“No confío en este Gobierno”. La lapidaria afirmación de la viuda de Álex Salazar, el carabinero atropellado intencionalmente y fallecido en Concepción, no es solo el grito desgarrado de la muerte. A ella le sigue un argumento: los que hoy nos gobiernan son los mismos que hace muy poco avalaban la violencia.
La mujer no olvida la descalificación brutal del Frente Amplio a las policías a partir de octubre de 2019, las sucesivas denuncias de tortura, la sacralización de la protesta y su ritual de violencia de los viernes. No olvida al perro matapacos, la larga toma del INDH para exigir la liberación de los “presos de la revuelta”, la promesa de los indultos en el programa de Gobierno ni su reciente cumplimiento.
El Gobierno de Boric intenta tomar las riendas, manifestar preocupación, solidarizar con las víctimas. Pero su identidad histórica sigue gravitando sobre el presente y no resulta sencillo librarse de ella.
En el corazón del frenteamplismo parece estar la convicción de que la autoridad es intrínsecamente opresiva, que no hay justificación alguna para el uso de la fuerza por parte del Estado, que no hay límite legítimo al levantamiento del pueblo.
En realidad, esa dificultad para distinguir la autoridad legítima del poder arbitrario no es patrimonio exclusivo de la nueva izquierda, sino una tentación propia del dinamismo democrático. No extraña que en la misma sociedad en que las policías son desafiadas, los padres y madres se muestren temerosos de educar, las escuelas estén tomadas por estudiantes y los académicos se plieguen a la presión homogeneizadora del pensamiento único. La desconfianza en la idea misma de autoridad se despliega con múltiples caras.
En el caso del Frente Amplio, esa desconfianza es especialmente aguda y constituye un gran problema para una coalición que hoy se encuentra del lado del poder. Se puede combatir sin tregua cualquier jerarquía política o moral mientras se vocifera en la calle, pero ¿qué hacer cuando se lleva la banda presidencial, cuando se está en el corazón de aquello que se ha desafiado? ¿Se puede gobernar realmente sin abrirse a la posibilidad de una autoridad no opresiva?
Mientras ese escepticismo continúe, el Ejecutivo seguirá sin recursos para cumplir su misión de gobernar: no habrá proyectos eficaces para que los estudiantes regresen a clases y recuperen el aprendizaje, no habrá medidas efectivas frente a la crisis de seguridad, el problema migratorio, el desempleo, la pobreza, la caída de la inversión o la dañada confianza social. Todo se quedará en frases y consignas.
La renovada fuerza del Socialismo Democrático tras el plebiscito de septiembre abre la oportunidad de salir de ese estancamiento. Tohá ha jugado un papel en este sentido, pero difícilmente logrará por sí sola que el Ejecutivo efectivamente gobierne y que los ciudadanos confíen. Boric y sus cercanos tendrían que abandonar la adolescencia frenteamplista y su trauma con la autoridad si no quieren permanecer atrapados hasta el final en esta paradójica impotencia del poder.