Uno de los escasos aspectos positivos que pudo mostrar el ministro Marcel en su reciente visita a Nueva York fue la importante mejoría de las cuentas fiscales. En efecto, luego de dos años de fuerte deterioro, producto de la pandemia en 2020 y de los IFE en 2021, el actual ha sido un año de consolidación. Hasta el mes de julio, el gasto del gobierno central registró una caída de 19,6% en términos reales, mientras que los ingresos aumentaron un 29,3% respecto a enero-julio de 2021, lo que permitió que en los primeros siete meses se generara un superávit fiscal de más de un 3% del PIB. Es un logro importante, el ministro de Hacienda ha mostrado el liderazgo suficiente como para, hasta ahora, evitar las presiones por mayor gasto. Sin embargo, la situación se hace bastante más difícil para adelante, veamos por qué. 

Lo primero es que el segundo semestre del año en curso ya se avizora más complejo en materia fiscal y de hecho las estimaciones oficiales de hace un par de meses apuntaban a que el año cerraría con un déficit de 0,1% del PIB, por lo que durante el semestre en curso se revertiría totalmente el resultado favorable de los primeros siete meses, principalmente debido a una moderación de los ingresos. Y es que las cuentas fiscales se vieron fuertemente favorecidas por el efecto multiplicador del gasto fiscal del año pasado, y también por los retiros de los fondos de pensiones, ya que el fuerte boom de consumo repercutió en una recaudación récord de IVA, buenos resultados corporativos y una excelente operación renta en abril pasado. A esto se sumaron precios muy favorables para el cobre. En los primeros siete meses la tributación de la minería privada aumentó un ¡62% real! y el resto de los ingresos tributarios crecieron un 29% real, con una evolución que responde perfectamente, aunque con el rezago esperado, al comportamiento de la actividad privada. Es evidente entonces que en lo que viene hacia adelante los ingresos fiscales mostrarán una tendencia negativa. De hecho, en julio, ya empezaron a mostrar una moderación. 

En 2023 se dejará de sentir de lleno en las arcas fiscales la fuerte caída de la actividad privada. Si consideramos que en los doce meses terminados en julio los ingresos fiscales son un 40% real superiores a los niveles más normales de 2019, el presupuesto de 2023 que conoceremos en estos días tendrá que incorporar una caída bastante significativa de los ingresos, y un retorno a los déficits fiscales. 

Por el lado del gasto, efectivamente hasta ahora el fisco ha contribuido a la política contractiva del Banco Central con la caída ya mencionada de casi 20% real. Esta disminución se explica principalmente por el fin de las ayudas sociales, lo que ya estaba establecido en la Ley de Presupuestos que dejó el gobierno anterior. De esta forma, el gasto en subsidios y donaciones registra en los primeros siete meses del año una caída de 38% real. Sin embargo, también caen los otros ítems de gasto, como personal y bienes y servicios de consumo. Tampoco ha podido hasta ahora el gobierno darle el énfasis deseado al gasto de capital, que cae un 6% real. Es evidente que este comportamiento contractivo no parece sostenible, y de hecho ya se ha anunciado que en 2023 el gasto público crecería entre un 4% y un 5% real, con énfasis en la inversión. 

Entonces tendremos el próximo año una situación fiscal caracterizada por ingresos que caerán, y no poco, y un gasto que crecerá, con lo que nuevamente aparecerá una situación deficitaria. Las finanzas públicas serán, por lo tanto, un elemento más en lo que será probablemente un Annus Horribilis para el gobierno, caracterizado por una inflación alta, un crecimiento negativo, un desempleo al alza y una situación fiscal que vuelve a deteriorarse. El dilema en esta materia será: ¿subir los impuestos para reducir el déficit, pero acentuar la caída en la inversión y alargar la recesión, u optar por una reforma tributaria menos ambiciosa pero también menos anti crecimiento? Lo mejor sería que este complejo escenario sirviera de estímulo para un pacto fiscal de verdad, en que cada peso de mayores impuestos del sector privado fuera compensado por un sacrificio equivalente del sector público. 

*Cecilia Cifuentes es economista, ESE Business School.

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