Una de las razones que creo más importantes para explicar el pobre desempeño económico de Chile en los últimos años, es haber dejado de hacer buenas políticas públicas, basadas en consensos técnicos, con un equilibrio razonable entre equidad y eficiencia, y además sostenibles fiscalmente. Lo que está ocurriendo con la Pensión Garantizada Universal (PGU) es el ejemplo más reciente de lo que planteo, aunque este deterioro en la calidad de las políticas públicas se hizo patente en el segundo gobierno de Bachelet, y ha llegado al paroxismo en los dos últimos años. Además de muy malas reformas explicadas en el parlamentarismo de facto, se suma ahora el poco presentable apuro del gobierno por lograr que una idea que había alcanzado bastante consenso sea parte de su legado.

Y no se trata de que la PGU sea una mala política per se, de hecho, creo ser una de sus principales promotoras, ya que bien diseñada y financiada puede incentivar la formalidad laboral y el ahorro previsional, dos objetivos muy valiosos y necesarios. Sin embargo, la propuesta del gobierno parece excesivamente generosa, por lo que obviamente generó dudas muy legítimas sobre su sostenibilidad en el tiempo. Recordemos que hace dos años atrás la Pensión Básica Solidaria se había aumentado en 50%, por lo que parecía más prudente mantener esa cifra para la PGU, lo que habría generado un menor costo de US$ 300 millones. También parecen muy elevados los topes de pensión autofinanciada que dan derecho a PGU, considerando que todos aquellos con pensiones inferiores a $630.000 obtienen la totalidad de la PGU, recibiendo montos decrecientes hasta una pensión autofinanciada de $1.000.000, que es sin duda una muy buena jubilación. Por último, podría haberse establecido que la entrega de este beneficio quedara indexada a la expectativa de vida, lo que no sólo hubiera moderado el costo fiscal, sino también habría incentivado la prolongación de la vida activa, aspecto en el que sabemos que estamos muy al debe.

La oposición ha sido parte de los que han cuestionado el financiamiento de la política, lo que resulta llamativo, considerando que la propuesta del gobierno electo en esta materia es mucho más generosa aún. La incoherencia del discurso opositor no se queda sólo en eso, ya que además ha presionado por la entrega de más beneficios aún, encareciendo el costo fiscal del proyecto. El gobierno, apurado por su aprobación, ha cedido rápidamente a las mayores exigencias de gasto, a pesar del reconocido déficit en el financiamiento.

¿Y cuál termina siendo el resultado de esta falta de prudencia para legislar? Una nueva alza de impuestos (la segunda de un gobierno cuyo programa proponía bajarlos), sin los necesarios estudios y gradualidad que hubiera sido recomendable. Pero, además, para darle en el gusto al populista discurso anti ricos, se introducen impuestos que recaudan muy poco, pero que vuelven a esa lógica sesentera de buscar un nuevo impuesto para cada nuevo beneficio que se quiera entregar.

¿Son pocos los que tienen propiedades de más de $900 millones, yates, helicópteros y autos de lujo? ¿No hagamos tanto escándalo? Esperemos un poco, y terminaremos con impuestos extras a las segundas viviendas de determinado valor, las piscinas con jacuzzi incorporado, los pasajes a destinos exóticos, y todo lo que da la amplia imaginación de los políticos cuando quieran otorgar beneficios. El resultado: un sistema tributario imposible, que no sólo afecta las decisiones de inversión, sino que distorsiona todas las decisiones de consumo y producción, y que, como resultado, jamás recauda lo que necesita. El déjà vu tributario es inevitable.

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