Hace aproximadamente un año, fue publicada por El Mercurio una columna titulada «¿Niños y niñas, actores de la crisis social?», en que manifestábamos lo que estaba sucediendo con los niños a raíz de la violencia desatada en las calles. Decíamos: “No sólo nos mantienen en alerta los niveles de enfrentamiento y violencia en las calles, sino también las repercusiones emocionales que estos sucesos podrían generar sobre el desarrollo de nuestros niños y niñas…”. Asimismo, manifestábamos nuestra preocupación por “niños participando en situaciones de violencia y barricadas”.
Nos preguntábamos: “¿Por qué en medio de una crisis, que permea todos los ámbitos, han surgido acciones que los han incentivado a participar, como si fuera un juego, de este escenario tan complejo?” Hoy, ante la polémica campaña de derechos de la Defensoría de la Niñez, cabe hacernos la misma pregunta, pero agravada por el hecho de que el “llamado de la naturaleza” venga de un órgano del Estado -autónomo, pero del Estado al fin y al cabo- y hable de transgredir normas, de padres opresores, de revolución, rebelión y de exponerse a niveles de violencia peligrosos y dañinos para niños y jóvenes.
Señalábamos hace un año, textual, “es deber de todos proteger a niños y niñas, además de brindarles un espacio contenedor y seguro para que en ellos no surjan aprensiones ni tensiones que aún son incapaces de canalizar. Chile requiere de una nueva generación volcada hacia el bien común, empática, comprometida, respetuosa de la diversidad y orientada a reflexionar libremente. Sólo así, niños y niñas podrán desarrollarse de manera íntegra y con la altura de miras necesaria para fortalecer nuestra democracia y nuestro país.”
Agregábamos que “una sana convivencia social no se nutre del proselitismo de los niños, sino a partir del ejemplo de los adultos que los rodean, cuyas actitudes y creencias debieran orientase a construir confianzas y entendimiento y así potenciar al máximo su desarrollo.” Asimismo, “… la violencia jamás ha sido un canal legítimo para el desarrollo de una sociedad. Esto sólo genera inestabilidad, fragmenta aún más a la ciudadanía y no permite consolidar una agenda social donde niños, niñas y jóvenes debiesen ser protagonistas”.
Lamentablemente, todo lo manifestado a raíz de los eventos desencadenados a partir del 18 de octubre de 2019 es hoy perfectamente aplicable al polémico video de la Defensoría de la Niñez. No es el video de una ONG o de un grupo de activistas organizados para promover sus ideas. Es el video de un órgano del Estado, desde luego financiado con recursos públicos, parte integrante del Sistema de Protección a la Niñez, cuya obligación legal es “difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños… velando por su interés superior”.
Para quienes entendemos que es el Estado el que debe estar al servicio de la persona humana y no al revés, resulta más incomprensible aún que desde la Defensoría de la Niñez se esté tratando de imponer una visión o ideología, más que contribuyendo a asegurar las condiciones para que los niños de Chile puedan alcanzar su mayor desarrollo material y espiritual posible.
Hace justo un año atrás, terminábamos nuestra columna señalando: “Todos somos responsables de mejorar el complejo escenario que nos afecta. Las familias son esenciales para construir futuro, ya que son los primeros referentes de sus hijos, quienes necesitan de su protección y cuidado para canalizar sus inquietudes y recibir sus pensamientos sobre esta crisis. Los niños y niñas de Chile merecen de nuestra máxima atención, pero sobre todo de nuestro ejemplo, no sólo para superar esta crisis, sino también para construir un país cuyas futuras generaciones, cuando salgan a marchar, no sea por rabia o frustración sino para entregarle a Chile su mirada sobre cómo puede mejorar aún más.”
Desgraciadamente, más de un año después, la columna sigue teniendo sentido. Peor aún, ante el actuar de un organismo autónomo, que debiese velar por los niños de Chile, más que exponerlos.