Gabriel Boric realizó su primera visita a la Argentina como presidente de Chile. Ha causado buena impresión. Por un lado, como hizo entre la primera y segunda vuelta electoral en las pasadas elecciones, está moderando su discurso al son de los vientos electorales que se aproximan, sabiendo que los últimos sondeos sobre el plebiscito constitucional le son desfavorables. Por otra parte, comparado con el circo de freaks que forman los políticos argentinos no es difícil quedar como un estadista. 

Los medios han destacado algunos momentos incómodos. Su posición dialoguista a favor de los violentos de la Patagonia, la situación del guerrillero Apablaza que permanece prófugo en la Argentina, su crítica al doble estándar progresista en derechos humanos y las diferencias por los límites de la plataforma continental entre ambos países. 

Pero pasó desapercibida otra declaración, que muestra sin ambages aunque con buenas formas su nivel de ideologización: «En nuestro programa está la construcción de un sistema de seguridad social que hoy día en Chile no existe. En Chile lo que tenemos es un sistema donde cada uno se salva como puede… Por lo tanto vamos a construir un sistema de seguridad social que implica cambiar del que se ha venido siguiendo desde el ´81. No creemos que el modelo de AFP sea el modelo a seguir…» ¿Pero, los ciudadanos seguirán siendo dueños de las pensiones?, le contrapreguntan. «Los ciudadanos son dueños del derecho a tener una pensión digna y de seguridad social».

Una monstruosidad absurda

En 1981, Chile se convirtió en el primer país en privatizar la seguridad social, poniendo fin al sistema de reparto vigente desde 1924 y que había colapsado. Una “monstruosidad absurda”, en palabras del presidente Frei Montalva. El sistema anterior estuvo plagado de corrupción y búsqueda de rentas. Entre 1926 y 1963 más de diez mil leyes otorgaron privilegios de pensión a grupos de interés, en su mayoría con relaciones políticas activas.  

La modernización de las pensiones revirtió esta dinámica, otorgando propiedad sobre el ahorro del trabajo, lo que no solo resultó eficiente sino ante todo moral, ya que responsabilizaba a los trabajadores de provisionar su vejez y limita la corrupción y captación de rentas. Los contribuyentes también quedaron libres del déficit de pensiones, 3% del PIB a 1981, porque la relación entre los trabajadores activos y los jubilados había disminuido de 10 a 1 en 1924 a 2 a 1 a fines de la década de 1970, mientras que el impuesto sobre la nómina había aumentado de 5% a 51%. Puso, además, fin a la interdependencia generacional, otra inmoralidad.

El sistema de AFP introdujo pensiones ajustadas por inflación y beneficios pagados independientemente de los aportes, mientras que bajo el antiguo sistema no se otorgaba ninguna pensión a los trabajadores que no habían pagado durante al menos quince años al Estado; solo los trabajadores con beneficios especiales podrían esperar un trato diferente. Las pensiones promedio resultaron un 41% más altas, aun cuando los trabajadores aportan una fracción menor de sus salarios. Entre 1981 y 2019, el ahorro acumulado en las cuentas individuales alcanzó $218 mil millones, tres cuartas partes del PIB del país. Cerca del 70% de estos fondos eran utilidades generadas por las inversiones de las AFP. Esta acumulación de capital contribuyó con un 0,5% adicional del PIB al año entre 1981 y 2001.

Sin embargo, los pagos de pensión suelen ser bajos y la media es inferior al salario mínimo. Los políticos populistas culpan a las AFP en lugar de apuntar al abandono del trabajo durante largos períodos (las estadísticas muestran que diez años de brechas en ahorros pueden causar una caída del 50 % en las pensiones) y a que los trabajadores ahorran solo el 53,5% del tiempo trabajado, ya que muchos realizan trabajos informales sin aportes. La esperanza de vida más larga también es un problema. Cuando se creó el sistema de AFP, los hombres se jubilaban a los 65 con una expectativa de vida de 67 años, y las mujeres a los 60 con una expectativa de vida de 74 años. Hoy, las edades de jubilación son las mismas pero la esperanza de vida aumentó a 77 años para hombres y 83 para mujeres. Esto significa que se deben financiar más años de jubilación con los mismos años de ahorro.

Propiedad privada, ideología y poder

Estos y otros desafíos podrían haberse abordado aumentando la edad de jubilación, introduciendo más flexibilidad en el mercado laboral, elevando la tasa de cotización, creando incentivos dentro del sistema para aumentar el ahorro. Pero el clima populista imperante hizo que estas reformas sean imposibles. Incluso, el año pasado un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para nacionalizar los fondos de pensiones, como lo hizo Argentina en 2008. Aprovechando su visita, Boric podría haber preguntado sobre sus resultados. Y se habría enterado que volvieron a suceder situaciones inmorales, como que Cristina Kirchner cobra por mes el equivalente a 96 jubilaciones mínimas, o, en términos anuales, 1.152 jubilaciones aun cuando no se le haya conocido jamás empleo privado. 

El ataque al sistema de AFP no tiene que ver con la dignidad; tiene que ver con la ideología y con el poder. Con las AFP fuera de escena, los políticos recuperarán el dominio que alguna vez tuvieron sobre los jubilados. Pero además, se harán de una inmensa caja. Y arrancan con mentiras: a diferencia de lo expresado por Fernando Atria, el sistema de reparto no es idea de la izquierda porque corresponde al canciller von Bismark, un imperialista considerado de derecha autoritaria, que definía su sistema como “socialismo de estado” y quien, al menos, no ocultaba las intenciones de su proyecto: “cualquiera que tenga una pensión del estado es más fácil de manejar que el que no tiene esa expectativa”.  

El problema es que cuando se sacrifica la propiedad privada por el socialismo, los resultados son invariablemente malos. Los ejemplos abundan. Con idéntica educación, los ingenieros alemanes que quedaron del lado del muro que respetaba la propiedad, fabricaban los Mercedes Benz, mientras que los que quedaron del lado comunista creaban los Trabant. Para manejar un Trabbi, así se los llamaba, los ciudadanos tenían que anotarse en una lista y esperar hasta 10 años. La forma en que los enemigos de la propiedad privada solucionaron el problema de la competencia entre los Mercedes Benz y los Trabant fue crear el muro de Berlín disparando a matar a quienes quisieran huir del “paraíso del proletariado”, donde no había propiedad privada y todo era de todos. 

No se trata de una cuestión material. Sin propiedad privada no somos dueños de nuestro trabajo. La expresión primaria de la propiedad es la de nuestro trabajo; la propiedad privada es el derecho que reafirma al individuo por encima del Estado. Existe un problema como sociedad cuando a ninguno le gusta que otro se apropie de sus cosas pero cuando se trata de la propiedad de los demás, se apoya que el gobierno quite a los demás para repartir el “beneficio a la sociedad”. Esto es lo que se hará en Chile al eliminar el sistema de pensiones actual. 

En Una teoría del socialismo y el capitalismo, Hans-Hermann Hoppe alertaba que la redistribución socialista -regla por la cual ningún propietario es libre de disponer del resultado de su esfuerzo- produce un cambio en la estructura moral de la sociedad porque se favorecen roles no productivos, convirtiéndose la sociedad en cómplice al hacer a los ciudadanos recibir bienes o dinero por los que no han trabajado. 

Y es que cuando no tenemos propiedad o no podemos libremente disponer de ella, cuando sólo podemos transitar un único camino que impone el gobierno, lo que se está expropiando es el alma y, por si no se entiende con los ejemplos de Venezuela, Cuba o Corea del Norte, y en la materia, el de la Argentina, el retorno no existe. O es casi imposible.

*Eleonora Urrutia, abogada, máster en economía y ciencias políticas.

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