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Publicado el 14 de enero, 2020

Cecilia Cifuentes: La crisis hasta ahora: Más de $2.000.000 menos promedio por hogar

Redistribuir no resolverá las demandas sociales. A riesgo de parecer majadera (llevo años diciéndolo), estos números confirman que el crecimiento económico es la mejor política social, y además la única sostenible en el tiempo.

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Como un balde de agua fría cayó el reciente anuncio de la Dirección de Presupuestos sobre el efecto de la crisis en las arcas fiscales. Nada menos que US$3.000 millones se dejarían de recaudar producto del menor crecimiento de 2019 y 2020. Esta cifra es un 50% mayor de lo que se obtendría de la reforma tributaria en discusión, y puede ser más, ya que algunos expertos han plateado que los US$2.000 millones de esta reforma estarían sobreestimados. Es bastante insólito lo que ocurre, nos estamos autoinfringiendo una crisis que daña fuertemente las posibilidades de resolver una de las causas de la misma: las demandas sociales.

Esto me hace recordar que el gobierno de Bachelet II subió fuertemente los impuestos con el objetivo de recaudar un 3% del PIB para “comprar paz social”. Podríamos ahora demandarla por publicidad engañosa. Fue tan fuerte el impacto negativo en la economía, que, además de la ausencia de esa paz social, nos heredó promesas de derechos sociales y de igualdad muy difíciles de cumplir. Y otro dato bastante sorprendente: si no se hubiera implementado ese fuerte aumento de impuestos (y otras malas reformas de esa administración), y el país hubiera seguido creciendo a un ritmo en torno a 4%, hoy el gobierno contaría con US$4.000 millones adicionales, más del doble de lo que cuesta la significativa mejoría del Pilar Solidario. Entonces podríamos satisfacer también demandas en el área de la salud y de políticas para los jóvenes que no estudian ni trabajan, muchos de los cuales se están dedicando a destruir el país.

Pero eso no es todo ¿Cuánto nos ha costado hasta ahora este estallido de violencia que ha puesto en jaque el Estado de Derecho? Si lo medimos por la caída en el crecimiento del PIB entre 2019 y 2020 respecto a lo que se estimaba antes de la crisis, estamos hablando de cerca de US$15.000 millones perdidos. Si medimos la pérdida del PIB producto del aumento del tipo de cambio (descontando la mejoría que se produce para los exportadores) llegamos a US$20.000 millones. Son cifras altísimas que, divididas por el número de hogares, nos llevan a una pérdida superior a $2.000.000 promedio por hogar. Y por supuesto, si hacia adelante el país no recupera una tasa de crecimiento razonable, estas cifras se multiplicarán. Es cierto que esos recursos no se distribuyen en forma pareja, pero incluso para el 10% más pobre, la pérdida por hogar es cercana a $500.000, y para el quinto decil llega a $1.500.000, montos que difícilmente se pueden lograr a través de incrementos en el gasto social.

“No importa”, dicen algunos, “todo vale si logramos un país más equitativo, si logramos que los que más tienen entreguen parte de sus privilegios”. Bueno, entonces pongamos números también a esa redistribución vía impuestos y menores utilidades de las empresas. De acuerdo a la CASEN 2017, el ingreso total por hogar del 10% más rico equivale en pesos de hoy a $3.400.000 mensual. Si logramos que los más ricos entreguen en promedio un 10% de su ingreso en mayores impuestos y menores ingresos del capital (lo que no es fácil, implica un esfuerzo importante de alza de impuestos) y repartimos ese ingreso entre el 90% de los hogares restantes, significa que cada hogar podría tener un ingreso adicional de $37.000 mensual, esto bajo el supuesto poco realista de que el alza de impuestos y las menores utilidades no afecten negativamente los incentivos a invertir o a buscar formas de eludir los mayores tributos ¿Logra una familia con esa cifra un cambio importante en su situación, de tal manera de sentir satisfechas sus demandas? Por supuesto que no, de hecho, los propios parlamentarios de izquierda encontraron totalmente insuficiente la propuesta inicial del gobierno para el subsidio estatal de ingreso mínimo garantizado, de $49.000, que llegó a $59.200, y que se sigue considerando insuficiente. La pensión básica también aumentó en un monto de ese orden, que sigue pareciendo muy bajo a los políticos pro redistribución.

Sin duda entonces, redistribuir no resolverá las demandas sociales. A riesgo de parecer majadera (llevo años diciéndolo), estos números confirman que el crecimiento económico es la mejor política social, y además la única sostenible en el tiempo.

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