabilidades elevadas, probablemente porque sus condiciones de regulación lo hacen menos competitivo. La excesiva regulación de este sector tiene un fundamento claro en la necesidad de evitar los riesgos de crisis financiera, pero con un costo en términos de competencia. Se suma además el hecho de que los productos financieros suelen ser más complejos para la población, lo que es una restricción adicional a la competencia. La educación financiera es el camino correcto para atenuar este problema.
Cuarto mito, relacionado al anterior: “Las comisiones que cobran las AFP´s son muy altas”. ¿Altas con relación a qué? Son inferiores a las que cobra la gran mayoría de administradores de activos financieros y muy similares, si se mide en la misma forma, a la que cobra el administrador de seguros de cesantía. ¿Podrían ser más bajas? Ya vimos que cuando una AFP la bajó en forma significativa (a 0,41% de la remuneración imponible) resultó ser un nivel insostenible desde el punto de vista financiero. La última licitación se ganó con una comisión de 0,69%.
Quinto mito: “Las jubilaciones se calculan con expectativas de vida de más de 100 años, y con eso les extraen recursos a los pensionados”. Este mito parte de confundir las tablas de mortalidad, que se usan con efectos probabilísticos para estimar el retiro programado en función de los años de vida efectivos del jubilado. Si en este caso quedan fondos luego del fallecimiento, estos son recibidos por los herederos. En el caso de las rentas vitalicias son las compañías de seguro las que en forma libre y competitiva ofrecen sus alternativas a las personas que se pensionan por esta modalidad.
Nada muy bueno puede salir de una legislación fundamentada en falsedades.
Sexto mito: “En este sistema el total del aporte es de cargo del trabajador, el empleador no aporta nada”. Esto es falso por varias razones. Primero, la ley establece que el empleador paga el seguro de invalidez y sobrevivencia. Pero más importante que eso, en un sistema de capitalización los aportes no son “de cargo de”, sino que son recursos de los trabajadores para ellos mismos, son “su” ahorro. Además, quién lo paga finalmente no depende de lo que diga la ley, sino de las elasticidades de oferta y demanda por trabajo. El proyecto de ley en discusión establece que el aumento de cotización será de cargo del empleador, pero es muy probable que termine siendo pagado por los trabajadores a través de menores reajustes salariales y/o menor contratación.
Séptimo mito: “El D.L. 3.500 prometió una tasa de reemplazo de 70%”. El decreto que creó el actual sistema de capitalización no se refiere en ninguna parte a tasas de reemplazo. Lo que sí es cierto es que con la expectativa de vida y los retornos de ese entonces, junto con una elevada tasa de densidad y cotizando por el total de la remuneración, era posible lograr esa tasa de reemplazo.
Por último, y siendo cierto que las pensiones son bajas, no es efectivo que nuestros adultos mayores vivan en general situaciones dramáticas. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del Adulto Mayor (ENCAVIDAM), sólo un 18% de los adultos mayores considera su situación económica como mala, un 77% se declara satisfecho con su vida, sólo un 13% considera su estado de salud como malo y un 88% no presenta deterioro cognitivo. Esta encuesta también muestra que extender la vida activa sería positivo. Del 38% que trabaja, un 86% está satisfecho con su trabajo. No sólo trabajan por mejorar su pensión.
Lo grave es que muchos de estos mitos están en el centro del actual debate y son incorporados de alguna manera en las reformas que se quieren aprobar. Nada muy bueno puede salir de una legislación fundamentada en falsedades.