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Publicado el 19 de marzo, 2015

¿Callejón sin salida?

Economista Luis Larraín
Las autoridades empiezan a hacer llamados a la cordura, valorando la estabilidad institucional y otras características de nuestro vilipendiado país.
Luis Larraín Economista
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Si uno atendiera exclusivamente a las redes sociales o a las opiniones que se recogen como al pasar en muy diversos programas de radio y algunos canales de televisión, tendría que llegar a la conclusión de que estamos ad portas de una crisis institucional.

La gente exige castigo a los culpables, que no se sabe muy bien quiénes son, ni de qué se los acusa, pero que se asocian a siglas o nombres como SQM, Penta o Caval. El factor común es que son poderosos, tienen dinero y tienen influencia, que habrían usado indebidamente. Hay muchos políticos nerviosos, y otros derechamente llaman a un gobierno de unidad nacional y recuerdan episodios del pasado que llevaron a la necesidad de acuerdos transversales para “salvar” la institucionalidad.

Las autoridades políticas empiezan a hacer llamados a la cordura, lo hizo recientemente el ministro Rodrigo Peñailillo en ICARE y también Alberto Arenas en ese mismo foro, valorando la estabilidad institucional y otras características de nuestro vilipendiado país, que han ganado atractivo ante sus ojos y desplazado retroexcavadoras y proyectos refundacionales. Cuando las hordas antisistema han empezado a acecharlos a ellos, llegando hasta la mismísima Presidenta Bachelet, repentinamente han empezado a valorarse las instituciones; aquellas que en su discurso hasta hace poco parecían estar solamente destinadas a apuntalar una maquinaria que sostuviera la desigualdad, los abusos y el lucro en beneficio de unos pocos. Y es que como lo ha señalado tan acertadamente en estas páginas José Joaquín Brunner, la prédica anti-elite que ellos alimentaron olvidó algo elemental: ellos son también parte de la elite.

Cuando se decidió soltar al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público tras los controladores del grupo Penta y otros imputados en ese caso, sin atender a cuestiones tan importantes como el debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de tipicidad penal, la inviolabilidad del hogar y el derecho a la libertad personal, se desató una estampida que el gobierno ahora no puede detener. Y es que esos principios, atropellados en distinta medida en las actuaciones de las instituciones públicas en el caso Penta, son pilares fundamentales del Estado de Derecho. Este último, que se constituye en un elemento fundamental de las democracias constitucionales modernas, sigue la idea de que vivimos bajo el gobierno de las leyes y no de los hombres. Clave resulta para ello que haya una igual aplicación de la ley a gobernantes y gobernados, y que los primeros no hagan uso arbitrario de los poderes delegados por los ciudadanos.

¿Cómo explica el gobierno que el Servicio de Impuestos Internos use una vara distinta para el caso Penta, donde se querelló con gran celeridad, que para SQM, donde se comenta que entre los favorecidos habría importantes figuras del oficialismo? ¿Es esa la razón para no perseguir criminalmente a esta empresa? La ciudadanía exige saberlo.

¿Cómo justifica el Poder Judicial que un Ministerio Público que mostró agresividad y arrebatos histriónicos en la persecución de los imputados en un caso, tenga que contenerse en el otro? ¿Corresponde eso a la imagen que se quiere proyectar de una justicia que no atiende a diferencias entre los ciudadanos?

El gobierno se encuentra entonces en un callejón sin salida, inevitable cuando se instalan en una sociedad aires jacobinos.

Hay quienes sostienen -y la tesis no es mía, lo que aclaro, dado mi respeto por los derechos de propiedad- que el problema viene de antes. Que lo que vivimos hoy día no es consecuencia de las conductas de Penta ni de Caval, sino la secuela inevitable de una labor sistemática de desprestigio a las instituciones que la izquierda comenzó cuando la Concertación perdió el poder el año 2010 y Sebastián Piñera ganó la elección presidencial. En ese momento habría empezado la tarea de demoler la reputación de nuestras instituciones y la demonización de nuestra sociedad, olvidando todo lo bueno que había hecho la Concertación, renegando de su obra modernizadora, para construir una caricatura de un país extremadamente desigual y pasto para el abuso de los poderosos.

Ese es el clima que rodea la discusión sobre nuestro futuro institucional. Difícil escenario para un gobierno.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

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