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Publicado el 04 de marzo, 2020

Benjamín Ugalde: Plebiscito: ¿Es posible una sorpresa? 

Doctor en Filosofía. Académico de la Universidad de Chile Benjamín Ugalde

Parece ser que las negociaciones políticas para la resolución de conflictos violentos son útiles en períodos de guerra o bajo dictaduras, pero en democracia se ven expuestos al rechazo ciudadano, pues la mayoría no valida ni comprende a quienes legitiman la violencia como medio de acción dentro de ese contexto democrático.

Benjamín Ugalde Doctor en Filosofía. Académico de la Universidad de Chile

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Un presidente de centroderecha, a mitad de su segundo período al mando del país, intenta resolver un problema histórico –problema arrastrado desde hace varias décadas– mediante un plebiscito para aprobar o rechazar una solución política que permita destrabarlo. ¿Le parece conocida esta historia?

Bueno, eso es precisamente lo que hizo el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando, intentando resolver el problema histórico de las guerrillas de la izquierda revolucionaria, las FARC, convocó a un referéndum para aprobar o rechazar un acuerdo de paz negociado en Cuba con los máximos representantes de dicho grupo terrorista. La noble idea del presidente Santos era evitar la violencia y terminar con la muerte y la destrucción que las FARC han significado durante décadas para millones de colombianos. La búsqueda de paz mediante un acuerdo político parecía auspicioso, y muchos decían que era de “sentido común” que éste fuese ratificado. Algunas encuestas le daban hasta un 70% de aprobación, e incluso el Presidente Santos llegó a ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 la mayoría de los colombianos rechazó dicho acuerdo, y el Presidente Santos no logró llevarlo adelante, al menos en la forma en que aquél lo había planteado. Hoy las FARC, aunque se encuentran divididas, tienen a algunos de sus líderes en actividad, e incluso han hecho llamados a un rearme.

¿Dónde estuvo la falla? ¿Por qué el acuerdo fue rechazado a pesar de su noble propósito? Probablemente, el mayor problema estuvo en que la loable intención de terminar con la violencia se llevó adelante mediante una negociación política elitaria, al mismo tiempo que Colombia poseía –y posee– una democracia y un Estado de derecho en funcionamiento.

Parece ser que las negociaciones de este tipo –para la resolución de conflictos violentos– son útiles en períodos de guerra o bajo dictaduras, por ejemplo, para negociar procesos de pacificación o de transición a la democracia. Sin embargo, también pareciera que estos mismos acuerdos, en democracia, se ven expuestos al rechazo ciudadano, pues la mayoría no valida ni comprende a quienes legitiman la violencia como medio de acción política dentro de ese contexto democrático.

Pareciera que en contextos de violencia los ciudadanos tienden a no validar aquellos acuerdos que no apuntan directamente al aislamiento de la violencia y al fortalecimiento de la democracia.

Es posible que los ciudadanos de a pie perciban que, cuando hay una negociación que transe frente a la violencia, de alguna forma se premiará no cumplir con las reglas del juego democrático. Esto, porque ellos comprenderían que la democracia se ve afectada en su esencia cuando está coaccionada por el miedo a la violencia. Y, justamente, el resultado de esta precepción es que los votantes terminan rebelándose ante esa coacción a través del sufragio. Esta parece ser la debilidad de las negociaciones políticas que se generan en ambientes de violencia, pues éstos son percibidos como incompatibles con la misma democracia (esto a pesar de que existan todavía algunos sectores populistas y autoritarios que sigan creyendo en la violencia como motor del cambio político).

En otras palabras, si una negociación apunta a resolver una situación que afecta la integridad de las instituciones políticas, como la misma democracia representativa, los acuerdos deben apuntar a legitimar esas instituciones mediante la participación democrática y el aislamiento de la violencia. En este sentido, pareciera que los ciudadanos tienden a premiar las negociaciones que buscan fortalecer la democracia mediante los acuerdos pacíficos y, en cambio, a castigar aquellos que surgen de la mera reacción ante la violencia contra las instituciones vigentes.

La consideración precedente nos debería llamar a una profunda reflexión respecto del rol de la violencia en los Estados de derecho democráticos, pues en condiciones de normalidad institucional los ciudadanos tienen el derecho a expresarse de múltiples maneras, siendo el voto la expresión política fundamental en una democracia, y lo valoran así, dejando de lado la violencia como forma de expresión popular. Asimismo, al menos una buena parte de esos ciudadanos considera que la fuerza legítima sólo puede recaer en el uso que el Estado haga de ella para, precisamente, mantener en pie la democracia y el Estado de derecho e impedir el autoritarismo y la opresión de ciertos grupos sobre otros. En este sentido, pareciera que en contextos de violencia los ciudadanos tienden a no validar aquellos acuerdos que no apuntan directamente al aislamiento de la violencia y al fortalecimiento de la democracia.

A lo largo de estas semanas ha quedado muy claro que el problema social chileno no se expresaba en el problema constitucional, al menos no de manera primordial.

¿Nos deja a los chilenos alguna enseñanza aquella solución de conflictos mediante acuerdos políticos que no giran en torno a las reglas del juego institucionales? Evidentemente las circunstancias son muy diferentes. Sin embargo, el intento de resolver un problema histórico en un contexto de violencia, mediante un mero acuerdo político, puede al menos ser puesto en tela de juicio.

A lo largo de estas semanas ha quedado muy claro que el problema social chileno no se expresaba en el problema constitucional, al menos no de manera primordial. Lamentablemente, el 15 de noviembre pasado nuestros representantes políticos pensaron de otra forma, a saber, que la violencia que se producía en las calles debía ser resuelta mediante un acuerdo político no para salvar la democracia de la violencia, pues, a pesar de que se denominó como “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, éste no ha servido en absoluto para lo primero, pero sí para cumplir con la aspiración de uno de los sectores políticos en juego: una nueva Constitución maximalista que cambie incluso el diseño económico y social del país –diseño de libre mercado y emprendimiento personal al que adhiere medio globo y que ese mismo sector político moteja como “modelo neoliberal”.

Recordemos, además, que el plebiscito del 26 de abril busca resolver ese problema de larga data que es el consenso respecto de la Constitución, pero intenta hacerlo en medio de un clima de gran violencia, como pocas veces se ha visto en nuestro país. Por esta razón, es bastante probable que los chilenos reaccionen adversamente frente a este acuerdo político, puesto que la mayoría aspira a vivir en un clima de paz social, a poder trabajar y salir adelante, antes que a seguir tolerando la violencia que, ya de manera cotidiana, ha terminado por afectar permanentemente esa aspiración. Y lo cierto es que no siempre los anhelos de los representantes políticos son los de los votantes. Quizás en este próximo plebiscito nos volvamos a percatar de este fenómeno tantas veces comprobado en Chile y en el extranjero.

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