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Publicado el 16 marzo, 2021

Cecilia Cifuentes: ¿Estatizar la minera privada? Mejor privatizar Codelco

De acuerdo con las cifras oficiales, en la última década los impuestos pagados por las diez mayores empresas privadas suman US$24.500 millones, mientras que los aportes de Codelco (incluyendo la Ley Reservada) suman US$22.400 millones, lo que muestra que el aporte de la minería privada al fisco es superior.

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Todavía están vigentes los efectos del auge y caída del precio del cobre en el reciente ciclo de los commodities entre 2003 y 2012, el cual, si bien nos dejó un stock de ahorro que nos ha ayudado a enfrentar la actual crisis, fue traduciéndose en un impulso fiscal imposible de revertir cuando el precio empezó a caer. Una de las lecciones que nos debería haber dejado ese boom es que no debemos entusiasmarnos mucho con las alzas del cobre, al menos hasta no tener mayor seguridad de que no se revertirán en forma posterior. Sin embargo, en estos meses se ha hecho evidente que muchos no aprendieron esa lección, y que bastan algunos meses de precio atractivo, para que surjan todo tipo de propuestas del mundo político, ávido de recursos para repartir a su antojo.

Pero como ya tenemos impuestos bastante altos a las empresas, y además existe el royalty para captar parte de las rentas transitorias, la creatividad empieza a ir más allá, y vuelven a surgir planteamientos de nacionalizaciones y estatizaciones “¡Pero si eso fue genial!”, dicen algunos, “nos quedamos con todos los beneficios, sin costo, por algo fue apoyado por el Congreso pleno en 1971”. ¿Es eso cierto? Por supuesto que no, el costo fue muy elevado, años sin recibir flujos de inversión externa, que hicieron necesario en forma posterior establecer una muy rígida normativa de inversión, asegurando que no se vulneraría nuevamente el derecho de propiedad.

Los beneficios de haber vuelto a recibir inversión minera están a la vista, más del 70% del cobre producido en Chile proviene de esas inversiones, los gobiernos históricamente jamás habrían tenido el capital necesario ni el acceso a crédito para llevar a cabo esas cuantiosas inversiones. Basta mencionar que, de acuerdo con las cifras del Banco Central, entre 2008 y 2018 la inversión minera en el país sumó US$140.000 millones, cifra que no hubiera sido factible sin la participación de inversionistas privados, y que además se tendría que haber restado de programas sociales. Son evidentes, por otra parte, los enormes beneficios que ha recibido el país producto de que las condiciones institucionales y económicas hicieron posible un monto de recursos de esa magnitud, que equivalen a más del 20% del total invertido en Chile, a pesar de que la minería representa menos de un 10% del PIB.

Lo anterior se reconoce, pero se plantea que esta actividad deja pocos recursos para el fisco. Eso tampoco es correcto al mirar los datos. De acuerdo con las cifras oficiales, en la última década los impuestos pagados por las diez mayores empresas privadas suman US$24.500 millones, mientras que los aportes de Codelco (incluyendo la Ley Reservada) suman US$22.400 millones, lo que muestra que el aporte de la minería privada al fisco es superior. Se argumenta entonces que el aporte de Codelco por tonelada producida es mayor, pero ese no es un punto válido, por cuanto el fisco es dueño de Codelco, y para recibir ese flujo de recursos debe financiar inversiones. La opción de usar sólo deuda no parece viable, y también reduce el flujo a recibir, por las amortizaciones de esa deuda. De hecho, en la última década, las capitalizaciones del fisco a Codelco suman cerca de US$6.000 millones, lo que significa que el aporte neto de recursos ha sido bastante menor. En cambio, la tributación de la minería privada la recibe sin invertir un peso, ni correr tampoco los riesgos.

Pareciera entonces que la mejor decisión no es para nada estatizar la minería privada, sino privatizar Codelco, lo que podría ser un excelente negocio para el Estado y todos nosotros.

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