El país se encuentra hoy sometido a dos visiones antagónicas y aparentemente irreconciliables. Por una parte, está la expresada por una inmensa mayoría que no concuerda ni con las reformas introducidas y por introducir, ni tampoco con la forma en que el país está siendo gobernado, en donde la ausencia de un claro liderazgo por parte de la Presidenta ha generado toda suerte de improvisaciones, desprolijidades y ausencia de un debate serio en la génesis, redacción y tramitación de las reformas y sus leyes.
Esta visión es compartida tanto por los más relevantes personajes de la antigua Concertación como de opositores al gobierno, quienes la han explicitado en innumerables ocasiones a través de artículos, cartas a los diarios y entrevistas, expresando la necesidad de que se genere un cambio de rumbo para que el país no continúe en este camino de deterioro tanto institucional como político y social, pero más grave aún en lo económico.
Sin embargo, desde la vereda del gobierno, estas críticas no impactan y el rumbo continúa inexorable en la misma senda adoptada desde el día uno de este mandato. Nos preguntamos entonces cómo es posible que si un amplio abanico de expertos en todo tipo de especialidades como salud, educación o economía; los más diversos políticos activos y también ex ministros de ambas coaliciones, e incluso importantes líderes de opinión internacionales hacen saltar las alarmas sobre Chile, que no va bien por donde se está conduciendo, ¿por qué la Presidenta no reacciona y decide no cambiar, siguiendo adelante con su programa?
A mi parecer, la razón es muy simple. Porque a la Presidenta no le interesa cambiar de rumbo, y no pretende hacerlo tampoco, porque su propósito último es que cambie Chile; no es sólo cambiar el modelo de desarrollo; es cambiar la sociedad; es generar un nuevo contrato social en que no sólo resignemos parte de nuestra libertad para brindarle al Estado el monopolio de las armas y por ende de nuestra seguridad, sino que cedamos también gran parte de nuestra libertad de elegir, de optar por lo que nos parezca más adecuado a nuestras necesidades y aspiraciones, otorgándole al Estado el poder de decidir por nosotros en salud, educación, cultura, trabajo, seguridad social, etc., lo cual se lograría estableciendo en una nueva Constitución, entre otras cosas, los llamados derechos sociales.
Ya se logró con el tema de la educación subvencionada, se sigue con el tema de la gratuidad, donde el Estado pone las condiciones para que las universidades puedan acceder a dichos beneficios. Próximamente seguirá el turno de las Isapres, las que ya están en una situación delicada por el tema de las judicializaciones; después le llegará el momento a la propiedad del agua, a la propiedad de los medios de comunicación y también a la propiedad privada, todo lo cual está anunciado en el programa. Y para qué hablar de la nueva Constitución, la madre de todas las batallas.
¿Qué implican todos estos cambios? La imposición de una nueva forma de hacer sociedad. En pocas palabras, se nos pretende imponer un modelo de corte socialista, nivelando hacia abajo con el fin de igualar, basado en la errónea idea de que eso es lo que la mayoría de los chilenos quería y aún desea. Pero la verdad es que quien más lo desea es la Presidenta Bachelet, que vino a hacer en este mandato lo que no pudo en su primer gobierno, y eso es ni más ni menos, lo que su corazón socialista le dicta.
Creer entonces que habrá un cambio de rumbo, es, como lo dijo alguna vez en una entrevista la propia Presidenta, wishful thinking.
Jaime Jankelevich, consultor de empresas.
FOTO: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO