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Publicado el 30 de junio, 2019

Carlos Carrasco: Gasto público y libertad de expresión

Investigador del Observatorio de Gasto Fiscal Carlos Carrasco

Si queremos mantener una democracia con instituciones fuertes y una ciudadanía que crea en ella, se debe poner atención a la inversión en publicidad estatal en los medios de comunicación. Aumentar la transparencia y velar por criterios objetivos para la asignación de los recursos es aumentar la libertad de expresión.

Carlos Carrasco Investigador del Observatorio de Gasto Fiscal
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Según el Índice de Libertad de Expresión de Reporteros Sin Fronteras, América Latina se encuentra en un escenario complejo, con situaciones más críticas en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, Chile no se escapa de ciertas dificultades. Según el último ranking de 2019, nuestro país presenta problemas de corrupción y aún padece los resabios de la dictadura. A esto se agrega, según Reporteros Sin Fronteras, una fuerte concentración de la prensa y falta de pluralismo. De hecho, respecto al año 2018, Chile retrocedió ocho puestos ubicándose de N°46 de 179 países evaluados.

Ante esta información, resulta necesario profundizar sobre el estado del arte de la libertad expresión en Chile, sobre todo, porque es un indicador fundamental para el desarrollo de la democracia. Por esa razón, desde el Observatorio del Gasto Fiscal se realizó un análisis sobre el gasto en los servicios de publicidad y difusión de las instituciones públicas, con el fin de conocer su comportamiento y eventuales concentraciones.

El análisis se basó en datos ofrecidos por la Dirección de Presupuestos, la Contraloría, el Congreso y Chile Compra. A nivel del país, se trata de una forma inédita de evaluar nuestra libertad de expresión, ya que tradicionalmente se basa en herramientas más cualitativas que cuantitativas. Pero con la revolución de los datos, esto está cambiando.

Entre los hallazgos más fascinantes por parte del Observatorio Fiscal, se puede mencionar la actual opacidad de datos. ¿Quiénes son los medios que reciben, finalmente, el gasto público en publicidad? Esta es una pregunta que no encuentra respuesta, dado que un porcentaje no menor del gasto (entre 40%-35%), se encuentra escondido como gasto de agencias publicitarias. Además, se señalan imprecisiones en la clasificación actual del gasto en publicidad, falta de calidad y consistencia de los datos disponibles, dudas sobre la correcta imputación de gastos, y cuestionamientos al uso de datos personales desde la Secretaría de Comunicaciones.

Según la data disponible, la empresa de comunicación que más concentra compras de publicidad de forma directa -sin intermediación vía agencias- es el Grupo El Mercurio. Cabe agregar que dicho grupo no se gestiona como un holding, sino gestiona sus diversas filiales por separado. Aun así, en su conjunto, se lleva un 22% de participación de todas las compras en publicidad, sean directas o indirectas, equivalente a $5.000 millones. Por su parte, el Grupo Copesa concentra 4% del mercado en publicidad del Estado para 2018, de forma directa. Mientras tanto, en forma indirecta, las agencias Prolam Young & Rubicam S.A., y Doblegiro, concentran 5% cada una del total de compras en publicidad.

Otra duda levantada por el Observatorio está vinculada al control del gasto publicitario. Contrario a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Chile no hay auditorías periódicas sobre el gasto publicitario. Dada la opacidad, surge además la pregunta ¿Se definen, miden y monitorean los diversos segmentos de los clientes de los medios de comunicación, para entender a quiénes les llega la publicidad estatal? Y, ¿quién controla que los spots publicitarios efectivamente se emiten en las radios o la televisión, por ejemplo?

Si queremos mantener una democracia con instituciones fuertes y una ciudadanía que crea en ella, este es un tema que no se puede dejar pasar. Así, como lo determinó en el pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la inversión de publicidad estatal se deber hacer bajo criterios transparentes y no discriminatorios. Aumentar la transparencia y velar por criterios objetivos para la asignación de los recursos es aumentar la libertad de expresión. O, como afirma Reporteros Sin Fronteras, la pluralidad es sinónimo de libertad de expresión.

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