Mi columna del mes pasado llevó por título “2023: Annus horribilis para Boric”, y efectivamente nos espera un año muy complejo. El último World Economic Outlook del FMI bajó la estimación de crecimiento mundial a un 2,7%, el resultado más malo desde 2001 si se deja fuera la crisis subprime y la pandemia. América Latina crecería menos que el mundo, 1,7%, siendo Chile el peor país de la región, con una caída de 1%, la cuarta cifra más baja del mundo, después de Guinea Ecuatorial, Sri Lanka y Rusia. Resulta evidente entonces que esta es una crisis principalmente autoinflingida, considerando que en la década 2010-19, el crecimiento de Chile (3,3%) fue algo inferior al del mundo (3,7%) y superior al de América Latina (2,0%). Más grave aún es el hecho de que este mal resultado no es un problema transitorio; de acuerdo con el FMI, entre 2024 y 2027 Chile crecería a una tasa 2,3%, con un mundo creciendo a una tasa de 3,3%. Lo haríamos peor que América Latina incluso, que crecería a una tasa de 2,5%. 

En materia de inflación, tampoco estamos mucho mejor. Entre 2022 y 2023 la inflación mundial bajaría de 9,1% a 5,1%, en América Latina, de 14,6% a 9,5% y en Chile, de 12,2% a 6,2%, a pesar de que somos el único país de la región en tener una caída del PIB. 

Ya no se trata de fríos números que sólo nos importan a los economistas, lo cierto es enfrentamos una situación muy compleja para el bolsillo de las familias; los precios de los bienes seguirán subiendo, mientras aumenta la tasa de desempleo, con una situación de liquidez que ya en septiembre resultaba equivalente, en términos reales, al nivel previo a los retiros a mediados de 2020. La fiesta definitivamente se acabó, y ahora además estamos pagando la elevada cuenta que nos dejó. La única forma de salir del problema es volver a hacer las tareas como corresponde: crecimiento, productividad, certeza jurídica y seguridad pública son ingredientes indispensables para que las familias puedan resolver sus carencias, ingredientes que lamentablemente no sólo están ausentes, sino que además difícilmente estarán si el gobierno insiste en aplicar intacto su programa de gobierno. Sin apoyo parlamentario, lo que estamos viendo es que no sólo se ha retrasado la presentación de las reformas, sino que su aprobación se ve difícil. ¿Estamos entonces frente a una situación de inmovilismo, un país estancado, en que tendremos que esperar que en el futuro se recupere la desprestigiada política de acuerdos amplios, con sustento técnico, único camino para salir adelante? Ese podría ser el escenario, pero es relativamente benigno frente a los riesgos que ese inmovilismo puede generar a nivel político. 

El mayor riesgo en el corto plazo, que ya se insinúa en el discurso de algunos parlamentarios, es retornar a la política de los retiros de fondos de pensiones, sin duda una de las causas principales de la crisis que enfrentamos hoy. Los retiros finalmente actúan como una droga, generando bienestar en el corto plazo, cada vez más efímero, pero destruyendo las bases económicas e institucionales del progreso. El presidente, que fue un fuerte impulsor de esta nefasta política, dice ahora que no la apoyaría nuevamente. Es clave que se mantenga en esa posición, ya que de lo contrario firmará la sentencia de muerte no sólo de su gobierno, sino de la posibilidad de que Chile pueda retomar un camino razonable. Ceder a las presiones por más retiros es darle trago a un alcohólico, empujarlo al precipicio. Los efectos negativos de volver a inyectar liquidez en forma masiva serían esta vez mucho más rápidos; las alzas de precios, del tipo de cambio y de las tasas de interés no se verían en meses, sino en semanas o días. Pensando en Chile, y especialmente en los sectores más vulnerables, sin ninguna duda los más afectados por el populismo parlamentario de estos años, es de esperar que Pamela Jiles no tenga los votos para continuar su proceso de destrucción. Ya se demostró claramente que las advertencias en contra de los retiros no eran el “cuento de Pedrito y el Lobo”, como planteaba un conocido periodista. Ojalá esta vez los políticos no hagan oídos sordos a los economistas.  

*Cecilia Cifuentes es economista, ESE Business School.

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