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Publicado el 19 de marzo, 2019

Camilo Cammás: ¿Nueva Mesa, Nueva Constitución?

Abogado, analista legislativo Camilo Cammás Brangier

El ahora presidente del Senado, Jaime Quintana, quiere retomar el proceso constituyente de Bachelet. Aparentemente, el texto se ve como nuestra actual Constitución, pero incluye detalles ideológicos que menoscaban gravemente nuestra institucionalidad y vulneran o debilitan muchos de los derechos fundamentales.

Camilo Cammás Brangier Abogado, analista legislativo
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El pasado martes 12 de marzo asumió como nuevo presidente de la Cámara Alta el Senador Jaime Quintana, quien, entre otras cosas, se refirió a impulsar iniciativas tales como el matrimonio “igualitario”, la reforma al Tribunal Constitucional y continuar el debate por una nueva Constitución, lo que ya se había anunciado durante enero, antes del receso legislativo.

En efecto, según un artículo publicado en La Tercera, en ese momento se había dado a conocer la decisión de la nueva Mesa del Senado de retomar el proceso constituyente de Bachelet, de acuerdo con lo declarado en una minuta elaborada por ésta, a la cual tuvo acceso dicho medio. La iniciativa busca reenviar el proyecto presentado en el gobierno anterior a quienes formaron parte de la fase de participación ciudadana, para poder obtener nuevamente sus opiniones en relación con el texto resultante de dicho proceso, que actualmente duerme en el Congreso.

En más de una ocasión se ha intentado cambiar la Carta Fundamental, bajo el pretexto de que se requiere una nueva, “nacida en democracia”. Sin embargo, quienes sostienen esto olvidan que aquello quedo zanjado en 2005, de acuerdo a las palabras del entonces Presidente Ricardo Lagos.

Otro golpe a la familia vendrá dado por el debilitamiento de la autoridad de los padres, ya que incorpora el concepto de “autonomía progresiva” dentro de los derechos de los niños.

Más allá de las formas, debemos preocuparnos por el contenido que tendría el nuevo texto constitucional, cuáles derechos fundamentales se verían afectados y de qué manera. Aparentemente, el texto se ve como nuestra actual Constitución, pero incluye algunas reformas. Múltiples detalles ideológicos menoscaban gravemente nuestra institucionalidad y vulneran o debilitan muchos de los derechos fundamentales.

Un primer ejemplo es la protección a un derecho fundamental por excelencia: el derecho a la vida. En efecto, ya no se contempla la protección de la vida del que está por nacer, dejando abierta la posibilidad de flexibilizar la legislación relativa al aborto.

Asimismo, se diluye la familia como núcleo fundamental de la sociedad, ya que ésta comprendería “diversas modalidades”. Así, la propuesta apunta a deconstruir el concepto de familia como la unión estable de un hombre y una mujer para constituir un hogar con la llegada de sus hijos, y da lugar a todo tipo de uniones, combinaciones, y expresiones que desdibujan la naturaleza de la familia y su sentido fundamental. Otro golpe a la familia vendrá dado por el debilitamiento de la autoridad de los padres, ya que incorpora el concepto de “autonomía progresiva” dentro de los derechos de los niños, el mismo concepto que pretende regular el proyecto de Ley sobre Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Esto tendrá como resultado poner a los hijos en conflicto con sus padres, dejando la puerta abierta al Estado para intervenir.

A mayor abundamiento, la ideología de género quedaría incorporada en el texto, pues el concepto de género tendría, finalmente, reconocimiento a nivel constitucional.

Respecto de la nacionalidad y ciudadanía, se flexibiliza el régimen de ius solis, pues contempla que serían chilenos todos los nacidos en Chile, sin excepción. Lo anterior implicaría que los hijos de extranjeros que se encuentren en tránsito (turistas) y de aquellos que se encuentren en una situación irregular o ilegal serían chilenos por el solo hecho de haber nacido dentro del territorio nacional. Esto crearía un incentivo perverso para atraer una inmigración irregular e ilegal mayor de la existente, pues los beneficios sociales resultarían sumamente atractivos. Todo lo anterior se encuentra en armonía con las nuevas políticas migratorias, el Pacto Global de Refugiados y el proyecto de ley migratoria en trámite, el cual posee un espíritu muy similar al Pacto Global de Migración al que, afortunadamente nuestro país no adhirió.

Lo más preocupante: según la misma fuente, el Gobierno no tiene intenciones de retirar el proyecto.

Como consecuencia de esta fácil adquisición de la nacionalidad, existirá una mayor cantidad de personas que serán acreedoras de derechos y beneficios sociales, incluida una vivienda. Sí, leyó bien: una vivienda. Pues el derecho a vivir en una vivienda dotada de las condiciones materiales y del acceso a los servicios básicos vendría contemplado en este proyecto de reforma, lo que estaría asegurado para todas las personas, sin distinción, con todos los costos que ello traería aparejado. ¿Y quién paga? Cada chileno con su trabajo y sus impuestos.

Estos son solo algunos ejemplos de todos los cambios negativos que incluiría el proyecto de Constitución, el cual recoge todo el rompecabezas de leyes ideológicas aprobadas recientemente y de los proyectos en trámite. Lo más preocupante: según la misma fuente, el Gobierno no tiene intenciones de retirar el proyecto, lo cual sería un gravísimo error que podría comprometer, aún más, la estabilidad e institucionalidad del país.

Como corolario final, si todo lo expuesto llegara a ser aprobado, no importa lo que afecte y perjudique a las personas, a la familia y a la sociedad completa: tendremos el “consuelo” de tener una constitución democrática.

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

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