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Publicado el 04 de octubre, 2015

Carita la gratuidad

Se puso la carreta delante de los bueyes, se hizo una glosa en la ley de presupuesto y se entró, literalmente, como elefante en la cristalería arrasando cuanta universidad se puso por delante.
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En general las políticas públicas que la izquierda propone, y que se fundamentan en su pesimista visión del ser humano, adolecen de una debilidad estructural, cual es negar el principio básico de la economía: los recursos son escasos. Esta es la falla geológica que, tarde o temprano, destruye sus utopías allí donde tienen la posibilidad de intentar llevarlas a la práctica. Esto es exactamente lo que está pasando con su promesa de que la educación superior sea “gratuita y de calidad” para todos, sobre la base que existen los recursos para financiarla pero, como estamos comprobando, al momento de hacer realidad la promesa empiezan a ver la grieta en el piso y mientras más intentan cerrarla más se abre.

El voluntarismo y la ideología emergen por todos lados cuando se analiza la situación en la que estamos. No amerita justificación, por obvio, que si se quiere implementar un política pública que cambie por completo la estructura de financiamiento de la educación superior, ello debe hacerse mediante un proyecto de ley específico, bien diseñado y concienzudamente debatido en el Congreso, que establezca una arquitectura compatible con el sistema de educación superior existente. Una vez hecho esto se discute año a año, en el proyecto de ley de presupuesto respectivo, los recursos que se requieren. Si es tan obvio ¿por qué no se hizo así?

Sólo puedo esbozar una hipótesis: porque entrar en ese debate abriría tal cantidad de ángulos, de intereses contrapuestos, de incompatibilidades con la forma de organización existente y haría tan evidente la imposibilidad de cumplir lo prometido, que seguir la “ruta lógica” mostraría que el punto de llegada sólo existe en la mente utópica de sus creadores. Entonces, se pone la carreta delante de los bueyes, se hace una glosa en la ley de presupuesto y se entra, literalmente, como elefante en la cristalería arrasando cuanta universidad se ponga por delante.

Como quien dice: señores, aquí hay una ideología, un proyecto político y un programa que vamos a implementar y si la realidad no lo permite, pues qué pena por la realidad; porque en la lógica estatista siempre está esa visión de las cosas como deben ser y que los recursos tendrán que salir “de alguna parte”.

Pero analicemos un poco lo que sucede acá en la prosaica realidad y no en la utopía programática. El primer supuesto de los impulsores de esta “gratuidad” es que los problemas del país son causados por la desigualdad, dicen que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pero eso no es verdad, la realidad es que los pobres son cada vez menos y la clase media es el gran grupo socioeconómico del país. Por eso en los últimos 30 años la matrícula en educación superior se ha empinado por arriba del millón de jóvenes. Ese país del siglo pasado, que los nostálgicos añoran, en que las universidades eran gratis, tenía un acceso ínfimo a la educación superior, eran unos pocos y durante 50 años apenas aumentaron. Además, y por lo mismo, en esa época las universidades se contaban casi con los dedos de una mano.

Ahora, en cambio, hay un acceso enorme, con un abanico de instituciones públicas, privadas tradicionales y privadas creadas después de 1981, que tienen una matrícula gigantesca, con una amplia opción de carreras y de proyectos educativos. ¿Se puede financiar la educación superior a todos esos estudiantes sin terminar con la variedad de oferta y sin restringir el acceso?

Desde luegoque no. Entonces se ponen reglas absurdas que buscan acotar a los beneficiados en función de ciertos criterios que tienen que ver con la institución y no con los estudiantes. ¿Pero no era que la educación gratuita es un derecho del estudiante? ¿Por qué se condiciona ese derecho a decisiones de la institución en que estudia y que él eligió cuando no sabía que se iban a aplicar estas reglas?

Sin entrar en comparaciones odiosas se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la Pontificia Universidad Católica es una de las tres mejores del país y que la Universidad Alberto Hurtado es una de las privadas que hace un mayor esfuerzo de inclusión y diversidad. Veamos que dicen sus rectores:

Ignacio Sánchez, rector UC: “En estas condiciones no es posible para nuestra institución acceder a esta propuesta de gratuidad”.

Fernando Montes, rector UAH: “Estoy en una condición verdaderamente dramática, porque si lo acojo y no me dan aportes basales, quedo quebrado. Y si no lo acojo, tendría la universidad en llamas”.

¿Cuál sería la solución para estas Universidades? Abdicar del proyecto universitario, que ha hecho de la primera una de las mejores universidades del país y de la otra un ejemplo de vocación social, limitarse a los parámetros de calidad que permite el arancel que les fija el Estado, ajustar su plan de desarrollo a los parámetros de crecimiento que le impone el Estado y resignar sus normas de gobernanza a los criterios propios de una visión política.

O sea, con esta “gratuidad” se acabarían estos proyectos y probablemente muchos otros. Sólo serán viables fuera de la gratuidad los que se dirijan a la elite que puede pagar, el 70 u 80 por ciento restante de los jóvenes tendrá que luchar por un cupo en la educación estatal o funcionalmente estatizada. ¿Cuántos serán esos cupos y cuál será la calidad de la educación entregada? Eso dependerá de los recursos que disponga el Estado. Para qué hablar de cómo van a ser las negociaciones colectivas de los funcionarios de esas universidades, con el gobierno de turno sentado en la mesa.

Al final del día nos estamos enfrentando a elegir entre la promesa de campaña o nuestro sistema de educación superior. Carita nos está saliendo la gratuidad.

 

Gonzalo Cordero, #ForoLíbero

 

FOTO: AGENCIA UNO

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