El Fiscal Nacional Ángel Valencia ha dicho que se detectan elementos comunes en muchos de los 19 casos que investigan 11 fiscalías regionales e involucran a más de 30 fundaciones que han recibido dineros fiscales para ejecutar proyectos que hacen un mal uso de los recursos donde podrían verificarse delitos.
Esta es la realidad contra la que choca la estrategia del gobierno del Presidente Boric de minimizar el problema, pretendiendo ignorar que se trata de la crisis de corrupción más grande desde la vuelta de la democracia. Cuando nos acercamos a dos meses desde que se denunció el primer hecho irregular (Fundación Democracia Viva en Antofagasta) y se barajan cifras que van entre 15.000 y 50.000 millones de pesos defraudados, no hay autoridades de gobierno de primer nivel renunciados por responsabilidad política. Sólo seremis, luego a regañadientes dos subsecretarias y funcionarios de gobiernos regionales. El gobierno está aún en etapa de negación pública, intenta minimizar los hechos, utiliza al ministro de Justicia como jefe de un comité de crisis, trata desesperadamente de cambiar la agenda, pero no lo logra.
Ministros como Giorgio Jackson, cuyo ministerio protagoniza algunos de los traspasos de dinero cuestionados y se ha visto envuelto en extraños robos de computadores y una caja fuerte que sugieren destrucción de evidencia, continúan en su cargo. Lo mismo Carlos Montes que, pese a que ha exhibido voluntad de investigar y aclarar hechos, no puede tapar el sol con un dedo: bajo sus narices se ha producido un vaciamiento de recursos para ayudar a pobladores vulnerables que han ido a parar a manos de operadores políticos de Revolución Democrática (partido fundado por Jackson) y ladronzuelos.
La resistencia del gobierno a reconocer la magnitud del problema parece perseguir que se esconda la existencia de un mecanismo, ideado y ejecutado por funcionarios de alto poder en la administración, a imagen y semejanza del que describiera el político español Iñigo Errejón. Como lo ha dicho reiteradamente el senador socialista Fidel Espinoza aquí estamos ante un caso de financiamiento irregular de la política. El más cuantioso que se conozca.
El Ministerio Público avanza en sus investigaciones y habrá de acusar responsabilidades penales. El gobierno no ha presentado una sola querella. En el intertanto, entonces, el caso avanza en un ambiente banal, que favorece las intenciones de Boric de mantenerlo en ese plano evitando responsabilidades políticas.
Son claros los caminos por los que discurre esta verdadera banalidad del mal: el escarnio a los personajes ridículos que protagonizan la compra de calzones y otros artículos de lencería, las cifras millonarias para enseñar a pintar bancas o escaños, o fachadas de edificios o el decomiso de droga. Curiosamente la atención y el reproche se dirigen a los que recibieron los dineros, no a los políticos y funcionarios que se los entregaron con oscuros propósitos. O sea, la culpa es del chancho, no de quién le dio el afrecho.
No hay que caer en esta trampa comunicacional. Aquí hay un mecanismo. Hay ministerios cuestionados por su protagonismo en las irregularidades: básicamente Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de las Culturas; está la Dirección de Presupuesto, tradicional bastión del uso eficiente de los recursos públicos que ahora facilita el reparto de estos verdaderos regalos relajando normas, como en un cumpleaños infantil; un Comité de Auditoría Interna del gobierno, dependiente de Segpres, que ni siquiera se ha reunido porque Boric no nombra a sus integrantes, pero cuya ejecutiva instruye no publicar las transferencias a fundaciones. ¿Con qué objeto, bajo instrucciones de quién?
Los gobiernos regionales se han transformado en potenciales armas de destrucción masiva de recursos públicos por la laxitud de su regulación y fiscalización. Se han publicitado casos especialmente en Los Lagos y BioBío, pero quizás cuántos más conoceremos.
Es la hora de las responsabilidades políticas. Las penales tienen un tiempo distinto pues deben garantizarse los derechos de quienes sea imputados, pero un gobierno que ha perdido la confianza de la ciudadanía por las actuaciones poco transparentes de sus ministros y las escasas y poco convincentes explicaciones que ha dado no puede seguir haciéndose el leso.
El gobierno llegó tarde. La Cámara de Diputados inicia una comisión investigadora sobre el caso y Republicanos ha anunciado una acusación constitucional contra Giorgio Jackson. Los tiempos políticos son distintos a los tiempos judiciales.