La izquierda suele tener, a mi juicio, una capacidad admirable para instalar falsedades en la opinión pública, situación que ha sido la tónica de su discurso crítico en la última década. Lo grave es que esas falsedades, una vez instaladas, han llevado a la implementación de políticas públicas que nos han hecho mucho daño. Así ocurrió con las reformas del segundo gobierno de Bachelet, basadas en consignas sin sustento en la realidad, y que terminaron en políticas erradas, las cuales, en vez de avanzar en los objetivos buscados, nos hicieron retroceder.
Así ocurrió también con el discurso que se instaló después del estallido de violencia, y así ha seguido ocurriendo con la permanente crítica de la oposición a las políticas que el gobierno ha implementado para enfrentar la pandemia, y con las justificaciones para aquellas promovidas por los parlamentarios, como los nefastos retiros de fondos de pensiones, y las que se siguen discutiendo, a pesar de opiniones fuertemente adversas de expertos de variadas tendencias.
La oposición ha logrado ahora instalar el mito de que las ayudas fiscales han sido muy mezquinas; todo les parece poco a aquellos que no tendrán que afrontar los costos, pero que perciben que su gran generosidad con lo ajeno les puede ayudar en términos electorales. Se podría decir que es la actitud esperable de los políticos, pero es fuertemente condenable cuando se sustenta en falsedades. Objetivamente, las ayudas han estado lejos de ser mezquinas, como lo muestra no sólo la evidencia comparada, sino también la información agregada de la situación de las familias. Puede ser cierto que en lo micro muchas personas han enfrentado y siguen enfrentando situaciones muy complejas, pero que no se explican por esa supuesta mezquindad del gobierno, sino por problemas más estructurales, como las debilidades de gestión del aparato estatal, y el elevado porcentaje de informalidad que aún tiene nuestra economía. Son aspectos que ningún gobierno ha sabido enfrentar adecuadamente, y sobre los cuales no corresponde culpar al actual.
Veamos las cifras; de acuerdo con los datos del FMI, las ayudas fiscales en Chile, tanto de aumento de gastos como de postergación de ingresos, representan un 10% del PIB, lo que ubica a nuestro país en la posición 10 del mundo en esta materia y número 1 dentro de los países en desarrollo, con un nivel de apoyo muy similar al de Alemania, superior a gran parte de los países europeos. Definitivamente, es poco serio decir que esto es mezquino, y que la falta de ayudas hizo inevitable recurrir a los ahorros previsionales, agravando uno de los problemas más complejos que tenemos
¿Qué ha ocurrido con esos recursos, que de acuerdo con la oposición eran necesarios para evitar el hambre de la población? El último IPoM del Banco Central nos muestra que más de un 60% (US$ 21.000 millones) se mantiene en activos financieros, es decir, no se han gastado (US$ 12.500 millones están depositados en cuentas corrientes y a la vista). Por otro lado, en el último año el dinero circulante ha aumentado en más de US$ 7.000 millones, por lo que si algo se puede afirmar es que en el agregado las personas tienen actualmente una liquidez significativa. Lamentablemente, un monto muy reducido (algo más de un 5% de los retiros) ha sido destinado a ahorro de largo plazo, compensando el menor ahorro previsional. ¿Será que todos esos recursos líquidos son del 10% más rico? Imposible, porque los retiros tenían tope, y además el segundo obligaba a tributar a los sectores de altos ingresos, por lo que probablemente muchos no lo hicieron. Podemos decir taxativamente entonces que no existe a nivel agregado un problema grave de falta de recursos para sobrevivir. Me dirán entonces que ese es el problema de los promedios, y que sin duda hay situaciones dramáticas. Seguro que sí, pero entonces es totalmente razonable que las ayudas sean focalizadas como plantea el gobierno, ya que la universalidad no sólo no se justifica, sino que además esa sí que la terminamos pagando todos.