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Publicado el 08 de abril, 2019

Carlos Oyarzún: Desafíos del control preventivo

Abogado, Fundación Jaime Guzmán Carlos Oyarzún

Sostener que el control preventivo ha sido una herramienta absolutamente inservible para Carabineros y la PDI o que agravia los derechos fundamentales de las personas resulta una completa exageración.

 

Carlos Oyarzún Abogado, Fundación Jaime Guzmán
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Que el control preventivo requiere de perfeccionamientos a fin de garantizar su eficacia y su legitimidad desde el punto de vista de las garantías constitucionales, nadie lo discute. Que hay una falencia en cuanto a la sistematización de las cifras que debe ser objeto de análisis, tampoco. Sin embargo, sostener de ahí que el control preventivo ha sido una herramienta absolutamente inservible para Carabineros y la PDI o que agravia los derechos fundamentales de las personas resulta una completa exageración.

Lo primero que hay que tener claro -y que no se ha puesto en discusión-, apunta al hecho de que Carabineros tiene la atribución de hacer controles de identidad, no la obligación. Por lo mismo, si en un año ha llevado a cabo 4.4 millones de controles de identidad, es porque efectivamente les resulta útil, de lo contrario, simplemente no lo haría.

De los 4.4 millones de controles, apenas se realizaron 39 reclamos por discriminación o trato arbitrario, cuando el procedimiento de reclamo está contemplado en la propia ley, por lo que nadie podría alegar desconocerlo.

Otro aspecto que se ha intentado instalar y que no es verídico, apunta al hecho de que estaríamos en la más absoluta arbitrariedad por parte de Carabineros al momento de ejercer esta atribución, lo cual tampoco es cierto. En primer lugar, tal aseveración desconoce que de los 4.4 millones de controles, apenas se realizaron 39 reclamos por discriminación o trato arbitrario, cuando el procedimiento de reclamo está contemplado en la propia ley, por lo que nadie podría alegar desconocerlo. Pero, además, no hay tal arbitrariedad, porque existe un supuesto basal que limita el control preventivo a un contexto claro, y es que dicho control se puede ejercer por Carabineros y la PDI en el marco de sus funciones de orden y seguridad, lo cual -dependiendo de la técnica legislativa-, es relativamente similar en muchísimos países, como Italia, España, Colombia o Finlandia.

Quienes se oponen no han podido explicar aún por qué un grupo de personas, como son los mayores de 14 años, que son sujetos de responsabilidad penal, se les excluye de una mera atribución policial.

Finalmente, es necesario desmitificar esta supuesta agresión a la niñez y adolescencia que importaría ampliar el control a mayores de 14 años, como activamente lo ha planteado por ejemplo, la defensora de la niñez. En primer lugar, quienes se oponen no han podido explicar aún por qué un grupo de personas, como son los mayores de 14 años, que son sujetos de responsabilidad penal, se les excluye de una mera atribución policial. Lo anterior, implica lo siguiente: a los mayores de 14 años se les puede condenar, se les puede perseguir penalmente (y eso no implica ninguna vulneración a los derechos para la defensora de la niñez), pero el funcionario policial no puede solicitarle su identidad en el marco del control del orden y la seguridad. No se puede explicar.

Resulta fundamental perfeccionar una serie de aspectos en cuanto al control preventivo. Nadie quiere que se produzcan vulneraciones a garantías y, sin duda, el Ministerio del Interior deberá perfeccionar la entrega de información, pero es un hecho que el control preventivo en ningún caso es una la herramienta policial inútil que da cuenta de un estado policial. Estamos en presencia de una atribución que Carabineros necesita y que respeta plenamente las garantías constitucionales.

FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO

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