En las últimas semanas los candidatos a la Presidencia de Chile han comenzado a hacer públicos los principales lineamientos de sus programas. Un tema científico y agrícola, como es la transgenia u organismos genéticamente modificados, relacionado a la apertura al uso de nuevas tecnologías, ha generado distintas visiones y matices en los candidatos.

Por ejemplo, Beatriz Sánchez asegura: “Pensamos que ellos no van a resolver el problema del hambre en el mundo”. Efectivamente, no son la panacea y no resolverán este problema, sin embargo, algunos de estos productos han sido desarrollados para disminuir las pérdidas de producción en el campo, debido a los insectos plaga y las malezas, lo que permite obtener mayores rendimientos a los agricultores, y por lo tanto mejorar la calidad de vida de quienes viven y trabajan en el campo. Por su parte, con esta tecnología se está avanzando en mejorar características nutricionales de los alimentos. No existe una tecnología capaz de terminar con el hambre en el mundo por sí sola, ¿pero es acaso razón para rechazar una de ellas?

Marco Enríquez-Ominami considera que “es necesario transitar hacia una agricultura orgánica”. Al respecto hay que indicar que las diversas formas de hacer agricultura no se oponen. De hecho, los principales países productores de transgénicos son, a su vez, los principales productores de orgánicos. La agricultura orgánica es una opción válida, pero no deja de ser un nicho por sus mayores costos de producción y menor eficiencia. Hay que hacer notar, sin embargo, que la mayoría de sus supuestas bondades y beneficios obedecen a cuestiones de marketing en vez de a información técnico/científica. Algo ignorado en el debate público.

Alejandro Guillier, a través de su jefe programático Osvaldo Rosales, ha señalado que “no corresponde ser conservador y que la biotecnología y la investigación genética deben ser desarrolladas, pero con los resguardos de la salud humana y el medio ambiente”. En la misma línea José Antonio Kast plantea que la transgenia “tiene beneficios y también efectos perjudiciales que deben ser analizados”. Efectivamente, los países que la utilizan cuentan con regulaciones que exigen realizar análisis de riesgos, producto por producto, para asegurar su inocuidad para el consumo humano, animal y para el medio ambiente. A diferencia de la creencia popular, nunca un cultivo transgénico autorizado para comercialización ha presentado problemas para la salud de los consumidores o el medio ambiente, debido a que se han descartado sus riesgos previamente. Eso la transforma en una tecnología con altos estándares de calidad y seguridad.

Carolina Goic afirma “la biotecnología y la edición y transformación genética representan un potencial enorme para el mejoramiento genético. Entes como el INIA y las universidades deben apostar a estar en la frontera tecnológica. Chile debe investigar en todos los ámbitos que puedan representar beneficios”. Efectivamente, un estudio reciente sobre la situación de esta tecnología en el país demuestra que desde 1991 las agencias públicas chilenas han invertido US$ 16.2 millones en 32 proyectos de investigación que implican modificación genética de cultivos agrícolas de importancia económica y especies forestales. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) lidera el ranking, con 16 proyectos. No obstante, dicha inversión no ha significado beneficios para nuestros agricultores, ni para los consumidores, porque al no avanzar en una regulación clara los cultivos desarrollados no han podido ser utilizados por el sector. Así, la deuda no está en el INIA ni en las universidades, sino en los tomadores de decisión que no han establecido reglas claras para el uso de esta tecnología en el país.

Sebastián Piñera ha señalado que “el tema debe ser despolitizado y hay que discutirlo desde el lado más técnico, y analizar lo que se está haciendo en otros países”. Efectivamente, debiese haber una discusión con altura de miras, libre de emociones, confusiones y posverdad, para luego sociabilizarla y debatirla con la ciudadanía. La tecnología ha significado importantes beneficios sociales, ambientales y económicos en todos los países donde se utiliza de manera regulada. No nos podemos restar de usarla sólo por temor a los costos políticos.

De esta manera, considerando los matices y diversas opiniones, se valora que los candidatos tomen posiciones y que se debata, aunque es necesario que de una vez por todas se tomen decisiones y se deje de dilatar la discusión para evitar costos políticos. Temas como éste deben abordarse sin complejos y dejando de lado las ideologías, con el fin de cumplir así con el objetivo país de llegar a ser una potencia agroalimentaria.

 

Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo ChileBio

 

 

FOTO: RAUL ZAMORA/AGENCIAUNO

 

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